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Alfonsín - Menem - Kirchner - Políticas y Planificación

ALFONSINISMO (RAUL ALFONSÍN)

Gana las elecciones presidenciales el Dr. Raul Alfonsín en 1983. El periodo va desde 1983 hasta 1989. Es el retorno a la Democracia.

En lo que respecta a la RADIODIFUSIÓN nace una nueva radio que modifica los formatos tradicionales de transmisión de comunicación e información en general, que apunta a un público joven: La ROCK & POP de Daniel Grinbank.

En lo que respecta a los MEDIOS GRAFICOS comienza a circular el diario Página 12, dirigido por Lanata y Tifferberg, que vende 50 mil ejemplares por día.

En lo que respecta al contexto histórico, tenemos los primeros casos de HIV en Argentina, la cámara de Diputados sanciona la ley de divorcio (muy criticada por la Iglesia), La Historia Oficial – Filme de Luis Puenzo – gana un Oscar y menciones especiales en diferentes festivales internacionales. Se normaliza la situación en la UBA, con la elección del rector, y se incorpora el Ciclo Básico Común.

En lo que respecta al contexto internacional, desde el punto de vista ideologico, la revolución liberal o de nueva derecha, encabezada por REGAN en USA y Tatcher en Inglaterra y Khol en Alemania, se consolida como hegemónica en este periodo. Generando una corriente donde el Estado se retira de algunos espacios y los deja en manos del sector privado comercial, cuya única finalidad es el lucro. Esta nueva modalidad llegaría a su plenitud en el gobierno de Carlos Menem, pero será el gobierno Radical el que pavimente el camino.

En lo que respecta a los medios de COMUNICACIÓN: La propuesta electoral de la UCR realizaba una mención específica de qué hacer con los medios de comunicación. Trazó 3 ejes centrales:
1) implementar 3 sistemas para la explotación de la radio y la TV, uno reservado para el Estado Nacional, otro para la gestión privada, y otro reservado para el ente autónomo de derecho público NO gubernamental.  
2) Crear una comisión permanente bicameral de radio y TV
3) Integrar programas de educación a distancia en el sistema de radio y TV.

Una vez que asumió Alfonsín se intervino en el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y nombró un delegado normalizador. A diferencia con la ley sancionada en la dictadura (22.285), donde el CONFER debía estar en manos de un representante del Comando en jefe del Ejército, de la Armada y de las Fuerzas Aéreas. Un miembro de la Secretaría de Información Pública. Un miembro de la Secretaria de Estado de Comunicaciones y las Asociaciones de Licenciatarios de Radio y TV

Por medio del DECRETO 1.154 de Abril de 1984, Alfonsín suspendió la aplicación del Plan Nacional de Radiodifusión (PLANARA), hasta que no se modificase la ley de radiodifusión. Esto significo, además de la falta de criterios comunicacionales en la gestión radical, que cualquier ciudadano Argentino que deseaba hacer uso de alguna frecuencia del espectro radioeléctrico, tenía cerrado todo camino legal para ejercer su derecho a la comunicación.
Como consecuencia de la demanda social de mayores espacios de expresión, se empezaron a intentar instalar radios comunitarias. Para 1985, radios comunitarias fundan ARCO, que luego se llamara FARCO (Federación Argentina de Radios Comunitarias), que señalaba dentro de los principales objetivos la defensa de la comunicación comunitaria.
Dentro del marco del DECTRO 1.154 la UCR estableció un comisión para el estudio de la legislación y el ordenamiento de los medios de comunicación social, cuya dirección quedo a cargo del director de la agencia oficial de noticias TELAM, Mario Monteverde.
En contraposición, en Jujuy se reunían representantes de las secretarias de Información Pública, ligadas a las provincias gobernadas por el Justicialismo, que intentaban estructurar una política de oposición coherente, y demandaban la participación federal en la elaboración de una legislación para los medios de comunicación acorde a la realidad democrática. Impulsaban que se respetaran los pluralismos provinciales.
Así es como tenemos dos lineamientos claros para la época, el oficialismo y el justicialismo de las provincias.

Después de los primeros años de gobierno se puede verificar una injerencia más activa del Poder Ejecutivo Nacional. Las políticas de comunicación fueron diseñadas desde la Secretaría de Información Pública (SIP).

Un anteproyecto de Ley de la SIP se ocupada centralmente de los canales de BS AS que estaban en manos del Estado: “Que hacer con los canales; Alternativas”. Proponían tres alternativas:
1. Un ente público gubernamental quien administre los tres canales
2. Un ente gubernamental administra ATC, un ente estatal no gubernamental administra los otros 2 canales
3. Un ente gubernamental administra ATC, un ente no gubernamental canal 13, y se privatiza canal 11
Este proyecto será el paradigma para la posterior conformación de la propuesta del Consejo para la Consolidación de la Democracia.
El proyecto además proponía la creación del Instituto del Instituto de Investigación y Promoción Audiovisual,  la finalidad de facilitar créditos para la producción de programas de interés general y cultural, que aumente el nivel cultural de la población. Otra función seria la explotación de las producciones Argentinas. Se promovía la generación del Defensor Público para la recepción de los reclamos y las sugerencias del público, especialmente referidos a la calidad de los servicios de radio y TV, y complementarios.
Se permitía que toda persona física o jurídica, pública o privada fuese radiodifusor, lo que acababa con la propuesta de que solo personas físicas o jurídicas con fines de lucro podían ser adjudicatarios. Y se reconocía además el derecho a réplica.      

Previamente a las elecciones presidenciales de 1989, Alfonsín, mando el proyecto de la SIP al COCODE (Consejo de Consolidación de la Democracia), justificándose el hecho con la necesidad de que la propuesta tuviera el consenso de los distintos grupos sociales, lo cual no consiguió. En primer lugar porque la SIP había efectuado una ronda de consulta con los sectores interesados sin alcanzar consensos importantes. Y esa falta de acurdo se manifestó en el COCODE. Por ende el proyecto no prospero.

Para la época había dos claras posiciones respecto de las políticas audiovisuales. Una privatista y centralista apoyada por el COMFER, y otra que proponía un régimen de mayor participación estatal avalada por la SIP. Estas oposiciones generaron que las comisiones nunca llegar a ningún acuerdo respecto de la implementación de regulaciones o políticas audiovisuales.

Si bien una vez que sale a la luz el proyecto COCODE tiene un gran aval por ser un punto importante en la planificación audiovisual, tuvo una vida fugaz, en el sentido en que fue presentado en sociedad en 1987 y abandonado por el PEN en 1988.

En lo que respecta al cable, en 1981 se instalaros los primeros cables en Capital Federal, Cablevisión y Video Cable Comunicación (VCC), con un carácter netamente comercial.
En septiembre de 1986 se sanciono el DECRETO 1.613/80 que posibilita el acceso restringido a la recepción satelital a permisionarios de servicios televisivos abiertos o cerrados, personas dedicadas a la experimentación con o sin fines de lucro y repetidoras del canal estatal ATC. Esta primera apertura a la recepción satelital fue la llave que posibilitó el fuerte y sostenido crecimiento de la TV por cable en Argentina. VCC fue la primera en usar el satélite a nivel nacional, luego se sumaron Canal 9 y Cablevisión y luego ESPN.
Las señales se transmitieron de manera unidireccional, desde la central a los hogares. Las nuevas posibilidades que brindo el satélite en cuanto a la transmisión simplifico la venta de señales a los cables del interior a partir de la simple instalación de una antena parabólica.

En términos generales lo que fueron las políticas de comunicación en este periodo beneficiaron la concentración, negociado y manipulación de los medios en manos de empresas privadas, a diferencia de lo que pudo haber sido una comunicación con sentido comunitario.

MENEMISMO (CARLOS MENEM)

En Mayo de 1989 se realizan las elecciones para presidente, gana Carlos Saúl Menem con el 47% de los votos. Asumiera cinco meses antes de lo previsto como con un marco de crisis económica importante.

Esta primera etapa que va desde 1898 hasta 1995 se caracterizó por la concentración del capital pero en manos de empresas naciones, no todavía en manos de extranjeros. Ya para la segunda etapa del menemismo que va de 1995 a 1999 si se pasa esa concentración de medios, especialmente la TV, a manos de capitales extranjeros.

1989-1995

En 1898 se sanciona la Ley 23.696 o Ley Dromi de Reforma del Estado, que si bien no es una Ley de radiodifusión fueron flexibilizados puntos claves de la Ley 22.285 sancionada por el gobierno de Facto. La ley Dromi contemplaba la importancia de la privatización de los medios de comunicación. Esta premisa instalada en el gobierno radical, se profundiza con el gobierno de Menem, tanto así que, privatizar TODA empresa pública pasó a ser una razón de Estado.

Alcances de la Ley Dromi
1.       Se eliminó la restricción que disponía de un límite de 3 licenciatarios de Tv o radio a una misma persona física o jurídica en distintas áreas de cobertura.
2.       Se eliminó la restricción que establecía que no podía presentarse a concurso de una nueva licencia un propietario o socio de diferentes sociedades de radiodifusión.
3.       Se eliminó la restricción que impedía  la presentación al concurso de una persona física o jurídica vinculada a empresas periodísticas (medios gráficos).
4.       Se eliminó la disposición que establecía que el objeto social de la licenciataria sería exclusivamente la prestación y explotación de los servicios de radiodifusión (se permite participar a otras empresas o personas con otras actividades económicas).
5.       Se eliminó la restricción que establecía que los socios de las licenciatarias serían personas físicas y no excederían el número de 20 personas.

Los principales cambios en el mapa de medios, como consecuencia de estas modificaciones, fueron:

-La conformación de DOS GRUPOS MULTIMEDIOS a partir de las adjudicaciones de canal 11 y canal 13 en capital federal. El grupo TELEFE (que junto con canal 11 en Capital Federal fue incorporando a Radio Continental en 1992, y luego entró al negocio del cable), y la consolidación del grupo CLARIN (que junto con canal 13, el diario de más tirada del país suma a Radio Mitre, Multicanal en el cable y otras ramificaciones del grupo).
-El cruzamiento de intereses entre las empresas gráficas y audiovisuales, gracias a la eliminación de las trabas legales para la compra de radioemisoras por parte de empresas periodísticas: Editorial Atlántida, a través de Telefe, en Canal 11. La Nación en Radio del Plata. Clarín en Canal 13 son las más distinguidas.
-El crecimiento de la cantidad de canales en TV por cable, y la articulación en pequeños multimedios de cables con empresas o conglomerados de medios zonales y regionales de su área de influencia.
- El crecimiento de emisoras FM en el interior del país que desplazo a las emisoras regionales.

En el marco de interdependencia de las economías mundiales y de desregulación de las comunicaciones a nivel internacional, con un Estado argentino ausente en materia de regulación y control, se dio la tercera oleada de privatizaciones extranjeras en los 90. Los principales medios locales avanzaron en la conformación de alianzas, ventas o fusiones con operadores, productores y/o bancos o fondos de financiamiento que contaban con experiencia y permitieron afrontar los costos en las inversiones de la red de fibra óptica y la renovación de equipos de transmisión y conmutación de señales.

Entre 1994 y 1995 grupo Clarin dispuso de una suma de muy elevada de dinero para la compra de diversos cables que conformaron Multicanal y Red Argentina SA. Mientras que el 80% de Cablevisión paso a manos estadounidenses junto con el 50% de Video Cable Comunicación (VCC).

Para formalizar todas estas operaciones ya mencionadas no fue modificada la ley 22.285 de Radiodifusión, sino que estas operaciones pudieron blanquearse en 1994, al entrar en vigencia el Tratado de Promoción y Protección recíproca de Inversiones firmado con Estados Unidos durante una de las visitas que Menen hizo a Washington en 1991. Es preciso aclarar que las “reciprocidades” que alegaba el tratado no pudieron aplicarse a la industria cultural con sede en Estados Unidos ya que protegió a sus empresas de los alcances del mismo, mientras que Argentina decidió proteger otra área vinculada a la economía.

En lo que respecta al rol subsidiario de actividades privadas, los medios en manos del Estado en la época menemista no ofrecieron perfiles diferentes a los privados comerciales, ni tampoco constituyeron alternativas para la construcción o difusión de programas con criterio de participación social. A partir de 1990 el subsistema público quedo reducido al SOR (Servicio Oficial de Radiodifusión), integrado según la Ley de Radiodifusión por una radio y una televisora de cabecera en Capital Federal (Radio Nacional y ATC, respectivamente). Una estación de radio en cada provincia, las repetidoras del canal oficial de la televisión y las estaciones de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE).

Si bien la Ley de Radiodifusión no permitía la contratación de publicidad por parte de las emisoras oficiales, sendos decretos presidenciales (DECRETO 1.656 y 2.355 por razones de necesidad y urgencia) modificaron la Ley 22.285, permitiendo la contratación de publicidad en forma directa al SOR, y a las emisoras de Universidades Nacionales, las provincias y municipalidades.
En lo que remite a la Televisión, ATC osciló entre lo “cultural” y lo comercial, pero con constante bajo nivel de audiencia, elevados gastos de producción y planilla, y una conducta poco creíble a nivel informativo. Con el nombramiento de Sofovich como conductor y productor de entretenimientos al frente de la emisora nacional, se imprimió un giro en la programación en la tradicional misión de fomentar la educación y cultura. Se profundizó la tendencia comercial con el slogan “ahora también competimos”, con la máxima preocupación de sanear el déficit operativo y aumentar la audiencia. En marzo de 1992 un decreto presidencial convirtió a ATC en Sociedad Anónima, adoptando un modelo de organización interna similar al de los canales privados.

En 1991 se firmó el DECRETO 1.771 que posibilitaba la integración de redes de programación siempre y cuando se mantuvieran los derechos de publicidad de cada emisora, y las estaciones afiliadas originen un 50% de la emisión diaria. El decreto 1.771 se oponía a lo dicho en la Ley 22.285 según la cual no podían construirse redes privadas permanentes. De esta manera se genera un proceso de concentración geográfica, es decir que se concentran las productoras de contenidos con cabecera en Buenos Aires, y los canales del interior mantenían la tradicional dependencia a través de la compra de sus principales producciones, que eran las más vistas en todo el país y se incorporaban a la programación local, con algunos días de retraso.

Para 1994 la cobertura de la TV por cable alcanzaba los cuatro millones de hogares. Esto significo que la mitad de los hogares argentinos contaban con servicio por cable que diversificaba e incrementaba la señal televisiva a su alcance.

Fuera de lo que era los registros del COMFER se registraban 2000 que venían emitiendo sin licencia o permiso oficial y competían con sus vecinas del dial por las preferencias de la audiencia. Estas radios “truchas” o al margen de la le, generaron nuevas alternativas de programación local para la población del interior que prácticamente carecían de opción hasta el momento de su surgimiento. Las tradicionales emisoras comerciales las tildaron de clandestinas por su forma de entrar a la emisión sin pasar por concurso.
En el marco de la Ley de Reforma del Estado se intentó desbloquear la ilegalidad de las nuevas FM el gobierno nacional estableció el DECRETO 1.357/89 que establecía un registro de emisoras FM en “forma irregular” que funcionaban desde 1989 que se les otorgaba un Permiso Precario Provisorio (PPP). Además, se dispuso que el COMFER, llamara a concurso bajo la limitante regulación de la Ley 22.285, los pequeños radiodifusores de FM reaccionaron con temor y se inscribieron para que no les decomisaran los equipos. Sin embargo continuaron existiendo emisoras clandestinas en la época, muchas de ellas ubicadas segundas en el ranking de audiencia de FM de Capital Federal.

En relación con los procesos de transnacionalización y privatización de la propiedad de medios, se registraron diversos cambios en la producción y distribución del material audiovisual entre 1990 y 1995:

- Las gerencias de programación de las principales emisoras de radio y televisión del país incorporaron nuevas formas de selección del material, a partir de pre-tests con grupo cualitativos. Programa que no era exitoso, programa que se levantaba del aire.
-En pocos años entraron a escena variedad de circuitos de cable que promovieron una mayor segmentación de la audiencia.
-Surgieron además otras vías de difusión audiovisual como los circuitos de televisión codificada, emisoras de baja potencia, televisión directa al hogar.
-se reconfiguro el circuito de salas de cinematografía (la conformación de nuevas salas multicine en grandes ciudades).
-Los nuevos circuitos de difusión requirieron de variedad de materiales para emitir (además de los enlatados, se abrieron espacio de producción propia e independiente).
- La reforma de la Ley de Cine de 1994 marcó un acercamiento y financiación del cine nacional por las productoras de TV de los canales cabecera y las principales señales de cable.
-Se monopolizó la transmisión de los partidos de futbol a partir del acuerdo firmado en 1991 por la AFA y la SA TSC S.A.
-Se flexibiliza la norma de publicidad y contenidos permitidos en la radiodifusión. El DECRETO 1.771 modifico la reglamentación de la Ley 22.285 “liberando” la emisión publicitaria, a la vez que impuso nuevos tiempos mínimos para la producción nacional y propia de programas.
-Se flexibilizó la inclusión de promociones y publicidades dentro de los programas.

1995-1999

La firma del pacto de olivos, mediante el cual el PJ y la UCR acordaron la reforma de la Constitución Nacional en 1994, fue lo que permitió la reelección del presidente Carlos Menem y con este la continuidad del sistema de alianzas del poder imperante.

El segundo mandato de Menen fue desde 1995 hasta 1999, y persistió la misma línea política de su primer gobierno. La presencia de capital financiero transnacional, la concentración y centralización del capital, la incorporación de nuevas tecnologías y la expansión de los servicios ofertados fueron características de los medios de comunicación en esta segunda etapa.

Durante 1996 y 1997 las comunicaciones ocuparon el primer lugar entre los sectores que recibieron inversiones extranjeras, superando incluso al sector bancario-financiero. En un contexto económico marcado por las inversiones extranjeras y la creciente presencia de empresas nacionales en la economía, aproximadamente tres millones de dólares se movilizaron en la compra de medios de radiodifusión.

Los dos grandes conglomerados mediáticos hasta fines del siglo XX fueron el grupo Clarin y la CIE-Telefónica, que protagonizaron el duopolio más significativo en las comunicaciones sociales en Argentina.

Este segundo momento que va del 95 al 99 se caracterizó por el aumento de los capitales extranjeros, empresas de telecomunicación y transnacionales de comunicación, al adquirir las principales cadenas de radiodifusión del país. Así, la financiación del segundo gobierno de Menen halló ubicado como principal agente del sector al grupo español Telefónica.  CIE- Telefónica adquirió canal 9 y 11 de la ciudad de Buenos Aires junto con las emisoras de las distintas provincias.
Posteriormente tuvo lugar el ingreso de entidades financieras al ámbito televisivo y el lanzamiento de la TV directa al hogar de la mano de Direc TV, Sky Argentina y TDH.

Es a partir de la constitución de la sociedad CIE-Telefónica que se produjo la transformación más importante del sistema televisivo Hertziano. Ya que comenzó una serie de adquisiciones que culminó con la compra de los canales 11 y 9 y de los canales vinculados a estos.
Frente a las oposiciones de los canales provinciales de vender sus canales, se dictaron los DRECTOS 85 y 86 y se llamó nuevamente a licitación para dos canales de TV abierta en Córdoba y Rosario. Esa intervención directa del gobierno fue motivo suficiente para que las empresas provinciales se vieran obligadas a vender sus acciones en Telefe. Una semana después de ser adquiridas por la empresa CIE-Telefónica las “necesarias” licitaciones fueron suspendidas.
Otro de los cambios ocurridos fue el ingreso de Goldman & Sachs Group a Clarin, adquiriendo el 18% del paquete accionario.

Hacia finales del segundo gobierno de Menem la penetración de los medios alcanzaba el 98% de los hogares. Y se estima que el 60% de la programación emitida era de  producción nacional. Mientras que el 80% de la producción importada era de USA.
Según el COMFER, la retransmisión de programas originados en Buenos Aires ascendía al 76%. Estos canales producían o coproducían solo el 14% de la programación emitida, principalmente informativos. La producción de ficción en canales provinciales era nula y casi el 41% del territorio era aún inaccesible para el sistema abierto de televisión.
Todas las estaciones de televisión Hertziana estuvieron total o parcialmente financiadas por ingresos publicitarios
En lo que remite a la radiodifusión se produjo la saturación de espectro radioeléctrico como consecuencia de la indiscriminada entrega de licencias a operadores privados de FM. La privatización de los servicios por medio de la entrega de la banda UHF, en muchos casos a los mismos grupos multimedia propietarios de los canales de TV en abierto más importante del país, restó posibilidad a las alternativas no vinculadas a la actividad lucrativa.

La televisión por cable pasó de un modelo “fordista” a uno “pos-fordista” caracterizado por la acumulación de los soportes televisivos (red hertziana, cable, satélite), la introducción de la digitalización en la producción y distribución de contenidos audiovisuales, el desarrollo de técnicas de compresión de señal, el crecimiento de señales audiovisuales y de servicios ofertados, la segmentación de la oferta y las audiencias y el surgimiento de novedosas formas de financiación del medio televisivo (Pay Per View, señales Premium).

La digitalización de las emisiones de la televisión satelital posibilito ofertar una gama de servicios más amplia que las señales audiovisuales, como el acceso a internet o a servicios interactivos. Los requisitos para poder prestar el servicio eran: poseer un telepuerto en el país, operar con un satélite autorizado, y brindar el 51% de programación nacional. Hasta 1996 TCH fue la única empresa satelital en promover señales de radiodifusión directas al hogar. El monopolio terminó con la firma del acuerdo de reciprocidad entre USA y Argentina en 1998, que autorizó a satélites estadounidenses a operar en el territorio y a empresas estadounidenses a contratar satélites de empresas locales para sus emisoras. Ese mismo año grupo Clarin lanzó Direc TV, que ofertaba un sistema de paquete de señales Premium y el sistema Pay Per View. Luego se incorporó Sky Argentina, sin embargo en 2002 abandonaría el país como resultado de la gran crisis económica.

Otra importante resolución del gobierno de Menem fue la adopción del estándar de emisión de la TV digital Hertziana (TDT). Esta iniciativa surgió por parte de los operadores privados de la televisión hertziana. En primer lugar, estos, a través de la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA), se incorporaron al Comité de Avance de Sistemas de Televisión, y comenzaron las negociaciones para adquirir nuevas tecnologías y equipos. Seguidamente iniciaron gestiones ante el gobierno para lograr un marco regulatorio con sus intereses.

El gobierno creó en el ámbito de la secretaria de comunicaciones, dependiente de la Presidencia de la Nación, la Comisión de Estudio de la Secretaria de Televisión Digital e invitó a un contado número de organismos públicos y privado-comerciales a participar de un Comité Consultivo de Televisión Digital.

Mediante la Resolución SC 433/98 la Argentina adoptó las recomendaciones para la Región II de la UIT, estableció el plazo de un año para adoptar una norma de televisión digital hertziana.
Asimismo la Secom se comprometió a:  
-Impulsar un sistema que permita el desarrollo de la televisión digital en Alta Definición (HDTV)
-Adoptar una canalización de 6 MHz de ancho de banda para los futuros canales de televisión digital.
-Asignar canales a los operadores de televisión abierta por tres años para realizar emisiones.

En julio de 1998 el gobierno autorizó a los principales canales a comenzar con las transmisiones experimentales de TDT. Meses más tarde Canal 13 realizo la primera transmisión en HDTV.

En lo que respecta a la radio la mayoría de las emisoras fue traccionada por la lógica de la incorporación que proponían los multimedios. En este sentido se pueden distinguir dos dimensiones de análisis:
-La de las principales radios AM locales y por ende en condición de compra-venta similar al resto del sistema
-La de los servicios complementarios de FM y nuevas AM, cuya expansión ilegal a fines de los 80 generó un complejo entramado de agentes.

En el caso de las radios AM el proceso de concentración y desnacionalización  de la propiedad siguió el mismo ritmo que la televisión. En un primer momento las radios porteñas y de las grandes provincias pasaron a estar en manos de los grupos multimedia de capital nacional.
La programación se elaboraba mayoritariamente en la Ciudad de Buenos Aires y se repetía en las provincias y localidades del resto del país. La búsqueda de una economía de escala fue el principio organizador del sector en un mercado en que la pauta publicitaria se distanciaba cada vez más respecto a la de la televisión.
En un segundo momento se produjo la adquisición de las principales radios por parte de capitales extranjeros. Así a la mexicana corporación de entretenimientos  (CIE), Asociada al empresario vernáculo Daniel Grinbank (R&P), adquirió nueve radios entre las que figuraron Splendid, Radio del Plata, Libertad, América y las FM  Rock & Pop, Feeling, Aspen y la Metro. El otro conglomerado radiofónico se constituyó con el ingreso del grupo estadounidense Emmis International que en 1999 le compró al empresario Daniel Hadad la mayoría del capital accionario de Radio 10 y FM news y a mediados del 2000, al grupo cementero y ferroviario Loma Negra radio El Mundo y FM Horizonte.
Fue significativa la cantidad de emisoras de FM que emitían sin la autorización de la autoridad competente. Así según el COMFER para 1998 existían 700 radios legales y 2000 ilegales, es por ello que se comenzaron a dictar una serie de pequeñas regulaciones y se fueron consolidando nuevos grupos de prestadores.
Para 1999 se adjudicaron 439 licencias nuevas de radio FM, entre los grupo beneficiados de multimedios tenemos a Clarin y Uno.

El panorama de fines de la década de 1990 quedaba así:
-La integración de las principales radios de los grupos nacionales e internacionales y su organización en cadenas
-Expansión de los servicios y emisoras.
-La saturación del espectro de frecuencias destinadas a los servicios complementarios en FM y el reposicionamiento de los principales agentes como oferentes y/o compradores de licencia.
- Un proceso de cooptación de la mayoría de las ex emisoras, alternativas, alterativas, contraculturales, comunitarias por parte de diferentes expresiones del mercado radiofónico.

Los conglomerados mediáticos y las cadenas de radiodifusión que se fueron organizando hasta 1999 lo hicieron en su gran mayoría, violando lo estipulado en la Ley 22.285. Las restricciones antimonopólicas, los límites a la publicidad, las responsabilidades del servicio derivadas de las licencias, etc. Fueron modificadas poco a poco durante el gobierno de Menem siempre respondiendo a los intereses de los grandes grupos económicos y no del interés general. De estas modificaciones mencionaremos a continuación lo más significativo de sus aportes.

En primer lugar los tratados internaciones que adquirieron estatuto de ley a partir de la reforma de la Constitución de 1994. Sobre todo:
-Los de protección recíproca de Inversiones. Considerando a los capitales extranjeros como propios que permitieron el ingreso de los fondos de inversión y grandes operadores a la radio. Dichos tratados legalizaron la propiedad extranjera en casos tales como el de Telefónica-Telefe; HMT&F-Cablevisión o Goldman & Sachs-Grupo Clarín.
-Los de reciprocidad de servicios satelitales: permitieron a partir de 1998, el ingreso de las principales plataformas de Televisión Directa al Hogar (DirecTV y Sky TV) al segmentos de los servicios complementarios de televisión.

En segundo lugar el DECRETO 1005/99 que se tornó el instrumento legal que formalizó una situación de hecho: la alta concentración de la propiedad empresarial en un mercado oligopólico e internacionalizado. En ese entonces el principal operador de televisión abierta, Telefónica, había desarrollado una estrategia de escala regional y precisaba poner en sincronía los medios de su propiedad. Similar a la situación, aunque en menor medida enfrentaban los demás grupo. Así las modificaciones que introdujo el DECRETO 1005 se orientaron a las claves de una economía de escala para la radiodifusión:
-Ingreso de capitales extranjeros: Se autoriza para los casos de capitales de países con Tratados de Reciprocidad firmados con Argentina y se elimina el requisito de 10 años de residencia para socios extranjeros.
-Concentración y economía de escala: Se amplía el número de licencias por operador de 4 a 24 en el país, facilitando la concentración en pocos operadores (Telefónica, Clarín, Grupo Uno, etc). Se autorizan las cadenas permanentes de transmisión lo que significó la posibilidad de programar un solo producto para todo el país al mismo tiempo.
-Financiamiento: Se permiten ampliar la pauta publicitaria, incluyendo la promoción institucional en los programas y reduciendo la publicidad oficial. Se elimina la restricción publicitaria horaria de 12/14 minutos para televisión y radio, respectivamente, autorizando su distribución en bloques de tres a seis horas de programación. Se facilita así el manejo del prime time y la reducción del zapping, alterando definitivamente los horarios de los programas.
-La introducción de una dinámica de oferta y demanda: Se autorizan las transferencias de licencias facilitando la compra-venta de medios y haciendo muy difícil el seguimiento de los compromisos de los licenciatarios con el servicio.

A esta serie de normativas debe sumarse la sanción de la Ley 25.156 en 1999 de Defensa de la Competencia. Sancionada una década después de haber comenzado las privatizaciones de los servicios públicos. Además, los artículos de esta ley relacionados con las prácticas predatorias y  las posiciones dominantes del mercado, hasta el 2009 continuaban sin estar reglamentadas.

En 1999 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.208 con la cual pretendió crear una empresa estatal no gubernamental, denominada Ente Radio Televisión Argentina (RTA), encargada de la gestión de los medios de transmisión públicos (Canal 7, Radio Nacional y las emisoras integrantes del SOR).Esta normativa preveía una conformación pluralista de evaluación de RTA (un directorio de cinco miembros y un comité de evaluación compuestos por representantes de los sindicatos de los medios de comunicación, de productores y directores de cine y teatro, miembros de universidades nacionales, etc), con control del parlamento (comisión bicameral de 15 legisladores). Esta legislación fue sancionada pocas semanas después de que la fórmula del PJ (DUHALDE- ORTEGA) perdiera en las elecciones. Esta ley fue vetada por el entonces presidente Fernando de la Rúa, días después de haber asumido como presidente.


PRIVATIZACIÓN DE CANAL 11 Y 13

La privatización de Canal 13 y 11 se da como consecuencia de la imposibilidad del Estado de solventar los gastos que estos canales acarreaban y el posible cierre de los mismos a futuro si esto no cambiaba. La imposibilidad de pagar los salarios, y posteriores paros a raíz de ello en los diferentes canales y medios, fue una de las principales causas por las cuales el 21 de Septiembre de 1989 el ya presidente Menem firmó el DECRETO 830/89 donde llamó a licitación para la privatización de canal 11 y canal 13. Los interesados realizaros sus propuestas económicas para los canales.
El 22 de diciembre se promulgo el DECRETO 1.540/89 que concedió las licencias de LS 84 TV Canal 11 a Televisión Federal SA, y LS 85 TV Canal 13 a ARTEAR. De lo que concierne a la repercusión del suceso, solamente el diario Clarin le dedico considerable importancia dedicando la tapa del diario y las primeras 5 paginas, en lo que respecta a los demás diarios, solamente lo mencionaron, dedicándole las primeras planas a otros acontecimientos.
A partir de aquí comienza una coadministración en manos de Estado y de las empresas privadas. Si bien en lo que respecta a la finanzas se cumplió con lo establecido (sueldos, aguinaldos y la totalidad de lo que figuraba en los respectivos convenios colectivos se cumplió en tiempo y forma), las políticas de contenidos no variaron y seguían organizándose en términos de rentabilidad económica. Los canales dependían de las pautas publicitarias y por ende, los sueldos y la estabilidad económica también.

El acto de adjudicación de las licencias fue convertido en una “tribuna mediática” por el entonces presidente para: alinear a la propia tropa en las novedades de acompañar a las medidas de corte neoliberal, refrendar el objetivo de su gobierno, y por ultimo para dejar en claro que la avanzada privatizadora recién comenzaba.


FERNANDO DE LA RUA

Fernando De La Rúa asume en un marco donde las transformaciones sufridas en el sector de las comunicaciones durante la época menemista fueron una de las más radicales en la historia. El sector experimento simultáneamente procesos de expansión, de incorporación intensiva de tecnologías, concentración de la propiedad de los medios y desembarco del capital extranjero como resultado de la aplicación de políticas neoliberales. Esto dejo como herencia un marco legal desactualizado y alterado por numerosos decretos de aplicación: regulaciones y favores concedidos, producto de la buena relación entre el corrupto regulador y los poderosos regulados-actores del sector, que profundizaron la concentración y centralización en favor de Buenos Aires y un sistema de medios poco creíble y al borde de la quiebra.
El gobierno de la Alianza que llego al poder en 1999 cambió la forma de conducción pero dejó intacto este modelo. Profundizó el régimen neoliberal en lugar de encarar una propuesta reformista como había prometido, agravando la crisis económica y manifestando el deterioro institucional. Es por ello que a los dos años de la llegada del presidente De La Rúa al poder estalló una crisis que no se apaciguó hasta su caída.

Desde que asumió De La Rúa la intervención en el ámbito de las comunicaciones fue una constante. El COMFER puso en marcha una serie de medidas: generó nuevas vías de comunicación con los emisores y los receptores, aumento su presencia social, se comprometió con objetivos mensurables de gestión a través de la carta de compromiso con el ciudadano, elaboró un nuevo proyecto de ley de radiodifusión e inicio una cuestionable normalización del espectro radiofónico.
El comité hizo hincapié en el control y fiscalización del sistema de medios a través de distintos mecanismos. Por la vía legal decidió ordenar el espectro y perseguir la ilegalidad, con la guía de contenidos puso en marcha la fiscalización de los contenidos. Esta actitud de “hacer cumplir la ley” que llevo a cabo el interventor López Gustavo, fue contradictoria  con los argumentos esgrimidos para cambiarla y con la ausencia de sanción en el caso de telefónica (violaba la norma que impide a una misma empresa poseer dos canales de TV abierta -Telefe y Azul- en la misma área de cobertura.
Si bien el órgano controlador (COMFER) transparentó su accionar y llevó adelante una conducción que podía considerarse prolija (actualizó manuales de procedimientos internos, publicó constantemente sus decisiones, sometió a consulta muchos de sus cambios), es evidente que no se democratizó ni federalizó. Siguió siendo el ejecutor de las decisiones gubernamentales. Por eso se pueden evidenciar dos niveles de responsabilidad: 1. Formado por los miembros del COMFER, que puso en marcha ciertas iniciativas, y 2. Uno superior, que es el gobierno por tener origen en el entorno presidencial, que decidió la posición final a adoptar, aunque ello significara ir en contra de la iniciativa anteriormente mencionada.
Sin embargo se debe destacar que el COMFER brindó apoyo a la dimensión social incentivando a las radios universitarias, en cárceles y en zonas de fomento y frontera. Además fue la única instancia que demostró algún grado de planificación para el sector, previendo de forma ordenada aunque injusta el otorgamiento de licencias de radio y TV.

Si bien el presidente vetó la ley conocida como RTA, no hizo lo mismo con el decreto 1.005/99 firmado a último momento por Menem, dando visto bueno a la concentración y centralización. Días después de haber llegado al poder, De La Rúa vetó mediante el DECRETO 152/99, la ley 25.208 (RTA), ya que la situación hacía imposible su puesta en práctica.
RTA pretendía crear una sociedad estatal no gubernamental controlada por el Congreso, a cardo de la administración de ATC, Radio Nacional, el SOR y la RAE. La ley establecía que los medios de la RTA no podían publicitar alcohol, tabaco, ni juegos de azar y debían emitir programas culturales y educativos. RTA se financiaría con dinero proveniente del presupuesto nacional, 30% de lo que recaudara el COMFER y un fondo de “renovación tecnológica” formado por un porcentaje de lo recaudado por el estado de la adjudicación de licencias. Además el organismo tendría en su estructura un Comité de Evaluación integrado por representantes de diversos orígenes.
De La Rúa crea en 2001, mediante el decreto 94/01, el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) también conocido como Multimedios Oficial, para integrar el SOR, Canal 7 y la Agencia de Noticias Télam.

En materia de adjudicación de frecuencias de radio y televisión, el gobierno decidió normalizar el desorden del espectro radiofónico suspendiendo a través del COMFER todas las adjudicaciones hechas por la administración anterior.
Dio así lugar al proceso de análisis de 438 adjudicaciones del que resultaron confirmadas 157 licencias y revocadas 275 (las revocaciones donde había existido concurso fueron por deficiencias en el proceso de adjudicación y en el caso de las directas se dieron de baja por estar en zonas conflictivas, es decir, donde la demanda de radio superaba a la oferta).
 La segunda etapa de normalización consistió en entregar provincia por provincia todas las radios que estuvieran en condiciones en las zonas no conflictivas, para resolver aquello que estaba pendiente de adjudicación. En las provincias normalizadas se colocó un registro de preinscripción con el fin de conocer la cantidad, localización, frecuencia y potencia de las emisoras.
La tercera y última etapa de normalización, que nunca se llevó a cabo, pretendía normalizar las restantes 17 zonas del país, consideradas conflictivas, llamando en cada una a un censo de interesados para establecer si la asignación se haría de modo directo o por concurso. Las que quedaran afuera tendrían que esperar anualmente a que se abriera el registro para poder ingresar, o bien elegirían estar en la ilegalidad.
Para dar sustento a este proceso, el presidente, firmó el DECRETO 883/01 modificatorio del 310/98, con el objetivo de facilitar la normalización de las FM, y el COMFER presento la resolución 1.138/01, con la nómina de los primeros 88 concursos públicos para la licitación de las radios FM que habían sido anuladas en la primera parte del plan de Normalización.
En el caso de las concesiones hechas para radios AM, la administración López no las anuló sino que siguió con el proceso de adjudicación. Se analizaron las impugnaciones y se realizó un segundo llamado a licitación porque el 80% había quedado desierto.
Más allá de estas medidas, el proceso de normalización estaba pensado para ser sostenido no solo a través de la asignación de licencias, sino también por medio de la lucha contra la clandestinidad. Por eso el COMFER solicito a la Comisión Nacional de Comunicación, el decomiso de aquellas radios que transmitían sin permiso. A partir de ahí surgieron dos resoluciones: La 500 que reglamento el sistema de denuncias, y la 703 que permitió al particular damnificado tener una copia certificada de la declaración que certifica la clandestinidad y acudir ante un juez federal para que le ordene a la CNC el decomiso.
De la misma manera los miembros de ARPA, ATA y ARBO hicieron el suficiente lobby para que comenzara a tratarse un proyecto de ley para penalizar a las emisoras ilegales de radio y TV. Esta iniciativa se concretaría a partir de una reforma del Código Penal, que sostenía la penalización de toda radio clandestina de conexión no autorizada. El proyecto se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados.

En materia de televisión, el COMFER llevó a cabo un censo para interesados en el servicio, con la intención de usar los datos revelados para confeccionar un nuevo plan técnico de frecuencias. El plan técnico comenzó a elaborarse cuando el PEN firmo el DECRETO 1.473/01 ordenando la realización de un nuevo llamado Plan Nacional de Televisión, con el objetivo de licitar canales grandes y chicos para el sector privado. El plan debía tener en cuenta a los inscriptos en el relevamiento, a las emisoras operativas, las que tuvieran autorizaciones y los actuales licenciatarios.
El Plan Nacional de Televisión fue presentado en 2001 e implicaba el llamado a concurso público para otorgar al menos 50 licencias para TV abierta en todo el país. La intención era licitar 4 categorías de canales según su potencia de emisión. También apuntaba a reglamentar el funcionamiento de las redes de TV abierta, estableciendo licencias nacionales, regionales y locales. Para ello se dividiría el país en 5 secciones: noroeste, noreste, centro-cuyo, Patagonia y Buenos Aires. La finalidad, según el COMFER, era modificar el sistema actual que condensaba la oferta, apostando a que los licenciatarios produjeran contenidos.

En el 2000 el COMFER anuncia la elaboración de un anteproyecto de ley de radiodifusión. La Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados, decidió convocar a una serie de audiencias públicas para debatir el proyecto. En teoría, este fracaso por la falta de acuerdo en emitir su dictamen, aunque los asesores de los legisladores aseguraron de manera extraoficial que se debió a que hubo intentos de “acuerdo por fuera”, es decir presión directa para impedir su sanción.
La propuesta conservaba la estructura de la propiedad vigente, los holdings no hubieran visto afectados sus intereses, incluso algunos podrían haber salido fortalecidos al poder construir redes permanentes, imponiendo desde Capital Federal un modelo que profundizaría la centralización y concentración monopólica.

En relación con el Convenio de Competitividad para incentivar al sector radial firmado en 2001 por el estado nacional, ARPA y 4 gremios, cabe destacar que el acuerdo preveía ventajas desde el Estado para con las estaciones radiales con licencias y permisos provisorios y empresas productoras de programación y contenidos. Como contrapartida ARPA se comprometía a preservar los niveles de empleo, generar crecimiento y poner al aire compañas contra la evasión impositiva. Además, en consecuencia a las presiones de los propietarios de los medios sobre el PEN y el Ministerio de Economía, se emitió el DECRETO 1.522/01 donde obtuvieron la reducción de los gravámenes que pagan por ley al Estado los licenciatarios de servicios de radiodifusión. La TV abierta y por cable pagan un 63% menos y las radios entre un 50/60%.
Aquí vemos quienes terminaron regulando las políticas del sector, y como la cercanía de los regulados con los funcionarios logró beneficios puntuales para los propietarios de medios.

Si bien el COMFER logró cierta transparencia, su legitimidad es cuestionable. El ordenamiento del espectro radiofónico comenzó a hacerse según la Ley 22.285 con sus modificaciones, a la par de que se intentaba cambiarla y se la criticaba. Esto implico dejar fuera, a pesar de sus promesas, a un número importante de emisores.
En lo que respecta a la TV la licitación de más canales podía representar una posibilidad de mejora en la maximización de cobertura y el camino para acabar con el centralismo y aumentar la diversidad de emisoras. Sin embargo se los llamo a concurso son un marco legal inadecuado ligado al periodo anterior.
En lo que respecta a los medios públicos, el reemplazo de la RTA por la SNMP pone en manifiesto una actitud avasalladora de las decisiones legislativas, pone en manifiesto las decisiones unilaterales, sin consenso partidario y ausencia de debate público. La creación de lo que se llamó multimedios oficial, al igual que la recuperación de ATC, no represento más que la negativa del gobierno a perder el control sobre los medios estatales. Se continuó con la tradición de hacer de los medios públicos un instrumento del gobierno.

Si por un lado se buscó construir una imagen de eficiencia y claridad, y se pretendió generar un debate siempre postergado por una nueva ley, por otro lado, las decisiones importantes se definían a puertas cerradas y bajo la influencia de los grandes grupos encabezados por Telefónica y Clarín, y bajo la influencia del marco legal vigente. Detrás de la facha de transparencia y prolijidad, lo que había era un continuismo en materia de política comunicacional.

DUHALDISMO (EDUARDO DUHALDE)

En el 2001 el país atravesó una de las crisis más difíciles de la historia. Los medios de comunicación tienen una doble condición de protagonistas, por un lado por ser empresas con intereses económicos, y desempeña un rol central para el desarrollo del sistema democrático: la difusión de información, la contribución al debate, la construcción de identidades. En un momento de inestabilidad institucional, los intereses empresarios y la importante función social de estos actores generaron una tensión complicada de resolver, que los convierte en uno de los sectores claves para este periodo.

El gobierno de Duhalde decidió restructurar el área de comunicación que había recibido al llegar al poder, y volver a centralizarla con la creación de la Secretaria de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación, con Carlos Ben como Secretario. Se dictamino la transferencia bajo su tutela de las emisoras que dependían de la Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación. También se transfirió a su cargo la Subsecretaria de Comunicación, que dependía de la Secretaria General de la Presidencia y el SNMP.
La Secretaria de Cultura y Medios de Comunicación paso a llamarse Secretaria de Cultura. La práctica de intervenir en el COMFER continúo en el 2002 con la designación de Carlos Cattarbeti. Pocos días después de asumir tomo entre sus primeras medida la no renovación de 110 empleados del organismo y despidió a 20 directores elegidos por concurso en la gestión anterior. Los exfuncionarios perjudicados iniciaron acciones judiciales que concluyeron en 2007 con la restitución de los cargos y la reincorporación de los directores.
Por otra parte Cattarbeti discontinuo iniciativas de la anterior gestión, como la Carta Compromiso con el Ciudadano y el programa nación de radios con escuelas Rurales y de Frontera.

Una de las pocas iniciativas de Cattarbeti frente al COMFER fue la salida de un nuevo régimen de sanciones para la radiodifusión. El nuevo sistema establecía más regulaciones, tanto en los contenidos como en el funcionamiento y la instalación y control de emisiones. El plazo de liquidación de las multas paso a ser trimestral, acotando así el periodo de pago.
Sin embargo el DECRETO 2.362/02 que firmó Duhalde y acompaño este sistema de sanciones continuo con la tendencia anterior. Se dispuso de un régimen para facilitar el pago, que podía ser en efectivo o con campañas en favor de la Secretaria de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación o el COMFER. La grave situación económica fue la excusa que utilizó el gobierno paras seguir con esta práctica del canje de deudas, reduciendo la capacidad de recaudación del COMFER para fomentar el cine, el teatro y otras áreas.
El gobierno de Duhalde avanzo poco en la normalización del espectro radioeléctrico. No obtuvo logros concretos en la apertura y la democratización. Por el contrario se puede ver una clara política en este aspecto que puede definirse en dos cuestiones claves: el intento de penalizar a los ilegales y la restricción de nuevos oferentes de televisión por cable. Ambas medidas buscaban satisfacer las demandas de los grupos mediáticos más poderosos del país, limitando la competencia.
Desde el COMFER se reclamaba la penalización de las radios ilegales como herramienta para la normalización del espectro. En 2001 la Cámara de Diputados había aprobado la modificación del código penal para incluir el delito de emisiones de radio y TV. En 2002 el COMFER intimó a radios con o sin licencia a que adecuasen sus normas de transmisión, ya que aparentemente interferían con el sistema de aterrizaje del aeropuerto Jorge Newbery.
Tanto en COMFER como la Cámara de Diputados instaban al Senado para que aprobara el proyecto, Caterbetti sostenía que solo así se lograría la liberación de las frecuencias ocupadas sin autorización.
En la Cámara alta había dos posiciones respecto del proyecto: quienes impulsaba la aprobación sin modificaciones y quienes presentaban disidencias de diversos puntos. El proyecto finalmente no prosperó y el interventor del COMFER no contó con la herramienta para la normalización del espectro.
La segunda medida clave del COMFER fue la suspensión de la venta de pliegos para nuevos oferentes de la televisión por cable. Luego de la crisis de 2001, la devaluación de la moneda incremento los costos de programación y materiales en un 100%. Al mismo tiempo cayo el número de abonados suscriptos a los servicios (Multicanal y Cablevisión).
Para salir de la crisis se implementaron políticas empresariales. Sin embargo lo que revertió la situación fue la suspensión en la venta de pliegos para el ingreso de nuevos operadores. En el 2000 se suspendió la posibilidad de instalar nuevos servicios de televisión por cable, medida que se extendió hasta el 2002, y luego extendió la gestión de Duhalde un tiempo más creando una barrera de entrada legal para nuevos operadores. La recuperación económica del país en el 2003 colocó a la TV por cable como un negocio rentable para estas empresas oligopólicas.

En lo que remite al sector privado se realizaron intervenciones puntuales para definir la situación legal de algunos medios privados. Estas medidas fueron la renovación de la licencia de América TV, la venta de Canal 9 y el otorgamiento directo de la última FM de categoría A  de Buenos Aires a Daniel Hadad.
El caso de la renovación de la licencia de América no era sencillo por el incumplimiento frente a los obligaciones contraídas: reiteradas transferencias de acciones sin autorización oficial, transmisión y producción desde Capital Federal, en vez desde La Plata, y encontrarse en concurso preventivo de acreedores. Sin embargo, todo esto no impidió que la resolución 952 del COMFER renovara la licencia de América TV por otros 10 años.
Por otro lado, algunas cuestiones, legales y empresariales, determinaron que telefónica vendiera uno de sus canales de Buenos Aires (Azul TV). Además de la intimación del COMFER por infringir la ley de radiodifusión. Telefónica comenzaba a desprenderse de los medios adquiridos en los 90 para concentrar sus activos en las telecomunicaciones. En 2002 Telefónica acepta la propuesta de Hadad y sus socios para quedarse con Canal Azul y los canales asociados. Si bien en un comienzo los dueños del canal eran Argentinos, en 2007 Hadad venderá el 80% de las acciones del canal el empresario mexicano Ángel González.
Finalmente en 2003, el COMFER decidió adjudicar de forma directa FM 97.5 “Vale”. Esta medida incumplía con el decreto 883/01 por tratarse de una categoría alta y estar en una “zona conflictiva” debía otorgarse por concurso. La empresa beneficiaria fue Radio Productora 2000 a cargo de Hadad. La entrega de la frecuencia se produjo por medio de la firma de un convenio entre responsables legales del COMFER y Hadad. La empresa desistía de dos concursos que estaba participando en el interior del país por quedarse con la frecuencia de alta potencia sin concursarla.
La nueva intervención del COMFER en mayo del 2003 consideró que se trató de un otorgamiento incorrecto. El caso llego a la justicia ya que el apoderado reclamaba su derecho de explotación. Su argumento se basaba en que había sido otorgada por el mismo organismo que ahora daba marcha atrás. Finalmente la corte fallo en favor de la productora.

En lo que respecta a las políticas públicas en 2002 comenzó de negociación de la ley de “Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”. El principal cambio que establece esta ley es la posibilidad de incorporar el 30% del capital extranjero en la propiedad de los medios de comunicación a partir de su entrada en vigencia, exceptuando las empresas que previamente excedieron ya dicha cifra. Se elimina el mecanismo de cram down para los medios de comunicación, evitando así que las empresas sean adquiridas por sus acreedores ante la imposibilidad de pago.
La capacidad de lobby de Clarin generó que se tomaran medidas para ayudar a las empresas endeudadas. La ley 22.563 introdujo la eliminación del cram down solicitada por Clarin y el DECRETO 214/02 pacifico las deudas en dólares.
Después de una época de exacerbación del mercado y demonización de la intervención estatal, durante la crisis del periodo del 2001 se exigió la intervención para la conservación de los patrimonios. Pero el estado no actúa como actor homogéneo. La modificación de la Ley de Quiebra fue resistida por los sectores externos principalmente por el FMI y los acreedores involucrados. La presión de los sectores externos por la restitución de la ley a su estado anterior, culmino con la sanción de una nueva ley 25.589 que restituyó el mecanismo de Cram Down.

La Ley 25.750. Su primer artículo menciona la importancia de resguardar los bienes y patrimonios culturales, pero sin establecer directivas o pautas al respecto. Los cuatro artículos restantes versan sobre los medios de comunicación.
El artículo 2 establece la limitación del 30% para el capital extranjero en la propiedad de los medios de comunicación, exceptuando aquellos que ya estaban en manos de empresas extranjeras o contratos celebrados antes de la ley.
El articulo 3 detalla que se entiende por medios de comunicación coincidiendo con la definición del grupo Clarin: “Diarios, revistas, periódicos, y empresas editoriales en general. Servicios de radiodifusión y servicios complementarios de radiodifusión comprendidos en la ley 22.285. Productoras de contenidos audiovisuales y digitales. Proveedores de acceso a internet. Empresas de difusión en vía pública”.
El artículo 4 establece las condiciones que deben tener las empresas para ser nacionales o extranjeras.
El artículo 5 elimina el mecanismo de cram down para los medios de comunicación a través del aval del Poder Ejecutivo.

Esta cuestión puso en manifiesto la tensión entre los intereses empresarios de los medios de comunicación y su intención social de informar, que redunda en su credibilidad y en su posicionamiento en el mercado al mismo tiempo. En plena crisis institucional y económica, los actores más poderosos demostraron nuevamente ser los que deciden sobre la radiodifusión. Los medios de comunicación fueron el único sector empresario que obtuvo una legislación específica para resguardar su propiedad luego de que se restituyera el mecanismo de cram down, con la segunda modificación de la ley de Quiebra. La Ley de bienes culturales fijó un límite para el ingreso de capital extranjero, además de excluir el temido cram down. La política pública de radiodifusión se centró en la defensa de las empresas de medios nacionales, pero sin contemplar como contraparte ninguna exigencia para mejorar el sector.

Los medios que estaban en manos del estado continuaron siendo empleados en favor del gobierno. Utilizados con una finalidad propagandística partidaria del gobierno en el poder.
La gestión duhaldista intervino en el SNMP implementado por el gobierno anterior, por ciertas irregularidades que se manifestaron en un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Si dispuso un interventor, Marcelo Simón, con la finalidad de normalizar la situación.
La crisis del 2001 no garantizó los recursos necesarios para la autofinanciación del sector de medios públicos. El presupuesto que se destinó en el 2002 solo alcanzo para pagar los sueldos de los integrantes del SNMP. Todos los gastos operativos (pago de servicios públicos, inversión para programación y mantenimiento técnico) fueron cubiertos con la venta de espacios publicitarios, contradicción en sí misma, ya que debería generarse una programación de calidad no una que siga las leyes del mercado competitivo.
Finalmente en lo que respecta a la calidad y diversidad de programación, los niveles bajos de audiencia reflejaron una tendencia de baja calidad en la programación del servicio.

La firma de cuatro decretos de necesidad y urgencia implementó un paquete de medidas para detener una política que puso en riesgo los medios públicos en la época de los noventa. Primero se derogó el decreto 1.022 que disponía la sustitución de la frecuencia de canal 7 por la señal 4+, mediante la firma del decreto 702 por parte de Duhalde.
Otra media fue la creación de TELAM SOCIEDAD  DEL ESTADO a través del decreto 2.507 que dio marcha atrás con la incorporación de la agencia pública al SNMP.
Una de las políticas de comunicación más trascendentales fue la modificación de la ley de radiodifusión en el rol subsidiario del Estado hacia el sector privado para la prestación de servicios. Duhalde firmó dos decretos para tomar a su cargo el servicio en cualquier territorio del país, más allá del mapa de interés privado. El primero fue el 2.368 que permitía al poder ejecutivo determinar las zonas del interior donde se ubicarían las repetidoras de la señal televisiva.
El segundo, hacia el fin de su mandato, fue el 1.214, permite que el Estado se reserve para sí la posibilidad de que cada provincia tenga un canal de televisión abierta y una radio AM y cada municipalidad una FM, sin tener en cuenta que otros prestadores tienen licencia en esas áreas de cobertura, eliminado el rol subsidiario respecto del sector privado. Se permite además la venta de espacios publicitarios para dl sostén de los medios.
El decreto 1.214 generó muchas repercusiones. De los principales opositores se destaca la cámara empresarial, a través del planteo de la crisis del mercado publicitario para mantener los medios actuales. El COMFER duhaldista defendió la medida mientras que el COMFER del gobierno sucesor manifestó su oposición a la medida, aunque finalmente no fue derogada.


NESTOR KIRCHNER

El fin del gobierno de Duhalde se vio precipitado por la “Masacre de Avellaneda” el 26 de junio de 2002, donde una manifestación piquetera fue violentamente reprimida por fuerzas policiales en el puente Pueyrredón, y terminó con la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillan. Las elecciones previstas para Octubre de 2003 se adelantaron para abril.
Los principales referentes para el cargo eran el ex presidente Carlos Menem por el Partido Justicialista y los gobernadores Juan Manuel de la Sota, Juan Carlos Romero, Adolfo Rodríguez Saa y Carlos Reuteman. Para enero de 2003 se tomó la decisión de eliminar el sistema de internas por única vez y habilitar a los distintos precandidatos para la utilización de signos partidarios comunes. De esta forma Duhalde otorgó su apoyo a un gobernador poco conocido: Néstor Kirchner. El PJ se presentaría entonces con tres fórmulas distintas: Kirchner – Scioli, Menem – Romero y Rodríguez Saa – Posee. Si bien las encuestas ubicaban a la primer formula por detrás de los otros dos llegaron al ballotage Menem y Kirchner. Finalmente, para adelantarse a ki que sería una inminente derrota, Menem no se presenta al ballotage y asume Néstor.
En un contexto signado por la depresión económica, elevados índices de pobreza, y una lata tasa de desempleo, la Argentina expresaba desanimo político. La drástica devaluación de la moneda y las fuertes presiones de los organismos internacionales para aumentar la deuda externa del país eran los indicadores de ello. Dentro de las cuestiones preliminares a resolverse, también se encontraban el control de la inflación, el mantenimiento de los salarios, la renegociación de las tarifas con las empresas de servicios públicos privatizadas, entre otras cuestiones. En este marco asume Néstor Kirchner en mayo del 2003 la presidencia.

Si bien en el discurso presidencial de asunción no hizo alusión a la comunicación o a los medios de difusión masiva, la atención gubernamental que se les prestaría a estos temas sería fundamental. Así fue que los funcionarios elegidos para ocupar puestos relevantes en dependencia estatal relacionadas con la comunicación lo fueron más por la lealtad o coincidencia ideológica-partidaria que por presentar antecedentes de mérito suficiente como para acceder al cargo por concurso. Entre las autoridades designadas se encontraban el Secretario de Medios de Comunicación, Guillermo Moreno (remplazado en 2006 por Carlos Lisandro Salas); el interventor del COMFER Julio Donato Bárbaro, el interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos José Paquez (reemplazado en 2004 por Ricardo Palacios).
Dado que esta gestión de gobierno heredaba en materia de comunicación el eterno lastre que representa la democracia la ley de radiodifusión vigente de la última dictadura militar, con sus características centralistas, autoritarias y obsoletas, no fueron pocas las ocasiones en que se mencionó su inminente reemplazo. La promesas de actualización fueron varias pero lo cierto es que la voluntad política para sancionar una nueva normativa nunca se manifestó.
A pesar de ser una administración que asumió una clara postura negativa con la última dictadura militar, que purgo las cúpulas de las FFAA, mantuvo un discurso a favor de la vigencia de los derechos humanos, impulso la nulidad de las leyes de impunidad y encaro una importante renovación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, declarando la inconstitucionalidad de los indultos menemistas, no demostró interés en promulgar la sanción de una nueva ley.

Dentro de las principales medidas impulsadas dentro del gobierno de Kirchner en materia de comunicación se hallan una serie de disposiciones que favorecieron a los grandes conglomerados mediáticos presentes en el país, profundizando la concentración económica. La primera normativa que se regirá a partir de mayo de 2003 es la Ley 25.750. El 18 de junio el proyecto de ley sobre la “Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales” recibió la segunda media sanción para su promulgación. Así se evitó que los grandes multimedios endeudados en dólares fueran absorbidos por sus acreedores externos, por medio del establecimiento de un tope del 30% a la propiedad extranjera en medios de comunicación nacionales y del “salto” al cram down previsto por la Ley de Quiebra para estas empresas.
De este modo no solo se auxilia desde el Estado a las empresas endeudadas, sino que también se legitima legalmente la participación extranjera en medios de comunicación, algo que hasta entonces estaba prohibido. La denominación de la medida como “protección de las industrias culturales” oculta que la ley se refiere únicamente al tema de la propiedad de los medios haciendo caso omiso de que se trata de industrias que producen mercancías con una doble valencia, tanto económica como simbólica, pues vehiculizan los códigos culturales y representaciones/concepciones del mundo. Por tanto se trata de una representación falaz, en tanto no regula sobre contenidos transmitidos a través de los medios de difusión masiva, los que requieren de normativas que promuevan la diversidad de voces.

En cuanto a los canales 13 y 11, Los vencimientos de sus licencias estaban estipulados para principios del 2005, ya que habían sido adjudicados en 1989 por medio del decreto 1.540. Ya desde el 2004 declaraciones de Julio Bárbaro permitió entrever cual sería la postura gubernamental (al 13 y Telefe se los daremos automáticamente porque tienen derechos adquiridos).
Fue así que el 30 de Septiembre de 2004 el interventor del organismo regulador firmo la Resolución 1.326/04 por medio de la cual se extendió la titularidad de la licencia “LS 85 TV CANAL 13” de CABA a Artear SA, mientras el 17 de Diciembre se hizo lo propio con la licencia de “LS84 TV CANAL 11” cuyo titular era TELEFE SA a pesar de encontrarse en manos de Telefónica, a través de la Resolución 1.837/04 ampliándose ambas concesiones hasta enero de 2015.

En mayo de 2005 Néstor firmó el DECRETO N°527, que establecía la suspensión del cómputo de los plazos de las licencias de los servicios sonoros, televisivos y complementarios de todo el país por un lapso de 10 años. Ante la imposibilidad legal de prorrogar las licencias de radiodifusión por otra década, se introdujo una suerte de ficción jurídica que implantó la detención del conteo, de modo que los licenciatarios puedan casi eternizarse en el control de los medios. De esta forma todos los concesionarios de medios, desde quienes habían accedido a las licencias aun antes de las sanciones de la Ley 22.285 y se acogieron luego a la prorroga establecida por el art. 112 de dicha normativa, pasando por aquellos que obtuvieron licencias antes del fin de la última dictadura militar (como canal 2 y 9), los que fueron privatizados bajo el menemismo y quienes recientemente se les había otorgado diez años de extensión (canales 11 y 13), hasta quienes acababan de obtener la concesión de algunas frecuencias, todos fueron beneficiados con diez años de gracia, mientras las críticas y los cuestionamientos hacia los contenidos emitidos por los medios iban en aumento.
La normativa suponía, según un discurso de Néstor: “Queremos los medios en manos de empresarios nacionales como ocurre en los países serios del mundos”. Pero no se mencionó que entre los principales beneficiarios de la norma se encontraban los españoles del Grupo Admira (Telefónica) y de Grupo Prisa, los mexicanos del Grupo CIE, lo cierto es que la normativo vino a subsanar otros objetivos e intereses que se relacionan con el pedido expreso de algunos licenciatarios de medios cuyas empresas se hallaban en situación jurídico-patrimonial crítica, por lo que necesitaban de la extensión de plazos para renegociar sus deudas.
El expediente de trámite para la sanción de esta medida, caratulado con el número 499/03. Se inició el 7 de abril de 2003 bajo la intervención de Carlos Caterbetti en el COMFER, y se terminó por resolver por medio de un decreto presidencial que involucra razones de “necesidad y urgencia” para su sanción. Frente a la medida se pueden deslindar la presencia y accionar de distintos actores involucrados. Dentro del Estado Nacional se distinguen el Poder Ejecutivo promotor de la medida, el Poder Legislativo, donde discreparon las dos Cámaras. Por un lado la de Senadores que se manifestó en favor de la medida, y la de Diputados que expresó su preocupación al respecto. Por otro lado el sector privado, quien dirigió una carta al jefe de Gabinete Alberto Fernández firmada por las principales sociedades de tele-radiodifusores privados del país. ATVC, ATA, ARPA, CEMCI, le solicitaron que arbitrase los medios necesarios para efectuar la suspensión del cómputo de las licencias por diez años. La lectura de esta carta se vuelve primordial para comprender la realcion estrecha entre el Estado y los privados, puesto que los términos que estos utilizaron y las justificaciones que esgrimieron fueron los mismos que luego aparecieron en el decreto 527 que firmo Néstor mas tarde. 
Por ultimo cabe destacar que el decreto establece que los licenciatarios deben, en un plazo de dos años, elevar al COMFER un “espacio” de programación que contribuya a la defensa de la cultura nacional y a la educación de la población, junto con un plan que prevea la incorporación de nueva tecnología, como la digital. La reglamentación de la medida se produjo dos años después por la Resolución 214 del COMFER y el pazo para la presentación de las propuestas venció en mayo del 2007.
La sanción del Decreto 527 es la medida más trascendental de la administración kirchnerista en materia de radiodifusión. Pero lejos de contribuir al fortalecimiento de un sistema comunicacional democrático, ayuda a la concentración económica en el sector de los medios de comunicación en Argentina.

Otra de las medidas destacadas dentro de la política de comunicación kirchnerista fue del DECRETO 703, en junio de 2005 que permitió a la Radiodifusora Del Plata SA, titular de LS10 Radio Del Plata, escindir en dos licencias independientes sus frecuencias AM 1030 KHz. y FM 95.1 MHz. Se trata de una normativa inédita, ya que debían explotarse como una sola licencia y empresa.
Como hace tiempo las frecuencias AM y FM se adjudicaban de manera independiente, el decreto establece no encontrar obstáculo para que el titular de la licencia separe un derecho económico de otro. Lo cierto es que esta disposición constituye un claro ejemplo del modo en que históricamente se ha regulado la radio en Argentina: siguiendo las políticas del hecho consumado. Es decir, primero manda el mercado (El Grupo Ideas del Sur adquiere la frecuencia AM) y luego aparece el Estado por detrás para regular en favor del Grupo privado (firma el DNU que permite determinarla posibilidad de escisión de las licencias.

El interventor del COMFER Julio Bárbaro señala que la única forma de cambiar la ley de radiodifusión que data de la dictadura era hacerlo “en fetas como el jamón”, puesto que todas las modificaciones que sufrió desde su sanción en 1980  se realizó de este modo, por medio de “parches” y sin una política pública que promueva una reforma integral que permita democratizar las comunicaciones.
Entre dichas enmiendas se destaca la promulgación de la Ley 26.053. Normativa sancionada el 17 de Agosto de 2005, que establece la modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión permitiendo que toda persona física o jurídica pudiera acceder a la titularidad de una licencia, posea o no fines de lucro. Hasta ese momento el primer párrafo del artículo señalaba que se adjudicarían a personas físicas o sociedades comerciales regularmente construidas en el país. Limitando la posibilidad de ser licenciatarios a quienes tuviesen una finalidad comercial. 
La sanción de la ley sufrió numerosos cuestionamientos, tanto así que, recién dos años después se promulgo la modificación del párrafo estableciendo que las licencias se adjudicarían a una persona física o jurídica regularmente construida en el país, quien deberá mantener una serie de requisitos mientras dure la concesión.
Si bien la sanción de la ley fue un avance para permitir el acceso a sectores sociales históricos relegados a la prestación de servicios de radio y TV, también se dieron polémicas. Como por ejemplo la redacción final del nuevo artículo 45 que establece que las empresas prestadoras de servicios públicos quedan excluidas de la posibilidad de acceder a las licencias, salvo en el supuesto de que no exista otro prestador en el área. Y en el caso de resultar adjudicatarias deberán cumplir con ciertos requisitos: llevar una contabilidad separada entre las prestaciones del servicio público y el servicio licenciado, y someterse a un régimen de prácticas anticompetitivas previa revisión del COMFER, que incluye la prohibición de efectuar subsidios cruzados y de negar a los competidores el acceso a su infraestructura de soporte.
La presión de las grandes corporaciones por excluir a las cooperativas de servicio público, fueron innegables. Sucede que estas son las únicas entidades, por su capacidad económica, sin fines de lucro capaces de competir con los grupos que dominan el mercado de la TV y radio en Argentina.
Por otra parte, surge la incertidumbre de si se ha respetado cabalmente lo que dice la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, ya que la Cámara de Senadores efectuó modificaciones sobre el texto tratado en diputados, es decir que la cámara alta suprimió un párrafo que permitía a los prestadores de servicios públicos ser titulares de un servicio de radiodifusión cuando hubiere otro ya instalado en el área.  
        En resumen, aunque la modificación de la ley termino con la necesidad de poseer fines de lucro para acceder a una licencia de radiodifusión, La Ley 26.053 llega tarde y no alcanza. Porque deja afuera a las únicas entidades con capacidad económica para competir con los grandes medios de comunicación, respaldando así el mantenimiento de la concentración vigente.

A partir del artículo 45 se dictaron una serie de resoluciones tendientes a normalizar el espectro radioeléctrico en lo que se refiere a las estaciones de radio. En noviembre de 2005 se firmó la resolución 1.572-COMFER/05 con lo que se con la que se convocó a un Censo de Emisoras Operativas de servicios de radiodifusión sonora por modulación de amplitud y de frecuencia que se encontrasen bajo la titularidad de personas jurídicas no comerciales. Este censo buscaba actualizar los datos posteriormente a la sanción de la Ley 26.053 acerca de las emisoras que se encontrasen operativas, sus características técnicas y encuadre legal, para iniciar así el ordenamiento del espectro.
Al año siguiente, por medio de la Resolución 753-COMFER/06, se les reconoció la titularidad de las licencias a 126 radios comunitarias de frecuencia modulada que habían acreditado su operatividad al momento del mencionado censo.
Unos días más tarde se promulgo el pliego de bases y condiciones para la adjudicación de licencias de radio de amplitud modulada, Resolución 755-COMFER/06 y en agosto de 2007 apareció el llamado a concurso público para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones AM, Resolución 1.244-COMFER/07.
En el marco de esta normalización se destacó la firma del presidente Kirchner del Decreto 721/07, el 12 de junio para autorizar a la fundación de Madres de Plaza de Mayo a la instalación, funcionamiento y explotación de la frecuencia AM 530. Bajo el lema “la prima dela izquierda”, La Voz de las Madres venía funcionando de manera ilegal, con advertencias de su decomiso. El 14 de septiembre de 2007 se concedió una licencia a otra asociación civil de Viedma, Rio Negro, a través de la FM 103.9, recibió la autorización legal para operar la Radio Encuentro.

Existen una serie de continuidades que se han mantenido a modo de herencia en materia de radiodifusión a lo largo de los últimos años. Entre ellas se destaca la continuidad de una serie de artículos de la Ley 22.285 que no han podido ser modificados ni derogados, a pesar de las iniciativas presentadas para tal fin en el congreso de la Nación. Se trata del artículo 96 (que establece que el directorio del COMFER debe estar conformado por tres miembros de las Fuerzas Armadas, uno por la secretaría de Información Pública, uno por la Secretaría de Estado de Comunicaciones y dos representantes de las asociaciones privadas de licenciatarios ATA y ARPA), el artículo 7 y el inciso a) del artículo 72 (que subordinan la prestación de los servicios de radiodifusión a la doctrina de Seguridad Nacional).
El 20 de octubre de 2004, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto de ley que implicaba modificar el artículo 96, sin embargo luego de su aprobación en la cámara baja, fue girado al Senado donde permaneció hasta perder estado parlamentario.

El Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) persiste interviniendo desde el Decreto 354/02 de Duhalde, situación que será prorrogada hasta octubre de 2007. Al asumir Néstor, el SNMP paso a ser controlado por la Secretaría de Medios de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según lo estableció el Decreto 624/03, José Paquez fue designado como interventor y luego lo reemplazó Ricardo Palacio. A fines de octubre de 2007, la presidencia de la Nación puso fin a la intervención y nombro un directorio presidido por Gustavo López, ex interventor del COMFER durante el gobierno de la Alianza y Juan Ross.
Así mismo se produjeron nuevas designaciones de autoridades en el canal y radio estatales. En mayo de 2006 asumió Rosario Lufrano como directora ejecutiva de Canal 7. En Radio Nacional, Adelina “Mona” Moncalvillo estuvo al frente de la emisora hasta abril de 2007. Fue reemplazada por Eduardo García Caffi. 
Si bien los medios públicos pasaron a depender de la secretaria de Medios, Albistur delegó su administración cotidiana y se centró en manejar gran parte de la programación de las emisoras. La ausencia de reglas transparentes para la gestión del DNMP permitió que numerosos contratos artísticos se resolvieran en sus oficinas, firmándose acuerdos con productoras en su mayoría desconocidas, que colocaron en el aire programas que nunca alcanzaron un rating importante.
Aunque el presupuesto nacional hacia los medios públicos aumentó con Kirchner, se han necesitado partidas extra para implementar una serie de mejoras tecnológicas. Equipamientos de Canal 7 y Radio Nacional, nuevas cámaras y transmisores de mayor potencia.
Además se formuló un plan de instalación de repetidoras en todo el país, debido a que varias regiones del territorio nacional no recibían la señal por aire, y otras ni siquiera por tierra. El Decreto 84/05 estableció la colocación de repetidoras de la señal del canal estatal en 18 ciudades argentinas, siguiendo lo dispuesto por la Ley 22.285 (modificado por el Decreto 2.368/02), que determina que el SOR será prestado por una red integrada cuya estación de TV contara con repetidoras en el interior del país en las localizaciones que determine el PEN. De esta forma se hizo efectiva la llegada de la señal a ciudades que antes no llegaban.

En mayo de 2005 se creó el canal “Encuentro” del Ministerio de Educación de la Nación (Decreto 533/05). La señal que forma parte del proyecto Educ.ar -portal educativo del ministerio- fue lanzada en abril de 2006 con el objetivo principal de servir como complemento de la educación escolar. Para tal fin se procura conjugar en su programación contenidos de todas las regiones del país, y vincular la televisión con las tecnologías de la información y la comunicación, incentivando el uso de estas herramientas en los colegios. Si bien es una propuesta innovadora e interesante, solamente pueden acceder al servicio aquellos abonados al cable, mientras que algunos programas son retransmitidos en ciertos horarios a través del canal público. La Resolución 1.831-COMFER/06 dispuso que los licenciatarios de los servicios complementarios de radiodifusión deben transmitir la señal dentro de los primeros 15 lugares de sus grillas.
Por otra parte en febrero de 2006 se firmó un convenio con la República Bolivariana de Venezuela para incluir a la Argentina en la Nueva Televisión del Sur (TELESUR). Se trata de un canal multiestatal con financiación pública, impulsado por el presidente venezolano Hugo Chávez. El secretario de Medios Enrique Albistur fue nombrado como delegado argentino en el directorio de Telesur, en su representación y suplencia, Néstor Piccone coordinaba en 2007 desde Caracas los contenidos estatales y de productoras independientes nacionales que emitían la señal, además de participar en la elaboración diaria del noticiero latinoamericano.

Gracias al Decreto 1.172/03 fue posible acceder a los datos oficiales acerca del gasto público en materia de publicidad oficial. Se trata de una medida relevante en lo que a la libertad de expresión se refiere, en tanto que contempla el derecho al acceso a la información que se encuentra en poder del Estado. Dicha normativa promulgada en 2003, promueve la participación ciudadana en las Audiencias Públicas, así como el acceso libre y gratuito vía Internet a la edición diaria de la totalidad de las secciones del Boletín.
A través de esta medida se pudo observar como el gobierno de Kirchner ha efectuado numerosas asignaciones discriminatorias en materia de publicidad oficial, cuyo telón de fondo es la gran cantidad de lagunas jurídicas que reinan en el marco legal vigente y que permiten a los funcionarios de turno inferir en la libertad de expresión a partir de arbitrarios manejos publicitarios, sin por ello encontrarse necesariamente violando la ley.
Muchos y variados han sido los usos y abusos cometidos con el dinero del Estado destinados a la publicidad en este periodo. Entre ellos se destacan la utilización de la pauta a la manera de subsidio para ciertos medios, sobre las bases falaces de la jurisdicción de “pluralismo” que nada tienen que ver con la finalidad que debería perseguir la publicidad Estatal. Lo que se destaca de la distribución de la publicidad oficial es que constituyó una variable clave para la relación establecida entre el gobierno de Kirchner y las empresas de medios de comunicación.

A lo largo de su mandato, Néstor ha concedido contadas entrevistas, principalmente a columnas dominicales de los diarios de mayor circulación, y a otros en ocasiones de los aniversarios de su gobierno. Así mismo rechazó sistemáticamente conferencias de prensa y el modo escogido para su cobertura de actos públicos fue el envío de mensajes enlatados hacia los canales privados de la tv, sin costo alguno y previa edición por parte del vocero de la Casa de Gobierno.
Esta postura aparece en contradicción con las políticas seguidas en materia de concesiones hacia las empresas de medios de comunicación, tanto en lo que se refiere a la sanción de las medidas legales para proteger sus intereses como a la arbitrariedad de las asignaciones por publicidad oficial. Esto genera una gran cercanía entre reguladores y regulados, situación que no se transluce fácilmente para la opinión pública.  

El tema de la televisión digital apareció en la agenda mediática en varias oportunidades a lo largo del gobierno de Kirchner. Durante los últimos años, los principales auspiciantes de los distintos estándares han venido a nuestro país a presentar las ventajas de cada uno de ellos, pese a los numerosos anuncios acerca de la definición antes del fin del mandato presidencial, pocos han sido los pasos en este sentido.
En 2005 se realizó un encuentro al que se denominó “Jornada de lanzamiento de la televisión digital en Argentina”, organizado por la secretaría de Comunicaciones y la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA), pero el resultado del evento, más allá de algunas charlas acerca de aspectos técnicos y conveniencias económicas del pasaje analógico al digital, no dejo ni un plan concreto de fechas para llegar al “apagón analógico”.
En abril del 2006, por medio de la Resolución N°4 de la Secretaría de Comunicaciones, se creó una Comisión de Estudios y Análisis de los Sistemas de Televisión Digital, encargada de recomendar un estándar técnico. Aquí quedó asentado que ninguno de los sistemas es técnicamente superior a los otros, por lo que el dictamen que esta adoptase, debía basarse en consideraciones económicas tales como inversión, generación de empleo nacional, transferencias de tecnología y pago de royalities.

Al contrario de lo que ocurrió con la TV digital, la televisión por cable ha sido objeto de numerosas disposiciones legales. En línea con la política de “ayudas” estatales hacia empresas de medios de comunicación, se destaca el mantenimiento de la suspensión de venta de pliegos para servicios complementarios, lo que implica la imposibilidad de entrada de nuevos competidores en la prestación de servicios de TV por cable.
Como se explicó en capítulos anteriores, la primera resolución dictada en este sentido se remonta a la gestión del interventor del COMFER Gustavo López (2000-01), habiendo contraído las principales cableoperadoras (Multicanal y Cablevisión), en el contexto de pos-devaluación argentina, enormes deudas en el exterior que les permitieron adquirir compañías competidoras y profundizar la concentración de económica en el sector.
En 2006, por medio de la Resolución 1.242, el organismo regulador inició una instancia participativa de elaboración de normas que establece que no se venderán pliegos hasta tanto no se apruebe el “Reglamento para el acceso de licencias y prestación de los servicios complementarios de radiodifusión”.
A fines de septiembre de 2006, Grupo Clarin, propietario de Multicanal, junto con fondos estadounidenses de Fintech Advisory, adquirieron la mayoría accionaria de la principal competidora del negocio de la distribución de la televisión por cable y servicios de Internet y banda ancha: Cablevisión. Conformando asi el primer sistema regional de video y banda ancha. Según se desprende del extenso dictamen, el grupo concentrará el 55% del mercado de la televisión por cable del país, siendo mayor la concentración en centros urbanos.
De esta forma se registra la última medida del gobierno de Kirchner a favor de los multimedios del Grupo Clarin. Además de legalizar la profundización de la concentración económica en este sector de la rama audiovisual, esta disposición aparece como una ventaja enorme para el poderosos grupo de cara a la convergencia info-comunicacional, con la importancia que el dominio de las redes implica en este proceso. Del mismo modo resulta evidente la pérdida de pluralismo y diversidad de voces que esta operación conlleva, aunque nadie se preocupe por legalizar estas cuestiones. 



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