DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS A NICOLÁS MADURO: VENEZUELA Y LA DINÁMICA DE CAMBIO DE UN RÉGIMEN EN CAMBIO (1999-2014)* - Artículo
este trabajo fue publicado en un libro compilado por Eduardo Cuesta y Mario Serrafero "Estudios Presidenciales. Perspectivas y casos en América Latina " Editorial L&G Buenos Aires. 2015.
DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS A NICOLÁS MADURO: VENEZUELA Y LA DINÁMICA DE CAMBIO DE UN RÉGIMEN EN CAMBIO (1999-2014)*.
DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS A NICOLÁS MADURO: VENEZUELA Y LA DINÁMICA DE CAMBIO DE UN RÉGIMEN EN CAMBIO (1999-2014)*.
Autor: Santiago C.
Leiras1
Presentación
El final del siglo XX, en medio del aparente
consenso difuso del cual parecía gozar el denominado “Consenso de Washington”
tanto a nivel internacional como a nivel regional, dio lugar al inicio de un
proceso de cambio en América Latina, a partir del ascenso de la figura de Hugo
Chávez Frías a la presidencia de Venezuela en el año 1999 y luego de la desaparición
física de Chávez en 2013 con la experiencia de Nicolás Maduro en aquel país
hasta el presente.
Este proceso de cambio
político tuvo su correlato en diferentes países de la región, pudiendo ser
destacados entre otros Lula Da Silva en Brasil en 2003, Néstor Kirchner en
Argentina en el mismo año y Cristina Fernández de Kirchner a partir del 2007,
Evo Morales en Bolivia en 2005, Rafael Correa en Ecuador en el 2007, Fernando
Lugo en Paraguay en 2008, Tabaré Vázquez en 2005 y Hugo Mujica en el año 2009 en
Uruguay.
Un común denominador presente en la mayor parte de
estas experiencias políticas habría sido la existencia de conflictos y
tensiones tanto en términos axiológicos como en el terreno de las prácticas
concretas, entre la dimensión electoral de la democracia y los fundamentos del
liberalismo constitucional y que comprendió también al propio modelo de
democracia contenido en el desarrollo histórico del estado de derecho.
Será el propósito particular del presente trabajo
analizar la presidencia de Hugo Chávez Frías entre 1999 y 2012 en sus
diferentes etapas (Fundacional 1999-2002, Crisis 2002-2005 y Consolidación 2006-2012)
como así también la experiencia de Nicolás Maduro en aquel país hasta el
presente.
La presidencia de Hugo Chávez Frías (1999-2012).
La etapa
fundacional (1999-2002). La construcción del
“nuevo” régimen político en Venezuela.
El ex-teniente coronel y cabecilla de las intentonas
golpistas de febrero y noviembre de 1992, Hugo Chávez Frías, encabezando la
coalición electoral Polo Patriótico, es elegido presidente de Venezuela con
mayoría absoluta el 6 de Diciembre de 1998, obteniendo el 56,20% de los
sufragios emitidos, frente al 39,97% de los votos obtenidos por Salas Romer,
quién, al frente de una coalición política heterogénea, contó con el apoyo de
los partidos tradicionales, tanto de Acción Democrática, como así también del
COPEI. No obstante, Chávez no consigue en las elecciones parlamentarias de
1998, la mayoría ni en la cámara de diputados ni en el senado del entonces congreso
bicameral, obteniendo 76 escaños en la cámara de diputados (36, 72%) y 19
escaños en la cámara de senadores (33,85%).
Con ello daba término a 40 años de hegemonía de los dos partidos
tradicionales AD y COPEI y al sistema partidocrático resultante (Mc Coy, 1999).
La precaria situación económica del país, los altos índices de desempleo, el
aumento de la pobreza así como la corrupción que genero el viejo sistema de
Punto Fijo fueron aumentando el descontento popular y en última instancia
llevaron a la ciudadanía a votar por alguien que prometía terminar con la
“podredumbre” del sistema y que hablaba de “revolución pacífica” del pueblo.
Asume el 2 de Febrero de 1999
jurando (........) sobre esta moribunda
constitución que haré cumplir e impulsaré las reformas democráticas necesarias
que requiere el país (.....). En este sentido es que se realizará la
convocatoria, para el 25 de Abril del mismo año, de un referéndum, en el cual
los ciudadanos deberán pronunciarse sobre la posibilidad de la constitución de
una Asamblea Constituyente con el propósito de transformar el Estado, y crear
un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una democracia
“social y participativa”.
Entre los principales intelectuales orgánicos2 del nuevo régimen se fundamentará dicha
convocatoria para la transformación institucional, a partir de los siguientes
argumentos:
1.
El carácter programático –ideológico de la constitución no se cumplió con
la fuerza necesaria para su concreción. La desviación populista, el clientelismo
y la corrupción desvirtuaron el programa constitucional.
2.
Además, el programa constitucional no fue acompañado, o lo fue en forma
retardada, incompleta y reactiva, por una acción legislativa eficaz y
proyectiva que lo impulsara en forma coherente.
3.
El estado no diseñó las adecuadas garantías constitucionales para la mejor
protección de los derechos fundamentales. El gravísimo deterioro de la calidad
de vida de amplios sectores de la población y los balances en rojo que
consecutivamente arrojan las violaciones de los derechos humanos, constituyen
el mayor mentís de la carta de los derechos establecida en la constitución.
4.
El deterioro del poder judicial, garante por excelencia del Estado de
Derecho, ha impedido su efectiva realización, y por consiguiente desvirtuado el
principio central de la supremacía constitucional y la autonomía de las ramas
del poder público.
5.
El pálido desarrollo del principio democrático recogido por la constitución
y su desviación partidocrática, tutelar y cerrada a la participación,
ejemplifica en el país una suerte de régimen político que Duverger denominó
alguna vez “democracia sin el pueblo” (Combellas, 1999).
Asimismo, y a tono con el sesgo fundacional y de características
plebiscitarias que asume el nuevo régimen, se fundamentará la convocatoria en
estos términos:
Una frase del general De Gaulle en los difíciles días del
tránsito de la IV a la V República francesa vale la pena aquí citar <Cuando
los acontecimientos hablan muy claro y se está de acuerdo en el fondo, los
procedimientos tienen una flexibilidad considerable>.
(...) los procedimientos, en definitiva las formas
jurídicas, por supuesto que son importantes, pero a todas luces secundarios
frente al hecho político fundamental: el llamado al poder constituyente
originario, con el fin de abrir cauces al rediseño institucional de la
república. Lo que deseo transmitir lo expresan con claridad las palabras del
destacado jurista alemán Martín Kriele <la fuerza explosiva que se halla en
la idea de la soberanía del pueblo no puede ser eliminada por ningún estado
constitucional, solo puede ser moderada y suavizada>.
Los poderes constituidos (el Presidente, la Corte Suprema
de Justicia, el Congreso) afincados en el respeto mutuo implicado en el
principio de colaboración de las ramas del poder público, deben atender
solícita y prontamente este llamado, que no es otro que el llamado al titular
de la soberanía democrática, el pueblo, para que legitime con su sí aprobatorio
la convocatoria constituyente. Por supuesto que
el respaldo de la iniciativa popular es fundamental para alcanzar el
objetivo propuesto.”
(Combellas, 1999).
Esta convocatoria por cierto estará enmarcada dentro de
la discusión planteada por el propio presidente Chávez, en torno a los
siguientes ejes convocantes:
1.
Los valores de la democracia.
2.
Un sistema político amplio, profundo, de contenido político ético.
3.
La descentralización, la desconcentración y un verdadero federalismo.
4.
La genuina independencia del Poder Judicial.
5.
La defensa irrevocable de los derechos humanos, tanto individuales como
sociales.
6.
Un nuevo orden económico.
7.
Un nuevo orden social, basado en la ayuda mutua.
8.
El rescate del ciudadano.
9.
Una nueva doctrina democrática de seguridad y defensa.
10. Un poder moral
como mecanismo de modernización y saneamiento del estado (Chávez, 1999)
Finalmente, se realiza la consulta el 26 de Abril de 1999, en base a dos
preguntas que constituyeron el eje de la convocatoria:
1.
¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de
transformar el estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el
funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa?
2.
¿ Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional
para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y
modificadas parcialmente por el Consejo Nacional Electoral en sesión fecha
Marzo 24, 1999 y publicadas en su texto íntegro en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela, número 36.669 de fecha marzo 25, 1999?
Frente a la primera pregunta, fue claro el triunfo de la
propuesta de convocatoria a una Asamblea Constituyente, con un 92,36% de votos
favorables, y un 7,64% de votos negativos, y
la pregunta relacionada con las bases propuestas para dicha convocatoria
por el Poder Ejecutivo, obtuvo 86, 43% de opiniones afirmativas, y un 13,57% de
sufragios negativos.
Asimismo, el 25 de Julio de 1999, se celebraron nuevas
elecciones para la designación de los miembros de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), la cual es ampliamente ganada por la coalición que apoya a
Chávez, Polo Patriótico (PP), que consigue 121 de los 128 elegibles3 de la Asamblea que deberá elaborar una
nueva constitución política.
En
lo sucesivo la pugna política entre el chavismo y sus opositores, se centrará
en torno al tema del carácter “derivado” u “originario” de la asamblea. La
diferencia residía en que, si la ANC iba a ser originaria, tendría la facultad
de crear un orden jurídico totalmente nuevo y legislar sobre cualquier materia
imponiéndose sobre el congreso, mientras que, de ser derivada, tendría que
actuar respetando la constitución y acatando la institucionalidad existente,
cumpliendo en este marco con la tarea específica de elaborar una nueva carta
constitucional.
Poco
tiempo después, fue declarada la “emergencia judicial” y la “emergencia
legislativa” con lo cual se limitó drásticamente el accionar de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
y del congreso en favor de la ANC. Finalmente, la Corte Suprema terminará
definiendo el carácter supraconstitucional de la Asamblea Constituyente.
En
un nuevo referéndum realizado en el mes de diciembre de 1999, con el 71, 37% de
los votos a favor y 28,63 % de sufragios en contra y con un porcentaje de
abstención del 54,74%, es aceptada la nueva constitución Bolivariana de
Venezuela, quedando ese mismo día, -15 de diciembre-, disueltos el Congreso y
la Corte Suprema de Justicia y las funciones legislativas son asumidas por la
ANC.
Entre las principales modificaciones se destaca la incorporación de la
figura del referéndum revocatorio. En este sentido, las materias de especial
trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por
iniciativa del presidente/a de la república, por acuerdo de la mayoría de la
Asamblea Nacional, aprobado con el voto de la mayoría de sus integrantes, o a
solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores/as
inscriptos en el registro civil y electoral (artículo 71), no pudiendo ser objeto de tratamiento consultivo las
leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de
crédito público, y las de amnistía, así como aquellas que protejan, garanticen
o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales
(artículo 74).
Si el referéndum concluye en un sí aprobatorio, siempre
que haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores/as inscriptos en
el registro civil y electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como
ley (artículo 73).
Por otra parte, todos los cargos y magistrados de
elección popular son revocables, cuando igual o mayor número de electores/as
que eligieron al funcionario/a hubieran votado a favor de la revocatoria
siempre que haya concurrido al referéndum, un número de electores/as igual o
superior al veinticinco por ciento de aquellos inscriptos en el registro civil
o electoral (artículo 72). Asimismo,
durante el período para el cual fue elegido el mandatario no podrá realizarse
más de una solicitud de revocación de su mandato.
Sin embargo esta iniciativa constitucional, por su propia
definición, tropieza con la propia dificultad que supone su implementación; en
primer lugar, por la alta exigencia de su convocatoria, 25% de los electores
inscriptos, que en el supuesto caso de revocación del mandato del Presidente,
representa un número aproximado de 2.500.000 personas. Sumado a ello, la
revocación del funcionario se condiciona a la votación favorable de un número
de electores mayor al que lo eligió. Este “espejismo” del referéndum
revocatorio es advertido hasta por los propios “intelectuales orgánicos” del
proceso constituyente, dado que:
En suma, el instituto del referéndum revocatorio es
adrede exigente y así lo aprobó la Constituyente, dentro de una paradójica
defensa del denostado principio representativo, contradictoria a todo evento
con la bandera de la democracia participativa como sustitutiva de la malhadada
democracia representativa. En esta materia, el constituyente protegió y
fortaleció al representante ante los avatares de un fuerte movimiento de
opinión adversa. En la cruda verdad, al <soberano> se le tornará, repito,
casi imposible deshacerse de los representantes electos, por lo menos mientras
transcurre su mandato (Combellas, 2001).
Entretanto, se “institucionaliza” el proceso de concentración y
centralización del poder, a través de la modificación constitucional que
introduce la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años con la
posibilidad de reelección inmediata y por una sola vez para un período
adicional (artículo 230), aún sin
satisfacer plenamente las aspiraciones de Chaves quien sostenía:
Me iré, no sé adónde, si Dios quiere, en el año 2009. O
un poco antes si la Constituyente decide recortar el período a 4 años. Pero si
lo alarga a 7 podrían ser 14 años (Diario el Nacional, 10 de Abril de 1999).
También se establecerán nuevas cláusulas que tenderán a
incrementar las facultades legislativas del presidente de la república, como la
atribución de declarar los estados de excepción en los casos previstos en la
constitución y la restricción de las garantías constitucionales (artículo 236, inciso 7 y 8 y artículos 337,
338 y 339). Es en este contexto que se han llevado a cabo iniciativas
legislativas como, entre otras a destacar, el Decreto-Ley nº 113 del 26/04/1999, otorgando facultades al
presidente Chávez para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera,
requeridas por el interés público, las cuales abarcarán los planos de la
organización de la administración pública nacional, financiero, tributario
y económico-sectorial.
Respecto del rol de las Fuerzas Armadas, en la constitución de 1961, en su
artículo 132, se definía a las mismas como una institución apolítica, obediente
y no deliberante, cuya misión es asegurar la defensa nacional, la estabilidad
de las instituciones democráticas y el respeto a la constitución y sus leyes,
estando las mismas al servicio de la república y no de una persona o
parcialidad política. Un nuevo rasgo que estará presente en la Constitución
Bolivariana será el de la incorporación del derecho a sufragio de conformidad
con la ley (artículo 330), aunque
esto no implique la posibilidad de participar por el acceso a cargos públicos,
ni en actos de propaganda, militancia o proselitismo político4.
En el marco de esta nueva institucionalidad se desarrollaron las elecciones
presidenciales del 30 de Julio del año 2000, en las cuales Hugo Chávez Frías
derrota s su (ex) compañero de ruta, Francisco Arias Cárdenas por un 59,70 por
ciento de los votos frente al 37,50 obtenido por Arias Cárdenas, iniciando de
esta manera Hugo Chávez su “primer” período presidencial5:
con relación a la duración de su mandato presidencial, el propio Chávez aseguró
en aquella oportunidad:
Parece que estamos comenzando, parece que
estaremos del 2001 al 2007, porque los dos años de transición no contarían (Hugo
Chávez publicado en Diario El Nacional. 1 de Marzo de 2001).
Con los partidos tradicionales reducidos a un papel casi
testimonial, con pleno manejo de la asamblea legislativa por parte del
oficialismo y la subordinación de las fuerzas armadas al nuevo poder político,
el presidente Hugo Chávez se lanza a una aventura electoral esta vez con el
propósito de desarticular el poder sindical encarnado en la Central de
Trabajadores de Venezuela (CTV), en este contexto se lleva a cabo un nuevo
plebiscito en el mes de diciembre del año 2000 con el objetivo de consultar a
la ciudadanía sobre su acuerdo o desacuerdo sobre la revocatoria de los
mandatos de los dirigentes sindicales: con un elevado porcentaje de abstención
electoral -75 por ciento- se impone la postura de la revocación de los mandatos
(Ellner, 2003)6.
El año 2001 marca el inicio de una dinámica de
confrontación y polarización política: diferentes iniciativas desde el
oficialismo darán lugar a una estrategia reactiva por parte de la oposición,
dando así lugar a un escenario caracterizado por la crisis de legitimidad
(Botana, 1988)7. En el punto siguiente
analizaremos los hitos más sobresalientes en esta etapa de crisis en la
construcción del nuevo régimen político de Venezuela.
La crisis del
régimen en tiempos de Hugo Chávez Frías (2001-2005).
La relación gobierno/oposición: entre
el lock out y la “revolución”.
Las elecciones del 30 de julio del año 2000 no sólo
habían dado cuenta del masivo apoyo popular del proyecto bolivariano, sino
también de un nuevo escenario político, marcado por una nueva distribución de
fuerzas al interior de la Asamblea Nacional y los gobiernos estatales. El
inicio del “primer período presidencial”8,
proveniente de una relegitimación de todos los poderes como el propio Chávez
expresara, dio al presidente más fuerzas para allanar el camino hacia una
democracia participativa.
En este sentido se inscribe el Decreto 1011 del mes de
Octubre del año 2000, a través del cual se proponía reformar el sistema
educativo sobre bases bolivarianas, ideologizar la enseñanza pública y
nacionalizar los establecimientos privados. La oposición se movilizó alrededor
de la propuesta radicalizando sus posturas.
Un año más tarde, el presidente Chávez volvió a tomar el
mismo curso de acción. En el mes de noviembre del año 2001, el congreso otorgó
al mandatario facultades especiales para aprobar una Ley Habilitante que
sancionara un total de 49 decretos con fuerza de ley. Nuevamente la oposición
reaccionó elevando la apuesta, convergiendo los diferentes sectores de la misma
en la posición de dar por tierra con las leyes sancionadas, donde las de mayor
relevancia incluían una Ley de Tierras que disponía la fuerza pública y la realización
de una reforma agraria, una nueva Ley de Hidrocarburos y finalmente la Ley de
Pesca.
Las fuerzas contrarias al gobierno convergieron en una
sociedad entre Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política
Electoral Independiente (COPEI), la Federación de Cámaras y Asociaciones de
Comercio de Venezuela (FEDECAMARAS), y la Central de Trabajadores de Venezuela
(CTV). Viendo el arco opositor infructuosos sus pedidos al gobierno, decidieron
elevar la apuesta y comenzaron a llevar acciones concretas. El día 10 de
diciembre del 2010 CTV y FEDECAMARAS llamaron a un paro total de las
actividades, y comenzaron una estrategia de movilización con el propósito de
presionar el gobierno. Si bien el gobierno no cedió a la presión sectorial, el
paro fue considerado exitoso; no obstante, la espiral de radicalización y
polarización política desatada a partir de ese momento no tendría fin sino
hasta conseguir una derrota definitiva de alguno de los dos bandos (Spinetta,
2010).
En este sentido, el clímax de la confrontación se dio
durante los sucesos de abril de 2002, donde las fuerzas políticas y sociales
opositoras lograron desalojar al presidente Hugo Chávez de sus funciones a
través de un golpe cívico-militar que duró 48 horas y ubicó a esas fuerzas en
una postura de máxima intransigencia e intolerancia.
Enmarcado
en fuertes protestas y una huelga general convocada por FEDECÁMARAS, que duró más de tres días, el 11 de abril del 2002, el mando de la oposición convocó a una marcha permitida
entre los sectores caraqueños de Parque del Este y Petróleos de Venezuela (PDVSA) Chuao que luego fue desviada hacia al Palacio de Gobierno ubicado
en Miraflores, Caracas, esta marcha fue
fuertemente promovida e impulsada por los medios de comunicación privados de
Venezuela. Alrededor del mismo se habían congregado simpatizantes de Hugo
Chávez, y cuando ambos bandos se encontraron se produjeron enfrentamientos que
causaron varios muertos en ambos bandos. Si bien todavía se discute quién
inició y quién continuó el tiroteo esa tarde, en la madrugada del día siguiente
el Alto Mando Militar venezolano anunció que Chávez había renunciado tras
habérselo solicitado. Inmediatamente, militares adversos a Hugo Chávez
ejecutaron un Golpe de Estado que colocó en la
Presidencia al presidente de FEDECÁMARAS Pedro
Carmona Estanga. Luego de fuertes
protestas de los simpatizantes de Chávez y algunas presiones internacionales,
ya que muchos países no reconocieron a Carmona, los militares leales al
Gobierno retomaron el poder y Chávez reasumió la Presidencia en la madrugada
del 14 de abril de 2002.
La
oposición no abandonó sus esfuerzos por desalojar a Chávez del poder, aunque a
través de la exclusión de la vía insurreccional: el 17 de Octubre de 2002, una
coalición de partidos políticos, asociaciones civiles y organizaciones no
gubernamentales opositoras a la administración de Hugo Chávez dieron inicio a
la estructura supra organizacional denominada Coordinadora Democrática (CD).
Con
los hechos de abril en el imaginario colectivo aún, y una situación de
conflictividad creciente, autoridades de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y el Centro Carter articularon una mesa de diálogo con el objetivo de que
el gobierno y la oposición sentaran un programa común de acuerdos y cese de
hostilidades. Fracasada esta instancia, la intransigencia se apoderó de la
situación nuevamente y esto llevó a la declaración de un nuevo paro de
actividades el día 2 de diciembre del 2002.
Los
sectores de la oposición, aglutinados en la CD, la CTV y FEDECAMARAS, junto a
otros partidos y organizaciones desencantadas del proyecto bolivariano como el
Movimiento al Socialismo (MAS) y el partido Bandera Roja exigieron al
presidente su renuncia o la realización de un referéndum consultivo de mandato.
Ante la negativa de Chávez, el paro que inicialmente tendría una duración de 24
horas, se prorrogó de manera indefinida. Con una duración total de 62 días y
serias consecuencias para la economía venezolana, el paro petrolero de
diciembre de 2002 a febrero de 2003 constituyó el segundo intento frustrado de
la oposición para desalojar a Chávez del gobierno.
Fracasadas
las diferentes alternativas de cambio por medio de la vía extra institucional,
pareció quedar “allanado” el camino para la resolución institucional de la
crisis, haciendo uso de los mecanismos establecidos por la propia constitución
bolivariana. En el apartado siguiente analizaremos el proceso que desembocó en
el Referéndum Revocatorio9 llevado
a cabo el 15 de Agosto de 2004.
Referéndum revocatorio
¿desacuerdo en los fines, acuerdo en los medios?
Luego
del fallido golpe de Estado y del derrotado paro petrolero que procuraron
deponer al presidente Chávez por vías extra constitucionales, desde el mes de
febrero del 2003 sectores mayoritarios de la oposición política concentraron
sus esfuerzos en alcanzar los requisitos para la realización de un referendo
revocatorio.
En el
mes de mayo, gobierno y oposición, con los auspicios de la Organización de
Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), suscribieron
un acuerdo donde se comprometieron a encontrar una salida a la crisis política
dentro de las pautas establecidas por la constitución de 1999. En el punto 12
de dicho acuerdo, explícitamente se comprometieron a respetar y seguir los
requisitos del artículo 72 de la constitución, y en el punto 13 a llevar a cabo
esfuerzos para designar a los miembros de un nuevo Consejo Nacional Electoral
(CNE). Este acuerdo abrió cauces para que la interna conflictiva vivida desde
finales del año 2001 pudiera comenzar a procesarse por medios pacíficos (Lander
y López Maya, 2005).
En el
segundo semestre del 2003 fueron designados los integrantes del CNE. En ese
momento, las designaciones hechas fueron reconocidas y bien recibidas tanto por
las organizaciones simpatizantes del gobierno, como por las de la Coordinadora
Democrática (CD). Una de las primeras tareas que tuvo que cumplir el CNE fue la
elaboración de un reglamento que estableciera los procedimientos de
implementación del referendo: el reglamento aprobado contó con amplio respaldo
de las partes.
La
recolección de firmas para solicitar los referendos revocatorios de diputados,
oficialistas y de oposición, y del presidente se realizaron en dos fines de
semana consecutivos, entre noviembre y diciembre de ese año. Cuando se efectiviza
la entrega de las firmas, se iniciaron los conflictos.
Al
revisar el CNE las firmas entregadas, se encontró con decenas de miles de datos
y firmas de caligrafía similar sin nota alguna. Esta situación se presentó
tanto en las firmas recogidas para el referéndum presidencial como para la
revocatoria de diputados oficialistas o de oposición. El 24 de febrero el CNE
tomó la decisión, por mayoría de 3 de los 5 rectores que lo integran, de
someter a la observación de la Comisión Técnica Superior (CTS) del Poder
Electoral más de 1.480.000 firmas. Si bien la OEA y el Centro Carter criticaron
inicialmente la metodología utilizada para seleccionar las firmas a ser
observadas, terminaron respaldando la decisión adoptada por el CNE.
El
anuncio del CNE suscitó un vehemente rechazo por parte de la CD, que llamó a
desobediencia civil lo que desencadenó cinco días de violencia en algunas
ciudades del país, suceso conocido como “La guarimba”. El Bloque Democrático
(BD), grupo disidente de la CD promovió entre otras por internet una acción de
protesta o “desobediencia civil” que consistía en el masivo bloqueo de calles
frente o cerca del hogar de cada manifestante. El objetivo era provocar una
situación de anarquía y violencia que incitara la intervención de las fuerzas
armadas, aunque finalmente este objetivo no fue alcanzado (Lander L. y López
Maya M., 2005).
El 2
de marzo el CNE, luego de oír la opinión de la CTS y por decisión nuevamente
dividida, acordó someter a ratificación o “reparo” 876.017 de las firmas bajo
observación. La CD terminó aceptando cumplir con lo pautado por el CNE y las
fechas para los reparos fueron fijadas y cumplidas sin mayores contratiempos.
El 3 de junio el CNE dictaminó que el número de firmas recogidas y validadas
cumplían con lo pautado en el artículo 72 de Constitución y fijó para el 15 de
agosto la realización del referéndum revocatorio presidencial.
Los
resultados de referéndum ratificaron las previsiones llevadas a cabo por las
principales encuestadoras de Venezuela:
Cuadro I
Principales encuestas previas al Referéndum
Revocatorio
Empresa
|
Fecha
|
NO
|
SI
|
Indecisos
|
Diferencia
|
North American Opinion Research Inc.
|
1-5 Agosto
|
63 %
|
32 %
|
5 %
|
31 %
|
Evans/Mc Donough Co Inc. Varianzas
|
4-8 agosto
|
50 %
|
38 %
|
12 %
|
12 %
|
Hinterlances
|
31 de julio/
8 de agosto
|
53 %
|
41 %
|
6 %
|
12 %
|
Alfredo Keller y
Asociados
|
2-6 agosto
|
48 %
|
38 %
|
14 %
|
10 %
|
Consultores 21
|
22-31 de julio
|
51,50 %
|
45,20 %
|
3,30 %
|
6,30 %
|
Datanálisis
|
14 julio/
2 agosto
|
47,50 %
|
42,30 %
|
10,20 %
|
5,20 %
|
Fuente: Lander, 2004
El resultado preliminar fue anunciado por Francisco
Carrasquero, presidente y uno de los cinco rectores del CNE, en la televisión y
la radio nacional aproximadamente a las 4:00 de la madrugada del ya 16 de
agosto después que el 94% de los votos habían sido escrutados, siendo el
siguiente resultado:
·
El Si (a favor de la
destitución de Chávez): 3.576.517 = 42%
·
El No (a favor de la
permanencia de Chávez en el poder): 4.991.483 = 58%
Pero los resultados finales dados el 18 de agosto por el
CNE fueron aún más favorables por el "No", escrutándose todos los
votos, donde se reafirma en dejar sin efecto el pedido del cese del gobierno de
Chávez, con una abstención de 30,08%:
Cuadro
II
Resultados Referéndum Revocatorio
Presidencial
15 de agosto de 2004
Votos
|
%
|
|
Censo electoral
|
14.037.900
|
100,00%
|
Total votos
|
9.815.631
|
69,92%
|
Total votos válidos
|
9.789.637
|
99,74%
|
Total votos
inválidos
|
25.994
|
0,25%
|
Total votos Si (a favor de la destitución de Chávez)
|
3.989.008
|
40,64%
|
Total votos No (en contra de la destitución de
Chávez)
|
5.800.629
|
59,1%
|
Fuente: Consejo Nacional
Electoral-CNE
Estas elecciones tuvieron una muy
numerosa presencia de observadores internacionales, incluyendo a las dos organizaciones
que la dirigencia de la oposición había señalado como los únicos árbitros
confiables en cuyo veredicto aceptarían: la OEA y el Centro Carter.
Precisamente esta última
organización elaboró un informe reconociendo la validez de los resultados
electorales; en las conclusiones del mismo se señalaba lo siguiente:
La
conclusión del Centro Carter es que las máquinas de votación automatizada funcionaron bien y que los resultados de la
votación reflejan la voluntad del pueblo. Nuestro conteo rápido incluyó también
a los centros de votación manual, y no hubo casi preocupaciones a este
respecto.
Esperamos
que estas conclusiones le den al pueblo de Venezuela confianza en que el
sistema automatizado funcionó adecuadamente, específicamente frente a la cercanía
de las elecciones regionales.
El
Centro Carter en su reporte final al Consejo Nacional Electoral con su
evaluación de todo el proceso y con recomendaciones específicas para mejorarlo.
La
masiva votación de cerca de un 73% del REP refleja el intenso interés suscitado
por el referéndum revocatorio. Se debe hacer un reconocimiento al pueblo de
Venezuela que permaneció en las filas durante horas sin generar incidentes, en
una demostración cívica de participación y orgullo ciudadano.
Instamos
a todos los ciudadanos a aceptar esos resultados y a mirar hacia el futuro. El
41% de la población que votó por un cambio en la presidencia tienen
preocupaciones legítimas que deben ser atendidas. Urgimos al gobierno a
reconocer los derechos y las preocupaciones de esta enorme minoría y a iniciar
discusiones con ellos que les permita crear una visión común sobre el futuro de
Venezuela. También instamos a aquellos que conforman la oposición a buscar
caminos que les permitan trabajar de manera constructiva con el gobierno a fin
de alcanzar los sueños de todos los venezolanos (Centro
Carter, 2004).
Así también desde el propio informe se plantearon una serie
de recomendaciones a futuro:
A
fin de que Venezuela pueda avanzar hacia los próximos procesos electorales
previstos para elegir gobernadores y alcaldes a fines de septiembre, nos
permitimos respetuosamente sugerir algunos pasos que ayudarían a generar
confianza en el proceso y a asegurar mayor eficiencia:
·
Los
procesos electorales automatizados son la tendencia dominante hacia el futuro,
pero es necesario que los ciudadanos confíen en estos nuevos sistemas. Aun
cuando pensamos que las máquinas de votación funcionaron bastante bien, creemos
que una posterior evaluación e información generada por otras compañías de
tecnología similar ayudaría a informar mejor al público venezolano sobre los
diversos sistemas automatizados.
·
El
CNE sufrió la ausencia de comunicación y coordinación interna, lo que bloqueó
la capacidad de los miembros del Directorio para tomar decisiones a tiempo y
para que la organización funciones con eficiencia. Urgimos a los Rectores a
compartir información, y a desarrollar una mayor comunicación y coordinación
entre ellos y con los miembros de las otras instancias del CNE.
·
La
transparencia es la base fundamental de la confianza. Durante los últimos ocho
meses, la ausencia de una política de información del CNE al público de
Venezuela, los partidos políticos y hasta los observadores internacionales ha
generado preocupaciones y sospechas innecesarias. Reclamamos mayor
transparencia a todos los niveles, a fin de asegurar la confianza en los
futuros procesos electorales (Centro Carter, 2004).
La reacción de la oposición no se
hizo esperar, dado que la misma impugnó los resultados del proceso revocatorio
en medio de fuertes denuncias de fraude electoral10, esta actitud tuvo su traducción en
relación a los procesos electorales subsiguientes: así durante las elecciones
regionales del mes de Octubre del mismo año 2004 y municipales de agosto del
2005 los resultados de la oposición fueron magros, decidiendo en diciembre del
mismo año 2005 todas las fuerzas opositoras abstenerse en las elecciones para
la renovación de representantes de la asamblea nacional; esto permitió al
Movimiento Quinta República (MVR) y sus aliados políticos obtener el 100 por
ciento de los escaños parlamentarios.
En este escenario de
fortalecimiento del oficialismo y fragmentación/desmoralización de la
oposición, se desarrollaron las elecciones presidenciales el día 3 de diciembre
de 2006 con el resultado de un nuevo triunfo del presidente Hugo Chávez Frías
por un porcentaje del 62, 84% de los votos positivos frente al 36,90% de los
votos obtenidos por el candidato de la oposición, Manuel Rosales, en ese
entonces gobernador del estado de Zulia, abriendo inicio a la etapa de
“consolidación” del régimen político.
Cuadro III
Resultado Elecciones Presidenciales
Venezuela
3 de Diciembre de 2006
Candidato
|
Partido/Alianza
|
Votos
|
%
|
7.309.080
|
62,84
|
||
4.292.466
|
36,90
|
||
4.807
|
0,04
|
||
Nuevo Orden
Social
|
3.980
|
0,03
|
|
Mov. Liberal
Pueblo Unido
|
3.735
|
0,03
|
|
Mov. Sentir
Nacional
|
2.956
|
0,03
|
|
Iniciativa
Propia
|
2.806
|
0,02
|
|
Iniciativa
Propia
|
2.169
|
0,02
|
|
Mov. Conciencia
País
|
2.046
|
0,02
|
|
Venezuela
Tercer Milenio
|
1.502
|
0,01
|
|
Hijos de la
Patria
|
1.355
|
0,01
|
|
Rompamos
Cadenas
|
1.316
|
0,01
|
|
Por Querer a
Venezuela
|
1.123
|
0,01
|
|
Institución
Fuerza y Paz
|
793
|
0,01
|
|
Total
|
11.630.152
|
Fuente: Consejo
Nacional Electoral-CNE
La
consolidación de un régimen (2006-2012): el “Socialismo del siglo XXI”.
Poco
antes de finalizar la campaña y ratificado luego del triunfo electoral, el
presidente Chávez anunció su intención de conformar una comisión para evaluar,
formular y abriera debate los contenidos de una reforma constitucional que
fortaleciera el proyecto socialista, calificado como “originario, indígena,
cristiano y bolivariano” (Lander. y López Maya, 2007). Así también Chávez
anunció la conformación de un partido único, el Partido Socialista Unificado de
Venezuela (PSUV) y la desaparición de su organización electoral, el Movimiento
Quinta República (MVR).
El
objetivo de reformar la carta magna de 1999 en palabras del diputado del MVR
Carlos Escarrá no era otro que el de poder crear formar y organizar el poder
popular como una estructura orgánica del estado y no como un simple elemento de
política abstracta. Ello remite a la inclusión de la reelección indefinida del
presidente de la República. Por otra parte, el modelo de desarrollo que se
intentaría definir a partir de esta reforma de la constitución estaría dirigido
hacia la ampliación de nuevas formas de producción que podrían convivir junto
con la propiedad privada de los medios de producción, siendo la más importante
para el gobierno la estatal, en convivencia con las empresas mixtas, las
empresas de producción social y los procesos de cogestión (Maingon, 2007, LGDESN, 2008).
El 2
de diciembre del 2007 se lleva finalmente a cabo el referéndum sobre la
propuesta de reforma constitucional: hecha inicialmente por el presidente venezolano Hugo Chávez, la misma sería luego
ampliada por la Asamblea
Nacional de Venezuela con el objeto de modificar 69 artículos de la Constitución
de 1999. En un complejo aunque corto cuestionario, los
ciudadanos venezolanos dirimieron la consulta realizada en base a dos preguntas
principales:
¿Aprueba usted el proyecto de Reforma
Constitucional con sus Títulos, Capítulos, Disposiciones Transitorias,
Derogatoria y Final; presentado en dos bloques y sancionado por la Asamblea
Nacional, con la participación del pueblo y con base en la iniciativa del
Presidente Hugo Chávez?
Bloque A
Artículos: 11, 16, 18, 64, 67, 70, 87, 90, 98, 100, 103, 112, 113, 115,
136, 141, 152, 153, 156, 157, 158, 167, 168, 184, 185, 225, 230, 236, 251, 252,
272, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 307, 318, 320, 321, 328, 329, 341, 342, 348.
Bloque B
Artículos: 21, 71, 72, 73, 74, 82, 109, 163, 164,
173, 176, 191, 264, 265, 266, 279, 289, 293, 295, 296, 337, 338, 339.
El pronunciamiento ciudadano constituyó la primera –y única- derrota del
presidente Hugo Chávez: por un ajustado margen es rechazada la propuesta de reforma
constitucional, en particular el polémico artículo 230 relacionado con la
introducción de la cláusula de la reelección indefinida:
Cuadro IV
Resultados referéndum
constitucional
Bloque
|
Opción SI
|
SI
|
Opción NO
|
NO
|
A
|
4.404.626 votos
|
49,34%
|
4.521.194 votos
|
50,65%
|
B
|
4.360.014 votos
|
48,99%
|
4.539.707 votos
|
51,01%
|
Fuente: CNE y
Wikipedia.
La derrota fue reconocida por el propio Hugo
Chávez, aunque caracterizándola como una “victoria de mierda”12. Inmediatamente después de referéndum
de 2007, un parlamentario del oficialista Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) ante la Asamblea Nacional de Venezuela, Roberto Hernández, expresó que la propuesta podía
ser presentada nuevamente, sólo que la iniciativa no podía partir del
Presidente, pero sí del parlamento o de los ciudadanos.
Un mes después, durante un discurso a la
Nación, Chávez dijo que para 2009 incluiría otra pregunta en el
hipotético caso de un referendo
presidencial, que según él podría plantearse de la siguiente forma:
"¿Está Usted de acuerdo con realizar una enmienda a la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela que permita la reelección indefinida?".
A todo esto, la oposición sostuvo que esta
consulta sería ilegal, alegando que la propuesta ya había sido rechazada en el
referéndum del 2007, y que no era posible presentar una reforma de la
Constitución en un mismo período constitucional. Sin embargo, durante la mayor parte
del 2008, el tema de la reelección se mantuvo de bajo perfil, porque se inició
la discusión para las candidaturas de gobernadores y alcaldes para las elecciones regionales de ese
año.
El 1 de
diciembre de 2008, una semana
después de las elecciones regionales, Chávez propuso un referéndum con el
objetivo de levantar el límite al número de reelecciones presidenciales. Una
propuesta inicial del partido oficialista Patria
Para Todos (PPT), de incluir a todos los funcionarios electos, fue
rechazada inicialmente por Chávez, aunque finalmente fue aceptada esta
iniciativa.
El Referéndum constitucional de Venezuela de 2009,
también llamado Referéndum Aprobatorio de la Enmienda
Constitucional, se llevó a cabo el domingo 15 de febrero de 2009 para aprobar o
rechazar la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de permitir la postulación de cualquier
cargo de elección popular de manera continua. La siguiente pregunta fue
el objeto de la consulta ciudadana:
¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de
la Constitución de la República, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía
los derechos políticos del pueblo, con el fin de permitir que cualquier
ciudadano o ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser
sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo, por el
tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo su posible elección,
exclusivamente, del voto popular?
La propuesta es aceptada con el 54,85% de
los votos frente al 45,14% por la negativa a la modificación. La participación
en los comicios alcanzó el 70,32% de los electores.
Cuadro V
15 de Febrero de 2009
Opción
|
Votos
|
Porcentaje
|
SI
|
6.310.482
|
54,85%
|
NO
|
5.193.839
|
45,14%
|
Fuente: CNE.
Quedaba abierto de esta manera el camino
para una nueva presentación de Hugo Chávez Frías como candidato a presidente de
Venezuela en los comicios previstos para el 2012, sin embargo este proceso va a
estar signado por una inesperada noticia: el 10
de junio del año 2011, Hugo Chávez Frías es operado de urgencia en La Habana a
causa de un "absceso pélvico". En
ese momento no se habla de cáncer.
Veinte días
después, el 30 de junio, el presidente venezolano se somete a una segunda intervención quirúrgica en la que se descubre un tumor cancerígeno. En
septiembre de ese mismo año, el propio Chávez anuncia que termina su
tratamiento de quimioterapia. La penúltima de sus operaciones fue hace casi un año, en febrero de 201214.
Declarando
estar “totalmente libre del cáncer”15
Hugo Chávez encabeza en una nueva oportunidad las listas del PSUV para las
elecciones presidenciales llevadas a cabo el 7 de Octubre de 2012, derrotando
en esta oportunidad al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
Henrique Capriles Radonski obteniendo el 55,07 por ciento de los votos frente
al 44,31 por ciento del candidato opositor, alcanzando la participación
electoral el 80,49 por ciento del padrón electoral.
Cuadro VI
Resultados elecciones presidenciales en
Venezuela
7 de Octubre de 2012.
Candidato
|
Votos
|
Porcentaje
|
Hugo Chávez Frías (PSUV)
|
8.191.132
|
55,07%
|
Henrique Capriles Radonski (MUD)
|
6.591.304
|
44,31%
|
Reina Sequeira (PL)
|
70.567
|
0,47%
|
Luis Reyes (ORA)
|
8.214
|
0,05%
|
María Bolívar (PDUPL)
|
7.378
|
0,04%
|
Orlando Chirino (PSyL)
|
4.144
|
0,02%
|
Fuente: CNE y Wikipedia
El clima
electoral favorable al oficialismo del mes de octubre se verá ratificado en los
comicios regionales del 16 de diciembre del 2012, aumentando el mismo el número
de gobernaciones de 15 a 20, conservando la oposición solo 3 de los 7 distritos
en su poder hasta ese entonces16.
De Hugo Chávez Frías a Nicolás Maduro: una nueva crisis
en el horizonte.
Con el agravamiento de su enfermedad, Hugo Chávez
Frías anuncia en los primeros días del mes de diciembre del 2012 el alejamiento
“temporario” de sus funciones para someterse a una nueva operación en La Habana
y designa, siendo esta su última decisión política pública, como sucesor a
Nicolás Maduro en caso de que se diera la situación de nuevas elecciones sin su
presencia física.
Como vicepresidente, Maduro asumió las funciones
administrativas y económicas de Venezuela durante la enfermedad del
presidente Hugo Chávez.
Al morir Chávez el 5 de marzo de 2013, Maduro asumió 3 días después la jefatura
de Estado y de Gobierno como «presidente encargado de Venezuela» hasta la
celebración de elecciones presidenciales. Ante esta situación, algunos medios
de comunicación internacionales destacaron que, según su interpretación del
artículo 233 de la Constitución
venezolana, no sería el
vicepresidente Maduro sino Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien tendría que haber asumido la presidencia
interina de la república. Sin
embargo, el mismo día del juramento de Maduro, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo declaró que su
presidencia era constitucional en base al mismo artículo.
El
resultado electoral cerrado en las elecciones del 14 de abril del 2013 reabrió
viejas heridas políticas en la medida en que, bajo condiciones de un escrutinio
disputado pero favorable al oficialismo a una sola vuelta y con fórmula de
mayoría relativa, se (re)instalan las sospechas de fraude por parte de quien
detenta la conducción política del estado.
Cuadro VII
Resultados Elecciones Presidenciales
Venezuela
14 de Abril de 2013
Candidato
|
Número de votos
|
Porcentaje
|
Nicolás Maduro
|
7.587.579
|
50,61 %
|
Henrique Capriles Radowski
|
7.363.980
|
49,12 %
|
Eusebio Méndez
|
19.498
|
0,13 %
|
María Bolívar
|
13.309
|
0,08 %
|
Reina Sequera
|
4.241
|
0,02 %
|
Julio Mora
|
1.936
|
0,01 %
|
Votos validos
|
14.990.543
|
99,55 %
|
Votos Nulos
|
66.937
|
0,44 %
|
Votos Escrutados
|
15.057.480
|
99,99 %
|
Fuente: Consejo Nacional Electoral-CNE
Al problema de los cuestionamientos sobre la
legitimidad de origen del gobierno de Nicolás Maduro se sumaron las manifestaciones iniciadas el 4 de febrero de 2014 en la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira,
como consecuencia de la inseguridad, el alto nivel de la inflación y la escasez
de productos básicos. Los
manifestantes alegan que estos problemas han sido causados por las políticas
económicas del gobierno venezolano ―entre ellas los estrictos controles de
precios―, los cuales han llevado a uno de los niveles de inflación más altos
del mundo en la actualidad.
El 12 de febrero de 2014, la ciudad de
Caracas se sumó a las protestas, convocadas por los líderes de la oposición venezolana Antonio
Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo
López y organizadas en
conjunto con movimientos estudiantiles. Se realizan en varias ciudades del país,
y entre las motivaciones alegadas por los manifestantes opositores figuran el
descontento ante la supuesta vulneración de los derechos
civiles (una «suspensión de
garantías»), la escasez crónica
de productos básicos, los altos niveles de violencia delictiva y la presunta injerencia de Cuba en la política de Venezuela.
A la par de las manifestaciones de oposición,
el Gobierno también convocó a marchas a su favor en Caracas y en otras
ciudades. El Ejecutivo afirma que
no se han suspendido garantías y que en Venezuela se vive el ejercicio pleno de
las libertades civiles. El
gobierno de Maduro identifica a los manifestantes y líderes opositores que,
según el discurso oficial, promueven violencia y odio como “fascistas”.
Hasta el momento, las manifestaciones y los
disturbios han dejado un saldo de 42 fallecidos (oficialistas, opositores,
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana entre otros), más de 486
heridos y 1854 detenidos, según informe de la Fiscalía General de la República, mientras el Foro Penal Venezolano denuncia 33 supuestos casos de
tortura.
Se ha informado la comisión de actos
vandálicos contra bienes públicos en medio de las manifestaciones, que el
gobierno venezolano atribuye a supuestos opositores, así como la existencia de
bandas armadas motorizadas o «colectivos», formadas supuestamente por
simpatizantes del gobierno, que atacan a los manifestantes de la oposición y
que habrían causado varias muertes y agresiones.
El 21 de febrero el gobierno venezolano
retiró el permiso de funcionamiento y la señal dentro de Venezuela a los
canales internacionales NTN24 y CNN
en Español, retractándose de
su decisión el 22 de febrero con CNN, emitiendo nuevas credenciales para los
periodistas de la cadena estadounidense.
El 10 de
abril de 2014 se llevó a cabo la primera mesa de diálogo entre representantes
de la oposición venezolana e integrantes del gobierno nacional. El encuentro
tuvo lugar en el Salón Ayacucho del Palacio de
Miraflores, ubicado en la capital del
país. El proceso de mediación se llevó a cabo mediante la participación de la
canciller Colombiana María Ángela
Holguín y el canciller de
Ecuador Ricardo Patiño Aroca y el canciller de Brasil Luiz Alberto
Figueredo, y un representante del Vaticano
a través del nuncio apostólico en Caracas Aldo Giordano que sirvió de testigo a
petición de la oposición Venezolana.
El presidente
Maduro fue acompañado por Cilia Flores, la primera dama; el vicepresidente
Jorge Arreaza; el canciller Elías Jaua,
el secretario del Movimiento Tupamaro José Tomás Pinto y el alcalde de
Libertador Jorge Rodríguez, entre otros. El excandidato presidencial y
gobernador de Miranda Henrique
Capriles Radonski fue
acompañado de diferentes representantes de la Mesa de la
Unidad Democrática entre
ellos Ramón Guillermo
Aveledo y Henry Ramos Allup. La reunión contó con 22 oradores en total, 11 de la MUD Y 11 del
gobierno. Los integrantes tocaron diferentes temas durante 5 horas en cadena
nacional de radio y televisión. El papa Francisco envió una carta a los integrantes de la reunión con la
cual se dio inicio al diálogo.
Sin embargo
el diálogo se vio interrumpido luego de la última reunión llevada a cabo el 13
de mayo cuando la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que
congelaba su participación a la espera de algunos "gestos" de parte
del Gobierno, entre los que incluyó la liberación de los "presos políticos".
La MUD ha dicho que en el
escenario del diálogo pidió
al Gobierno la creación de una "verdadera Comisión de la Verdad" que
no esté conformada por dirigentes de ninguno de los dos bandos. Además, la
alianza opositora solicitó
la liberación por
motivos de salud del comisario Iván Simonovis, condenado por 2 de las 19
muertes registradas durante el fallido golpe de 2002 contra el entonces
presidente, Hugo Chávez, y la revisión de los casos de los que considera presos
políticos.
Conclusiones ¿Qué clase de régimen
político tiene hoy Venezuela?
Ha sido el propósito particular del presente trabajo
analizar la presidencia de Hugo Chávez Frías entre 1999 y 2012 en sus
diferentes etapas (Fundacional 1999-2002, Crisis 2002-2005 y Consolidación 2006-2012)
como así también la experiencia de Nicolás Maduro en aquel país desde su
asunción en el 2013 hasta el presente.
Los
acontecimientos acaecidos en la República Bolivariana de Venezuela durante el
año 2014 han puesto una vez más sobre la mesa de debate la discusión sobre la
caracterización del régimen político en vigencia en aquel país desde el año
1999.
Entendiendo
que el término dictadura carece de pertinencia, debido al carácter de excepción
que define a este tipo de fórmula política (Morlino, 1985; Schmitt, 1985),
podemos afirmar en cambio que las presidencias de Hugo Chávez Frías y Nicolás
Maduro se han inscripto en el marco del surgimiento de regímenes democráticos
electos cuya característica definitoria es la irrelevancia de los límites
constitucionales sobre el ejercicio del poder y la existencia de restricciones
en el ejercicio de los derechos y garantías individuales.
Esas
nuevas democracias, definidas como "deficitarias", “iliberales” o
“delegativas” (Merkel, 1999; O´Donnell, 2011; Zakaria, 1997), dan cuenta de la
baja calidad, en formas constitucionales
y contenidos ciudadanos, de dichas democracias, a partir de los fuertes
conflictos y tensiones que plantea, en términos axiológicos y en las prácticas
concretas, con los fundamentos del liberalismo constitucional y el modelo de
democracia contenido en el desarrollo histórico del estado de derecho.
Este
modelo de democracia tiene ambiguas implicancias, dado que, por una parte,
encontramos mecanismos establecidos en la propia constitución Bolivariana que
refuerzan el componente vertical de las nuevas poliarquías que se manifiestan
en la propia definición constitucional de un nuevo modelo de democracia
participativa, a través de la implementación de iniciativas como la posibilidad
de revocación de los mandatos públicos y la convocatoria de referéndum para los
temas más relevantes de la agenda política.
Se
advierten asimismo, fuertes déficits y obstáculos para la consolidación
democrática en su dimensión horizontal a través de iniciativas que se traducen
tanto en un poder ejecutivo que concentra funciones antes ejercidas por el
poder legislativo, como así también en la paulatina pérdida de relevancia de los
mecanismos de control institucional –Poder Judicial, Consejo Nacional
Electoral, Defensoría del Pueblo etc.-
Al
ser este un modelo de democracia en el que la representatividad asociada con el
procedimiento plebiscitario puede conducir a la unanimidad encarnada en el
líder, la erosión de la legitimidad plebiscitaria puede acarrear consecuencias
de manifiesta imprevisibilidad.
La desaparición del
“gran decisor”, Hugo Chávez Frías, en el mes de marzo del año 2013, ha venido
para poner en toda su dimensión en este último año el dilema aquí presentado.
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8 al 11 de Septiembre.
Líneas Generales
del Plan de Desarrollo Económico y Social de la nación 2007-2013 (LGDESN),
Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información, Caracas, http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/610be3fd-9089-41de-8af2-0ee3eda85b9a
Maingon Thais, 2007,
“Venezuela: una democracia complicada” en Elecciones presidenciales y giro
político en América Latina,
Isidoro Cheresky (Comp.), Buenos Aires, Editorial Manantial.
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partyachy in Venezuela", Journal of Democracy, Volumen 10, Número 3 pp 64-75.
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Morlino
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Norden
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Chávez. Clases, polarización y conflicto, Steve Ellner y Daniel Hellinger
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Sociedad.
O´Donnell,
Guillermo, 2011, “Nuevas reflexiones acerca de la democracia delegativa”, Democracia
delegativa, Guillermo O`Donnell, Osvaldo Iazzetta, y Hugo Quiroga (Coords.), Buenos
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Schmitt Carl, 1985,
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del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletarias,
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Robertino, 2010, “Autocracia y Legitimidad Política. Alcances y límites de la
forma decisionista de gobierno de Venezuela entre 1998 y 2006” en Estado de
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Zakaria, Fareed, 1997, "The rise of the iliberal democracies",
Revista Foreign Affairs,
Volumen 76, Número 6, pp 42-50.
* Una versión original bajo el título La presidencia de Hugo Chávez Frías (1999-2012): la dinámica de cambio en un régimen en cambio fue presentada en el XI Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, 17 al 20 de julio de 2013 en el panel Presidencias latinoamericanas: Enfoques, perspectivas de análisis y casos coordinado por el Dr. Mario Daniel Serrafero
1 Santiago C. Leiras es Licenciado
en Ciencia Política por la
Universidad de Buenos Aires-Argentina (UBA), Diploma de
Estudios Avanzados y Doctor en América Latina contemporánea por el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid-España (IUOG). Es
Profesor Adjunto de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y Profesor Asociado de la Universidad de
Belgrano (UB). Ha sido autor del libro El
Cono Sur y sus líderes en América Latina Carlos Menem y Fernando Collor de Melo
en perspectiva comparada (2009), compilador de Estado de excepción y democracia en América Latina. Argentina, Brasil,
Perú y Venezuela en perspectiva comparada (2010), Democracia y estado de excepción: Argentina 1983-2008 (2012) y más de treinta trabajos sobre su
especialidad.
2 Cabe destacar
que el Dr. Ricardo Combellas ha sido un destacado integrante de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) integrando la Comisión del Poder Ejecutivo, a
cargo del estudio de la organización de la presidencia de la república, el
sistema de gobierno, la elegibilidad vacante, el sistema de elecciones, las
atribuciones del presidente, del vicepresidente, de los ministros, del consejo
de estado, del consejo de seguridad y defensa de la nación y del consejo de ministros.
3 Sobre un total de
131 miembros, siendo los tres restantes reservados para representación de las
comunidades indígenas.
4 Recordemos al
respecto la campaña presidencial del año 2000, con la participación del propio
Hugo Chávez y de su ex- compañero de ruta, Francisco Arias Cárdenas, como
principal competidor. Respecto de las transformaciones del rol de las Fuerzas
Armadas ver Norden (2003).
5 En sintonía
con las afirmaciones del presidente, y la presentación de recursos judiciales
ante el Tribunal Superior de Justicia, la Asamblea Nacional ha consignado ante
el mencionado tribunal, un recurso de interpretación de los artículos 230 y 231
de la Constitución Bolivariana, sobre la duración del período presidencial. La
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que el actual
período presidencial culmina en enero del año 2007, en base al criterio de la
existencia de una situación de transitoriedad, en tanto “necesaria e
inmanente”, que se mantendrá hasta la definitiva consolidación de las
instituciones modificadas o creadas sobre la base del nuevo ordenamiento
constitucional.
“Desde
el referéndum del 25 de Abril de 1999, han venido discurriendo dos regímenes
transitorios a saber:
1.
Desde el 25-04-99, fecha del referéndum aprobatorio,
hasta el 30-12-99, fecha de la promulgación y publicación de la constitución de
la República Bolivariana de Venezuela.
2.
Desde el 30-12-99 hasta la realización de las elecciones
de los poderes públicos, el cual cursa actualmente, conforme a lo dispuesto en
la constitución, las bases y preguntas del referéndum del 25-04-99 y en las
normas de la Asamblea Nacional Constituyente sancionadas conformes a esta.
En consecuencia, la transitoriedad, en sus dos momentos, está regida,
primero por las normas sancionadas por la Asamblea Nacional Constituyente, en
ejercicio de la competencia constituyente (…..) y por las normas transitorias
de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Diario El
Nacional. 5 de Abril de 2001).
6 La ausencia de
una estrategia general coherente por parte del chavismo –fruto de la puja entre
“duros” encarnados por Nicolás Maduro partidarios de una estrategia de creación
de sindicatos paralelos y “blandos” partidarios de reconocer el carácter de
interlocutor de la CTV entre actores como Reina Sequeira o Luis Miquilena- y la
renovación iniciada desde el seno de la propia CTV, destinada a establecer
elecciones directas para su comité ejecutivo, la creación de una comisión
electoral pluralista y la eliminación de la contratación sindical de los
trabajadores petroleros, neutralizaron en buena medida la embestida hacia el
sector sindical.
7 El destacado
autor argentino nos recuerda que la
legitimidad de un régimen resulta de la creencia compartida por gobernantes y
gobernados con respecto a un núcleo de valores centrales (fines últimos, en
sentido weberiano, que perfilan una determinada concepción del gobierno y de la
sociedad), y del acuerdo que los actores establecen acerca de una regla de
sucesión.
Este debate es planteado en Coppedge M. (2002)
y Leiras S. (2014a, 2014b).
8 En sintonía con las afirmaciones del presidente, y la
presentación de recursos judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia, la
Asamblea Nacional ha consignado ante el mencionado tribunal, un recurso de
interpretación de los artículos 230 y 231 de la Constitución Bolivariana, sobre
la duración del período presidencial. La Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia determinó que el actual período presidencial culmina en
enero del año 2007, en base al criterio de la existencia de una situación de
transitoriedad, en tanto “necesaria e inmanente”, que se mantendrá hasta la definitiva
consolidación de las instituciones modificadas o creadas sobre la base del
nuevo ordenamiento constitucional.
“Desde
el referéndum del 25 de Abril de 1999, han venido discurriendo dos regímenes
transitorios a saber:
1. Desde
el 25-04-99, fecha del referéndum aprobatorio, hasta el 30-12-99, fecha de la
promulgación y publicación de la constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
2.
Desde el 30-12-99 hasta la realización de las elecciones
de los poderes públicos, el cual cursa actualmente, conforme a lo dispuesto en
la constitución, las bases y preguntas del referéndum del 25-04-99 y en las
normas de la Asamblea Nacional Constituyente sancionadas conformes a esta.
En consecuencia, la transitoriedad, en sus dos momentos, está regida,
primero por las normas sancionadas por la Asamblea Nacional Constituyente, en
ejercicio de la competencia constituyente (…..) y por las normas transitorias
de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Diario El
Nacional. 5 de Abril de 2001).
9 Entre las
principales modificaciones se destaca la incorporación de la figura del
referéndum revocatorio. En este sentido, las materias de especial trascendencia
nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del
presidente/a de la república, por acuerdo de la mayoría de la Asamblea
Nacional, aprobado con el voto de la mayoría de sus integrantes, o a solicitud
de un número no menor del diez por ciento de los electores/as inscriptos en el
registro civil y electoral (artículo 71),
no pudiendo ser objeto de tratamiento consultivo las leyes de presupuesto, las
que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público, y las de
amnistía, así como aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos
humanos y las que aprueben tratados internacionales (artículo 74).
Si
el referéndum concluye en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el
veinticinco por ciento de los electores/as inscriptos en el registro civil y
electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley (artículo 73).
Por
otra parte, todos los cargos y magistrados de elección popular son revocables,
cuando igual o mayor número de electores/as que eligieron al funcionario/a
hubieran votado a favor de la revocatoria siempre que haya concurrido al
referéndum, un número de electores/as igual o superior al veinticinco por
ciento de aquellos inscriptos en el registro civil o electoral (artículo 72). Asimismo, durante el
período para el cual fue elegido el mandatario no podrá realizarse más de una
solicitud de revocación de su mandato.
Sin
embargo esta iniciativa constitucional, por su propia definición, tropieza con
la propia dificultad que supone su implementación; en primer lugar, por la alta
exigencia de su convocatoria, 25% de los electores inscriptos, que en el
supuesto caso de revocación del mandato del Presidente, representa un número
aproximado de 2.500.000 personas. Sumado a ello, la revocación del funcionario
se condiciona a la votación favorable de un número de electores mayor al que lo
eligió. Este “espejismo” del referéndum revocatorio es advertido hasta por los
propios “intelectuales orgánicos” del proceso constituyente, dado que:
En suma, el instituto del referéndum revocatorio es
adrede exigente y así lo aprobó la Constituyente, dentro de una paradójica
defensa del denostado principio representativo, contradictoria a todo evento
con la bandera de la democracia participativa como sustitutiva de la malhadada
democracia representativa. En esta materia, el constituyente protegió y
fortaleció al representante ante los avatares de un fuerte movimiento de
opinión adversa. En la cruda verdad, al <soberano> se le tornará, repito,
casi imposible deshacerse de los representantes electos, por lo menos mientras
transcurre su mandato (Combellas, 1999,
2001).
10 Entre los documentos de mayor
circulación intentando demostrar las evidencias de fraude ver Haussmann y
Rigobon (2004) y Álvarez et al (2004).
11 Con el 94% de
las actas escrutadas.
13 Con el 98,81%
de las actas escrutadas.
14 La última
operación fue llevada a cabo en el día 11 de diciembre del 2012 en La Habana.
15 Hugo Chávez:”
Estoy totalmente libre del cáncer”, Diario
Clarín, Buenos Aires, 9 de Julio de 2012.
16 Solo Amazonas,
Lara y Miranda continúan en manos de la oposición. En manos del oficialismo se
encuentran los distritos de Anzoátegui,
Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico,
Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas,
Yaracuy y Zulia. http://www.terra.com.ve/actualidad/articulo/html/act3017827-resultados-por-estado-en-las-regionales-de-venezuela.htm
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