Arribá - " El Peronismo y la Política de Radiodifusión (1946-1955)" - Políticas y Planificación - Cátedra: Postolsky
El Peronismo y la Política de Radiodifusión
(1946-1955)
por Sergio Arribá
“El Justicialismo ha abandonado
definitivamente el antiguo concepto liberal e individualista de la absoluta
libertad, por entender que la libertad absoluta es el medio más propicio para
el abuso de la libertad, que conduce a la explotación y a la opresión del poder
por parte de unos pocos frente a la debilidad inmensa de la mayoría. El
Justicialismo entiende que la libertad es un medio y no un fin, que no es
lógico luchar por la libertad como tal, por si misma, pero que ella es un
instrumento necesario e insustituible para el hombre, que ha de usarlo en su
propio beneficio, pero también en beneficio de la comunidad. Para nosotros la libertad, como la propiedad,
como el capital, como la economía y todo lo que es un bien del hombre es, no
solamente un bien individual, sino que además es un bien social” [1].
(Juan Domingo Perón)
I.
Introducción
Este trabajo pretende desarrollar y analizar la historia de la
radiodifusión en la etapa del peronismo comprendido entre 1946 y 1955. Para
ello será importante tener presente que más allá de la infinidad de textos que
abordan al peronismo y a la figura de Juan Domingo Perón desde todas sus
caracterizaciones, la relación con los medios de comunicación en su conjunto
-prensa gráfica, radio, televisión y cinematografía- continúa constituyéndose
hasta la fecha un vacío importante en la historia de nuestro país.
Algunos trabajos de
autores argentinos se han aproximado en la investigación de esta etapa -de
manera primaria y selectiva en relación a la recolección de datos e
informaciones- pero han tenido fuertes debilidades e insuficiencias en el
análisis de la información ya que la falta de objetividad del investigador se
puso de manifiesto, privilegiando en estos casos un análisis ideológico
subjetivo que en definitiva, más allá de alejarse de la verdad, sólo genera
confusión.
Porque para desarrollar
esta etapa que instituye una bisagra en la historia de nuestro país; contextos,
procesos, actores, factores e intereses no pueden describirse de manera aislada
sino en su relación con la totalidad para poder aproximarnos a la comprensión
de este fenómeno sin precedentes, denominado peronismo.
Cuando nos referimos a la interrelación se corresponde a la
integración de los siguientes actores[2] y sus diversos miembros: Sociedad, Estado y Mercado en referencia a la
situación histórica y al contexto internacional que influyó inevitablemente en
el proceso de constitución de estos actores.
Juan Domingo Perón modificó una realidad social de la época
accionando desde la política a través de los organismos del Estado -como una
estructura horizontal- afectando variables de la economía (para trasladarse de
un modelo agroexportador a un modelo de sustitución de importaciones) con la
finalidad de generar una distribución igualitaria de la riqueza para toda la
sociedad a través de la justicia distributiva o justicia social. Y como una
estructura vertical, el Estado conformó un monopolio de la información y un
monopolio de los medios de comunicación para consolidar el adoctrinamiento de
las masas[3] (Perón siempre se dirigió a la sociedad utilizando el concepto de
pueblo) por intermedio de la difusión de sus ideas fuerzas “justicia social,
independencia económica y soberanía política” y del programa de gobierno,
titulado “Doctrina Peronista”. Esta conceptualización permitiría alcanzar
finalmente lo que Perón denominó “La Nueva Argentina”[4].
Para poder llevar adelante este proceso, desde la
implementación de políticas públicas, Perón edificó dos conjuntos de políticas
conflictivas y críticas: a) restricción de libertades individuales en pos de
alcanzar la igualdad de toda la sociedad y b) obstaculización del principio
político de la división de poderes para centralizar y concentrar el poder.
Es importante destacar que en todos los países democráticos
el proceso de consolidación de la restricción del poder mediante su
distribución en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, se
desarrolla paralelamente al concepto de soberanía popular.
Las siguientes páginas sólo desarrollarán el fenómeno de la
radiodifusión (radio y televisión) -teniendo en cuenta la limitación espacial-
y estará ausente la profundización de la prensa gráfica y el cine ya que
conforman otro capítulo de este período histórico, el cual explicaría que la
política de radiodifusión conjuntamente con la política de prensa conformó -de
manera desarticulada- la política nacional de comunicación del gobierno.
II.
El Peronismo: La expresión extraordinaria de la conformación del poder
Para
referirnos al peronismo es importante analizar el período que recorren los años
comprendidos entre 1943 y 1946, para ubicar la génesis de Perón y el escenario
político que conformó como plataforma para consagrarse a través del voto en las
elecciones realizadas el 24 de febrero de 1946.
El 4 de junio de 1943 el
Gral. Arturo Rawson y el Gral. Pedro Pablo Ramírez encabezaron un golpe de
estado derrocando al Dr. Ramón Castillo con motivo de finalizar una etapa de la
historia de nuestro país caracterizada en la década del treinta por la
hegemonía del conservadurismo y la inexistencia de la moral política,
singularizada en el fraude electoral y el soborno político.
Este acontecimiento
estuvo comprendido por un suceso significativo que se había generado el 10 de
marzo de 1943, la constitución del GOU[5] (Grupo Organizador y Unificador, Grupo de Obra de Unificación, Gobierno,
Orden y Unidad o Grupo de Oficiales Unidos[6]).
Este grupo militar,
integrado por veinte oficiales del ejército -entre los que se destacaba el
entonces Cnl. Juan Domingo Perón- tenía como objetivo principal constituirse
como un grupo de enlace entre jóvenes oficiales del ejército, que cuestionaba
el orden social establecido de la época y pretendía colaborar con el nuevo
gobierno para evitar casos de corrupción y avances del comunismo.
El GOU, más allá de la
redacción de la Proclama del golpe de estado de 1943 realizada por Perón y el
Cnl. Miguel Montes, titulada “Al Pueblo de la República Argentina”, no tuvo participación
relevante en el momento inicial de la conformación del poder del nuevo gobierno
de facto o dictatorial.
El régimen de gobierno
encolumnado por el Gral. Arturo Rawson tuvo dos etapas en su integración. La
primera, en el inicio del golpe de estado fue ejercida por el Gral. Pedro Pablo
Ramírez, desde junio de 1943 hasta febrero de 1944 y la segunda fase,
comprendida desde febrero de 1944 hasta junio de 1946, fue desarrollada por la
figura del Gral. Edelmiro Farrell.
Esta última etapa, en la
Presidencia del Gral. Farrell[7], permitió construir a Perón su proyecto político, denominado entre 1946
y 1955 la “Doctrina Nacional”[8]. Perón ocupó entre 1943 y 1945[9] los cargos sucesivos de Director y Secretario de Trabajo y Previsión,
Ministro de Guerra, Presidente del Consejo de Posguerra y Vicepresidente de la
Nación.
El escenario
internacional tuvo dos sucesos trascendentales, uno de carácter económico, las
derivaciones de la crisis del treinta y otro de carácter político, la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945).
Las consecuencias de la crisis económica mundial de 1930
produjo una tendencia histórica al proteccionismo de los Estados en relación al
libre comercio que fluctuaba anteriormente.
Este nuevo modelo económico empezaba a marcar diferencias
estructurales entre los países sostenidos por la dependencia de países
periféricos (agroexportadores) en relación a países centrales (industriales).
Esta variable histórica se profundizaría en la década del cincuenta a través
del desequilibrio del intercambio
entre los países que producen el
estrangulamiento de los países subdesarrollados o de la periferia donde los
precios de los productos que exportan los países subdesarrollados tienen
tendencia a bajar con relación a los precios de los que exportan los países desarrollados
(Prebisch, 1981). Es decir, los países subdesarrollados, manteniendo igual
cantidad de sus exportaciones reciben cada vez menos productos extranjeros o
tienen que entregar cada vez más productos propios para recibir la misma
cantidad de productos. Trayendo como resultante que los países subdesarrollados
se ven privados del poder de compra externo y tienen que reducir sus
adquisiciones de maquinaria y de producción, afectando el propio desarrollo de
las naciones.
La Segunda Guerra
Mundial se consolidó en el tema prioritario de todas las naciones, donde
nuestro país no fue la excepción y tuvo importantes implicancias.
El período más crítico
del conflicto bélico acompañó la presidencia del Gral. Farrell y puso en
cuestión cuál era nuestro destino político[10] en el marco de tres opciones: a) ser un país no beligerante o neutral,
b) estar a favor de los Aliados -Estados Unidos, el Reino Unido de Gran
Bretaña, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República
Francesa, principalmente- o, c) estar a favor del Eje -Tercer Reich y el
Imperio del Japón-.
Esta cuestión
internacional evidenció el pensamiento de la política nacional donde la
prolongación del gobierno en declarar la guerra a Alemania y Japón -situación
que hizo de manera tardía[11]- trajo, entre otras consecuencias, luego de múltiples presiones,
sanciones económicas de Estados Unidos hacia nuestro país.
La disputa ideológica se
centralizó en que el gobierno de facto o dictatorial parecía corresponderse
como un gobierno “pronazi”, no obstante, otra posición destacaba que se
comportaba como un gobierno antinorteamericano (Rouquié, 1986).
La fundamentación de
este pensamiento se remite a que la formación histórica del ejército argentino
-desde 1900[12]- fue desarrollada por doctrinas y militares alemanes. Desde aquí se
tiene que partir para intentar comprender el por qué de las relaciones tan
controversiales existentes entre los militares argentinos y los alemanes.
En nuestro país la clase
alta tradicional complementada por una élite económica y un sistema de partidos
políticos sostenidos por “La Concordancia”[13] marcaron una señal que la nación argentina estaba signada por prácticas
políticas desleales –fraude, soborno y corrupción- que lograban la
supervivencia de ciertos sectores de la sociedad y de determinados partidos
políticos adeptos al régimen dominante. El conjunto de la sociedad, a través
del pueblo, estaba excluido en la integración de los factores de poder, del
reconocimiento de derechos sociales y del beneficio de políticas de desarrollo.
Este panorama demostró
antes de la asunción de Perón al gobierno, una crisis nacional comprendida en
cinco aspectos críticos: identidad, dependencia, distribución, participación y
legitimidad (Waldmann, 1981).
El gobierno de Farrell
intentó sobrellevar las crisis internas que producían la ausencia de toma de
decisión en relación al conflicto bélico internacional, la disolución de los
partidos políticos y del Congreso de la Nación y la permanencia del estado de
sitio. Así, la política interior empezó a gestarse a partir de un sólo hombre,
el Cnl. Juan Domingo Perón.
Desde la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social, en el gobierno del Gral. Farrell, Perón potenció al
pueblo como protagonista de la historia y así el pueblo se consolidó como el máximo
factor de poder. A través de dos ideas determinantes: a) formar una conciencia nacional sobre la base de tres requisitos
fundamentales; elevación de la cultura social de las masas trabajadoras,
dignificación del trabajo y humanización del trabajo y b) la sanción de legislaciones sociales; para otorgar al pueblo
derechos sociales.
Perón instauró aquí la
esencia del poder -donde nadie lo había realizado anteriormente- y no en las
instituciones de la república. El poder que estaba en el pueblo, en los trabajadores,
Perón lo institucionalizó posteriormente a través del sindicalismo y de la
Confederación General del Trabajo (CGT)[14].
En este aspecto vemos
una nueva visión en la historia de nuestro país en la construcción del poder
porque no solo implicó la probabilidad de imponer la propia voluntad a otro,
dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el
fundamento de la probabilidad (Weber, 1989) sino que el poder se refirió a la
capacidad de alcanzar objetivos y realizar intereses (Acuña, 2004),
concibiéndose como influencia y control para cambiar el curso de futuros
acontecimientos que sólo pueden ser concebidos al adoptar decisiones
trascendentales (Lukes, 1985).
Debido al importante
crecimiento y gravitaciones que produjo como hombre y realizador político Perón
empezó a tener profundas e irreconciliables divergencias en las fuerzas armadas[15] que lo terminaron aislando militarmente y conduciendo al encarcelamiento
en la isla Martín García, luego de exigirle la renuncia de todos los cargos que
ocupaba[16].
Ante la inestabilidad
institucional generada y la negativa del gobierno de facto de entregar el poder
a la Corte Suprema de Justicia, se convocó a elecciones nacionales. En el
término de esta proposición luego de una manifestación social excepcional[17] en Plaza de Mayo fue liberado Perón.
En esta circunstancia se
conformó un frente electoral bajo el nombre de “Unión Democrática”[18] que se opuso a la candidatura de Perón que encabezó desde el “Partido
Laborista”[19], quien tenía el apoyo de un sector del gobierno, de amplios sectores
populares, de un sector de la Iglesia Católica[20] y de la CGT pero carecía de una estructura partidaria. Finalmente, la
fórmula Perón-Quijano[21] triunfó -de manera inesperada[22]- con el 52,40 %[23] de los votos frente al 47,50 % del binomio Tamborini-Mosca de la “Unión
Democrática”.
Perón, desde la figura
de conductor y de caudillo[24], conformó un modelo de Estado
social, nacional y popular donde “los distintos factores de la sociedad
estuvieron armonizados por un compromiso histórico del Estado con la sociedad.
La legitimación comenzó a basarse en la respuesta del Estado a las demandas
populares, en el distribucionismo, el apoyo plebiscitario y el liderazgo
carismático como articulador de la movilización popular”[25].
En la conceptualización
del caudillo se lo puede encuadrar a Perón ya que era el conductor de la masa y
lo fundamental de su mando era la obediencia que había conquistado con su
natural calidad de mandar. Los caudillos presentan dos misiones históricas: luchar
por la independencia y detentar el poder civil y militar (Sabsay, 1968).
En la primera
presidencia (1946-1952) para consolidar la “Nueva Argentina” a través del
Estado social Perón partió de la idea-fuerza de construir una nación
“socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. Para ello
desarrolló el accionar de su gobierno
integrando los factores fácticos del poder para lograr una concepción
corporativista por intermedio del sindicalismo, las fuerzas armadas, los
sectores económicos y la Iglesia Católica.
Sobre estos cuatro ejes
construyó la fortaleza del Estado y desde éste generó tres políticas claves: a)
creación de Consejos y Comisiones Consultivas, b) instrumentación de Planes
Quinquenales y c) desarrollo de legislación y políticas sociales.
Los Consejos tenían gran
importancia como medio de influencia del Estado sobre la sociedad siendo
instituciones puente entre la esfera estatal y la social, dotándolos de gran
autonomía y designando representantes de los grupos de intereses como
integrantes de aquellos.
Entre 1945 y 1955 los
más importantes fueron: el Consejo Nacional de Postguerra[26], el Consejo de Defensa Nacional, el Consejo Económico-Social, el Consejo
Consultivo Cinematográfico, el Consejo de Coordinación Interministerial, el
Consejo Federal Coordinador de Planes de Gobierno, la Junta Nacional de
Intelectuales, la Comisión Nacional de Cooperación Económica, la Comisión
Nacional de Precios y Salarios y la Comisión Económica Consultiva.
Perón fue uno de los
primeros gobernantes del mundo[27] que destacó la importancia de planificar el desarrollo de la sociedad en
su conjunto -planes económicos y sociales- integrando todos los actores,
presupuestos y factores del Estado (Waldmann, 1981).
La experiencia histórica le determinó la conformación de un
Primer Plan Quinquenal[28] (1947-1951) que se programó como un conjunto heterogéneo y en varios
casos desarticulado de políticas públicas plasmándose en un grupo de leyes
referidas a tres capítulos: gobernación del Estado, defensa nacional y
economía.
El Segundo Plan Quinquenal[29] (1953-1957) que se presentó desde la ley
Nº 14.184, se consagró como un plan público y privado de políticas que
se basaba en el programa y la acción del gobierno, la “Doctrina Peronista”, de
ahora en más la “Doctrina Nacional”.
La concepción
antropológica del peronismo se sitúa en la Doctrina Social de la Iglesia
Católica ya que afirma que “el Estado es para el hombre y no el hombre para el
Estado y el hombre alcanzará su fin último cuando haga uso de su libertad que
el Estado resguarda y hace efectiva promoviendo el bien común en un orden
justo”[30].
Así, la “Doctrina
Peronista” sostiene que para obtener la libertad civil, la igualdad jurídica y
el respeto por los derechos políticos es necesario realizar reformas económicas
y sociales que permitan al hombre apoderarse de esas conquistas. Desde la perspectiva de la justicia social
se pretendía pasar de una democracia política a una democracia social.
Esta concepción social
de la democracia se consolidó en la reforma de la Constitución Nacional de 1949[31] cuando se introdujo el capítulo III los “Derechos del trabajador, de la
familia, de la ancianidad y de la educación y de la cultura”.
Todos los derechos
fueron reseñados en un solo artículo constitucional, el Nº 37, que en relación
al trabajador indicó: “Decláranse los siguientes derechos especiales: Del
trabajador: I) derecho de trabajar, II) derecho a una retribución justa, III)
derecho a la capacitación, IV) derecho a condiciones dignas de trabajo, V)
derecho a la preservación de la salud, VI) derecho al bienestar, VII) derecho a
la seguridad social, VIII) derecho a la protección de su familia, IX) derecho
al mejoramiento económico y, X) derecho a la defensa de los intereses
profesionales”.
El capítulo IV (art. 38
al 40) de la nueva Carta Magna titulaba “La Función Social de la propiedad, el
capital y la actividad económica”. En el texto se reconoce la libertad privada
y se permite la libre actividad del hombre y como este dominio se fundamenta en
la libertad del hombre, queda establecida la justicia y la universalidad de la
propiedad privada porque ella es un derecho natural inherente a toda persona
humana. Pero ese derecho del hombre estará limitado por la justicia social.
Sobre el derecho a la apropiación privada se encuentra “el
derecho de todos al uso de los bienes materiales”[32]. Por lo tanto, la función social de la propiedad, no es un derecho
absoluto, sino que debe ejercitarse conforme al bien común.
El artículo Nº 38 destaca que “La propiedad privada tiene una
función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que
establezca la ley con fines de bien común”. La función social del capital “debe
estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el
bienestar social” (art. Nº 39) y la función social de las empresas “tienen por
fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los
principios de justicia social” (art. Nº 40).
La nueva política
económica y social se edificó sobre una estructura conformada por tres
políticas generales: a) creación del Instituto Argentino de Promoción del
Intercambio (IAPI), b) nacionalización del Banco Central y, c) creación del
Banco de Crédito Industrial.
Si los derechos sociales
enunciados alcanzarían la justicia social, esta matriz económico-financiera
intentaría concretar los tres objetivos de la independencia económica: a)
liquidación de la deuda externa y repatriación de las inversiones en el
extranjero, b) conquista de nuevos mercados en América del Sur, Europa y Oriente
y, c) estímulo a las importaciones de bienes de capital y materia prima, con el
propósito de fortalecer el sector industrial.
La formidable coyuntura
económica de la posguerra que demandaba los productos argentinos y ofrecía
altos precios se enfatizaba con las crecientes cosechas, las abundantes
producciones ganaderas y la consolidación de la industria liviana.
La utilización de las
reservas tuvieron un triple destino: adquisición de maquinarias y equipos,
repatriación de la deuda externa pública y privada y nacionalización de los
servicios públicos.
El mercado interno se
construyó sobre una política salarial ascendente, el control de precios, la
lucha contra el agro y la especulación, lo que repercutió positivamente en el
aumento del nivel de vida de la población en materia de ingresos, educación y
salud.
La política
internacional del gobierno se sustentó en la idea de Perón de realizar un
equilibrio internacional de fuerzas a través de la “Tercera Posición”[33], insertando al país en el mundo para conformar el liderazgo estratégico
en América Latina[34].
Cinco consignas resaltan
la visión internacional: a) unidad continental en América Latina por intermedio
de un bloque liderado por Argentina, b) evitar actitud frontal con Estados
Unidos y el resto de las naciones de Occidente, aplicando una táctica de
negociación autónoma[35], c) posición cordial y equilibrada con la Unión Soviética, d) optar por
una línea directa y abstencionista en las votaciones de los organismos
internacionales y, e) difusión internacional de la doctrina justicialista,
proponiéndola como posible salida al mundo. Estos enunciados conducirían a la
tercera idea-fuerza de Perón, lograr la soberanía política de la nación.
Todas estas acciones
políticas estuvieron unidas a dos conjuntos de políticas controversiales que
empezaron a opacar y poner en crisis la acción de gobierno: a) limitar
libertades individuales -en la esfera de lo social[36]- y b) dificultar la división de poderes -en la esfera de lo político-.
Para desarrollar el
adoctrinamiento del pueblo fue necesario tener el monopolio de la información
-que aseguraba a Perón el uso exclusivo de la palabra para difundir la acción
de gobierno y la “Doctrina Nacional”- y el monopolio de los medios de
comunicación -para garantizar la correcta difusión sobre todo lo actuado-.
Sobre la base de un grupo de medidas -que desarrollaremos en los próximos
capítulos- Perón controló la prensa gráfica, la radio y la televisión en un proceso de concentración y centralización.
Más allá del dominio
natural del Poder Ejecutivo y la mayoría absoluta de senadores y diputados
peronistas que integraban el Poder Legislativo (a partir de 1952 alcanzó el 91
%[37]), en 1947 el Senado de la Nación, promovido por la Cámara de Diputados,
en un juicio político destituyó a la Corte Suprema de Justicia y al Procurador
General de la Nación -que estaban en sus cargos desde la década del treinta-.
En la naturaleza de los
tres distintos poderes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial se
encuentra la limitación del poder político por las leyes fundamentales del bien
público y de la libertad privada, donde en este reparto y ejercicio real (no
formal) de funciones se constituye la garantía de la libertad.
De esta forma, dentro de la concepción democrática vigente y
teniendo presente que Perón hablaba de un proceso revolucionario, consolidó el
poder político y social y logró la inexistencia de polos de oposición.
En este contexto, los dos valores centrales que ayudan a
comprender la movilización de la época son la igualdad y la libertad.
El objetivo de Perón
puede sintetizarse en la necesidad de conseguir para toda la sociedad la
igualdad sistematizada en cuatro expresiones -según el orden correspondiente
que se detalla-: a) igualdad social, b) igualdad económica, c) igualdad de
oportunidades y, d) igualdad jurídica-política. Para poder llegar a estos
criterios restringió libertades del individuo, reduciendo la capacidad que
tenían los ciudadanos de actuar libremente[38].
Libertades públicas tan criticadas durante el gobierno de
Perón pero muchas de ellas inexistentes antes y extraviadas con frecuencia
después (Sidicaro, 1996).
Es muy importante resaltar que este clima psicológico no
alcanzó la violencia represiva de un gobierno de facto o dictatorial, que si lo
conseguiría el gobierno que derrocaría a Perón a través de un golpe de estado
unos años después.
Por esto el sistema de
gobierno de la época se define como democracia autoritaria, no totalitaria
ya que la característica distintiva de los movimientos totalitarios, en relación
a la sociedad de masas, radica en el esfuerzo por conquistar un control total
sobre sus partidarios y la sociedad a partir de tres elementos: a) destrucción
de todas las organizaciones de clase, b) supresión de todos los intereses de
clase y, c) utilización de la violencia extrema (Kornhauser, 1969).
Pero luego de la
posguerra el reposicionamiento de Estados Unidos en el orden internacional y la
influencia en el factor económico de países de la periferia -que acompañó a la
profundización de crisis económicas internas de estos países- comenzó a
producir un viraje en la situación económico-social.
Entre 1951 y 1955 la
situación de Argentina cambió frente a la realidad de la primera presidencia
peronista. En estos cinco años el poder de Perón se fortaleció y debilitó de
manera paralela. El panorama interior era distinto: crisis de la producción,
decaimiento del comercio exterior, inflación y salarios que acompañaban el alza
respectiva, bajas inversiones[39], empresas estatales ineficientes y sector industrial y mercado interno
retraídos.
En este escenario el 11
de noviembre de 1951[40], luego del renunciamiento de Eva Perón a ocupar la candidatura a la
vicepresidencia de la Nación[41], nuevamente la fórmula Perón-Quijano del “Partido Peronista” obtuvo el
62,5 %[42] en las elecciones nacionales frente al 31,8 % del binomio
Balbín-Frondizi de la “Unión Cívica Radical”.
Si Juan Domingo Perón
representaba al hombre político y estadista, Eva Perón se había constituido en
el espíritu revolucionario de la concepción doctrinaria del peronismo ya que
fortaleció (desde la mística y la pasión) la dialéctica histórica en la
oposición de dos voluntades: pueblo y oligarquía[43]. Esta situación con la postulación del concepto “La Nación en Armas”
reflejaba una división de clases que se trasladó en la generación de
cuestionamientos sociales[44] y enfrentamientos en el interior de las fuerzas armadas.
Por otra lado, en la
segunda presidencia de Perón, el estado
social e interventor o estado céntrico que reguló todas las esferas de la
sociedad empezó a tener una apertura al capital extranjero -especialmente
Estados Unidos- y a revalorizar la iniciativa privada en todos los sectores de
la economía, debido a la paralización del crecimiento económico generado en los
primeros años del gobierno.
Inexplicablemente Perón
a través de diversas medidas terminantes[45] entre 1954 y 1955 comenzó a tensionar la relación con la Iglesia
Católica hasta marcar una crisis profunda que apuntaba a instaurar la
separación entre la Iglesia y el Estado.
El 25 de abril de 1955
nuestro país firmó un precontrato con la empresa norteamericana Standard Oil Company de California -ésta
obtenía atribuciones extraordinarias- en el cual se le otorgaba una zona
exclusiva de concesión en la provincia de Santa Cruz para la explotación y
extracción de petróleo.
Estas cuestiones, la
ruptura de las relaciones entre la Iglesia y el Estado y las concesiones
petroleras constituyeron conjuntamente con las restricciones de libertades los
factores que produjeron la crisis del equilibrio de poder construido por Perón.
En un contexto en el que todavía tenía un muy fuerte apoyo de la sociedad[46].
De los cuatro factores
fácticos que lo consagraron sólo uno era incondicional, el sindicalismo.
Enfrentados a Perón se encontraban la iglesia y las fuerzas armadas, y el
sector económico se posicionaba en una actitud vacilante ante la situación de
incertidumbre generada.
Luego de dos intentos de
derrocamiento[47] el 16 de septiembre de 1955 el Gral. Eduardo Lonardi encabezó el golpe de
estado a través de la denominada “Revolución Libertadora” que provocó la
finalización de los diez años del gobierno de Juan Domingo Perón.
El objetivo del golpe de
estado no era restituir libertades individuales como propugnaba la concepción
“libertadora” de la revolución sino lograr un proceso de desperonización[48],
extinguiendo al peronismo en todas sus manifestaciones, y reestableciendo el
equilibrio de poder en el interior de las fuerzas armadas que existía antes de
la asunción de Perón al gobierno en 1946.
III.
La importancia de la radiodifusión
El Gral. Juan Domingo Perón para asegurar el adoctrinamiento
del pueblo, que implicaba la instrucción y difusión de la “Doctrina Nacional”,
necesitaba tener el uso extraordinario de la palabra y de la información y la
garantía de la difusión correcta, precisando para ello el control de la
estructura de propiedad de los medios de prensa gráfica y radiodifusión.
Para Perón, la comunicación, por intermedio de la industria
audiovisual (radio, televisión y cine) y la industria gráfica (la prensa), se
constituía como una herramienta transformadora de la sociedad, comprendiendo
una relación sistémica entre el Estado, los medios de comunicación y el pueblo.
Tres sistemas de comunicación se consagraron en la época[49]: la prensa gráfica, la radio y la televisión. La prensa gráfica y la
radio fueron las dos herramientas claves que se tuvieron en cuenta para
divulgar las ideas-fuerzas, la acción de gobierno y la “Doctrina Nacional” ya
que eran los dos medios de comunicación masivos existentes. La televisión
recién apareció oficialmente en 1951 y se constituyó lentamente (en la década
del sesenta) en el quinto sistema de comunicación de la historia.
La prensa gráfica y las emisiones radiales se concentraron
como una zona de interés vital para los grupos políticos ya que “desde 1943 el
gobierno militar en general y el Cnl. Perón en particular habían utilizado
abundantemente los diarios y principalmente los programas radiales para
justificar sus actividades”[50].
La conformación de la estructura de propiedad de los medios
de radiodifusión tuvo una funcionalidad en dos órdenes prioritarios -en esta
disposición-: a) política y b) económica. Política, porque era esencial para el
gobierno de Perón constituir identidades políticas, sociales y culturales para
formar y organizar a la opinión pública, y económica, porque era necesario
integrar una élite económica que fuera equilibrista y concordante al sistema
político, a través de la normalización jurídica de la estructura de propiedad
del sistema de radiodifusión.
En este sentido se establecieron dos políticas autoritarias
que afectaron al desarrollo de la comunicación a partir de una muy fuerte
intervención estatal.
Por un lado, el gobierno restringió tres libertades básicas
del individuo: a) libertad de expresión -y sus dos variantes, libertad de
pensamiento y libertad de opinión-, b) libertad de imprenta y c) libertad de
prensa. Y por otro lado, el gobierno posibilitó la conformación monopólica del
sistema de medios de radiodifusión fundado en un articulado conjunto de normas.
De esta manera aseguró el monopolio político de la
información centralizando el poder de la difusión en las figuras de Perón y Eva
Perón, en representación del gobierno. Y, asimismo, el gobierno respaldó un
proceso de concentración política y económica en la estructura de propiedad de
los medios ya que la sanción de la primera ley de radiodifusión Nº 14.241/53
inició la plataforma ideal para lograr unos años después la primera concesión
de licencias de tres cadenas de radiodifusión -ya existentes- a licenciatarios
que cumplieron con una condición implícita en el otorgamiento: corresponderse a
una estructura política estatal/familiar que fuera condicional a Perón.
La capacidad de comunicación del gobierno en relación al
pueblo se situó en el liderazgo carismático de Perón ya que no había
intermediarios entre él y el pueblo porque la fortaleza radicaba en la
emotividad del discurso, que era construida a través del sentimiento y la
argumentación. La capacidad argumentativa de Perón puede sintetizarse en la
siguiente expresión, dentro de una innumerable cantidad de ejemplos, de uno de
los miembros del Arzobispado de Buenos Aires, el sacerdote Juan Sepich, al
señalar: “A este hombre se le dan dos ladrillos sueltos y devuelve siempre un palacio
ya edificado”[51].
La restricción de libertades se estableció como “la bestia
negra del peronismo”, formándose sobre la base de seis medidas contundentes: a)
expropiación y limitación del papel[52] -para regular los principales diarios del país-, b) modificación del
Código Penal[53] -para evitar la crítica exhaustiva al gobierno potenciando la figura del
desacato hasta alcanzar la pena de tres años de prisión y negarse la prueba de
la verdad-, c) declaración del estado de guerra interno[54] y declaración del estado de sitio[55] -para suspender las garantías constitucionales-, d) allanamientos,
clausura y expropiaciones de medios de prensa gráfica[56] -para impedir la libre competencia y la pluralidad informativa-, e)
adquisición de talleres de imprenta, medios de prensa gráfica y radiodifusión
por parte del Gobierno[57] -para centralizar el poder- y, f) creación de la Comisión Bicameral
Investigadora de Actividades Antiargentinas”[58] -para controlar el sistema de prensa gráfica-.
Es importante resaltar que existieron profundas carencias de
libertades y no ausencias totalitarias de libertades porque no se consolidó la
represión violenta del Estado en ningún aspecto y tampoco en función de estos
derechos individuales. Además como objetivo general, desde las restricciones de
libertades, por oposición, se aseguraba el correcto adoctrinamiento del pueblo
por intermedio de la concentración y centralización.
Como señala Mastrini y Becerra (2004) la concentración de la
propiedad de los medios reduce la posibilidad de la diversidad de la
información porque la diversidad en el contenido de los medios representa un
espejo central del pluralismo político y cultural. Así, la concentración en la
radiodifusión presentó dos problemas determinantes: a) pluralidad informativa y
b) libre competencia de actores económicos.
La diversidad es la garantía del pluralismo y en esta
instancia el pluralismo respalda la expresión pública de opciones políticas y
si ésta es perjudicada -a partir de restricciones- se coartan las libertades de
expresión, imprenta y prensa. Al respecto, este período se destacó por la
intencionalidad de desplegar un pluralismo cultural más que político.
Si la concentración estuvo unificada a la centralización
podemos sostener, en relación a la experiencia del peronismo y la radiodifusión,
que la concentración política condujo a la regulación ideológica.
La radiodifusión entre 1946 y 1955 destacó una concentración
geográfica, política y económica. La ciudad de Buenos Aires fue el centro del
desarrollo geográfico del sistema de radiodifusión donde sectores políticos
próximos al gobierno resultaron adjudicados de las cadenas de radiodifusión
conformadas e integradas por actores económicos determinados, consagrando
definitivamente en este período un pluralismo formal (no real) y una élite
económica y política.
IV. La organización del Estado en
la radiodifusión
Para estructurar la radiodifusión el gobierno de Perón agrupó
este principio en dos organismos del Estado: la Secretaría de Prensa y Difusión
de la Presidencia (anteriormente Subsecretaría de Informaciones y Prensa) y el
Ministerio de Comunicaciones (anteriormente Dirección General de Correos y
Telecomunicaciones).
Así, la radiodifusión estuvo dividida en dos niveles de
responsabilidades y en dos momentos históricos determinados: un primer nivel político-administrativo
desde la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia (1946-1949), y un segundo nivel técnico, desde el
Ministerio de Comunicaciones, que pasó a tener la totalidad de las
responsabilidades de los dos niveles señalados a partir de 1949 hasta la
finalización del gobierno en 1955.
En 1940 la comunicación tenía gravitación en tres medios: la
telegrafía, la prensa gráfica y la radiofonía. La telegrafía, que se había
constituido como el primer sistema de comunicación desde 1875[59] tenía dos variantes, alámbrica e inalámbrica, pero su utilización estaba
supeditada principalmente al Estado (Ministerio del Interior) quien
desarrollaba este sistema (en tierra y ultramar) para resguardar la seguridad
interior y defensa exterior, estableciendo comunicaciones de interés nacional.
La prensa gráfica y la radiofonía habían alcanzado un
desarrollo muy importante, en relación a su expansión pero de manera diferente.
La prensa gráfica se consolidó básicamente sobre una estructura histórica
sostenida por grandes medios y acompañada por un conjunto de diarios que
cumplían un rol oficial u opositor al régimen de turno (que indicaba la
supervivencia en el sistema de medios). Esta situación se percibía en relación
a la política, sin embargo, existieron medios periodísticos de género y
temáticos (sociales, culturales y económicos) que sobrevivían, más allá de una
disputa ideológica, únicamente por intermedio de la publicidad comercial y
otros modos de financiamiento.
La radiofonía se estructuraba y desestructuraba a partir de
la existencia de permisos precarios que habilitaban a las radios para funcionar
temporalmente, hasta tanto existiera una ley que regulara al sistema en su
conjunto, actualizando los adelantos políticos, sociales y técnicos a la
normativa vigente, que era el Reglamento de Radiocomunicaciones sancionado en
1933.
Por ello el Estado en la década del cuarenta empezó a
acompañar el crecimiento de la prensa gráfica y la radiofonía desde el Estado
mismo, sólo desde lo orgánico, para contener el ascendente progreso estructural
del sistema. Creando nuevas estructuras de gobierno que tuvieran la
exclusividad de las funciones y competencias en estas actividades, dando
respuesta a una realidad que avanzaba en materia de informaciones y comunicaciones.
El Gral. Pedro Pablo Ramírez el 21 de octubre de 1943[60] creó la Subsecretaría de Informaciones y Prensa, dependiente de la
Secretaría de la Presidencia de la Nación. Este organismo estaba integrado por
ocho áreas: a) Dirección General de Subsecretaría (Archivo Gráfico de la
Nación, Imprenta, Boletín Oficial y División de Abastecimiento de Papel), b)
Dirección General de Prensa, c) Dirección General de Propaganda, d) Dirección
General de Espectáculos Públicos (Cine y Teatro), e) Dirección General de
Radiodifusión (Control, Fomento y Cultura y Radiodifusoras del Estado), f)
Secretaría Privada, g) Asesoría Letrada y, h) Despacho Confidencial.
La Dirección General de Radiodifusión tenía cinco funciones[61]: a) el fomento cultural de las transmisiones radiofónicas y el control
de las mismas, b) la reglamentación de la transmisión de noticias y opiniones,
c) la reglamentación de la publicidad, d) la determinación de las normas y
programas para el Instituto Nacional de Locutores y, e) los registros de las
radiodifusoras, el personal técnico y artístico. Este organismo se encargaba
del control de la radiodifusión, en todos sus aspectos, y la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones tenía a su cargo las disposiciones técnicas del
servicio de radiodifusión.
Luego de la salida del Gral. Ramírez del gobierno de facto se
produjeron algunas modificaciones de interés en el aspecto normativo en la
presidencia del Gral. Farrell que fueron señales de la forma definitiva que
adquiriría el área de prensa y radiodifusión en el gobierno de Perón.
El 5 de mayo de 1944 el Gral. Farrell firmó el Decreto Nº
10.995 denominando al organismo “Subsecretaría de Informaciones, Prensa y
Propaganda”, dependiendo en adelante del Ministerio del Interior y manteniendo
el control de los servicios de radiodifusión del país.
Luego de haber transcurrido nueve días de la asunción del
gobierno, Perón, el 13 de junio de 1946 creó a través del Decreto Nº 337 la
“Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación” con la finalidad
de centralizar y coordinar la función informativa en la conducción de los
asuntos del Estado, a partir de un conocimiento integral y preciso de las
actividades que desarrollaban los diversos organismos.
Todas las misiones y funciones que se iniciaron con el Gral.
Ramírez fueron mantenidas en el organismo fundamental en materia de prensa y
radiodifusión, que en la primera presidencia de Perón se denominó
“Subsecretaría de Informaciones”. Y a ésta se le compartió las funciones de
centralización de la difusión de la obra de gobierno, con la todavía existente
“Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación”.
En 1949 apareció por primera vez en la historia en una ley
citada la palabra “televisión”, donde se referenció a este concepto con su organismo
competente desde la faz técnica. En este año la ley Nº 13.529, Orgánica de
Ministerios, estableció los distintos niveles del gobierno señalando misiones y
funciones y en ellas al Ministerio de Comunicaciones le fue asignado la
integridad de las competencias (políticas, administrativas y técnicas) del
servicio de radiodifusión y televisión.
En una nueva reforma del Estado llevada a cabo en 1954,
iniciada por una modificación de la Ley Orgánica de Ministerios[62], Perón elevó el rango del área de informaciones del gobierno,
nombrándola “Secretaría de Prensa y Difusión” desde el 7 de julio de ese año
luego de la firma del Decreto Nº 11.183, dependiendo de ahora en más de la
Presidencia de la Nación. Teniendo este organismo como misión informar al país
acerca de las actividades oficiales del Poder Ejecutivo y asegurar la difusión
de la “Doctrina Nacional”, de los planes de gobierno y de sus realizaciones.
La reglamentación de la Ley Orgánica de Ministerios mencionada, a través del Decreto Nº 13.378/54, permitió consolidar normativamente el altísimo crecimiento político que alcanzó la Secretaría de Prensa y Difusión.
En este Decreto se establecieron las siguientes funciones
para este organismo, entre las más importantes: a) conducir, coordinar y
supervisar todas las actividades de prensa y difusión que realizan los
organismos oficiales, b) proyectar, preparar, proponer y distribuir el material
destinado a difundir el conocimiento y comprensión de la “Doctrina Nacional”,
los planes de gobierno y su realización, c) promover en coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el intercambio de informaciones
para el mejor conocimiento recíproco de los pueblos y naciones vinculados con
el país, d) promover en coordinación con el Ministerio de Transportes el
conocimiento del país a fin de fomentar el turismo interno e internacional, e)
intervenir en todo lo relativo al desarrollo de las actividades de prensa y
difusión, periodismo, cinematografía, teatro, radiofonía y televisión y, f)
registrar y archivar la documentación oficial de la Nación y todo lo que se
relacione con la “Doctrina Nacional”, los planes de gobierno, declaraciones,
conferencias, mensajes, discursos oficiales, tratados, leyes, decretos y
resoluciones.
Estas funciones se realizaron sobre una organización básica
desde una estructura superior a partir de la figura de un Secretario General
que dependía del Secretario de Prensa y Difusión y de una estructura inferior
caracterizada por la figura de organismos subordinados. Que eran específicos a
partir de cinco Direcciones Generales: a) Prensa:
Informaciones Oficiales, Registro de Prensa, de Periodistas y Circulación de
Publicaciones, b) Difusión: “Doctrina
Nacional”, Planes de Gobierno, Difusión Interna, Intercambio
Internacional, Difusión del Turismo,
Registro Nacional, Boletín Oficial y Archivo Gráfico de la Nación, c) Espectáculos Públicos: Teatro,
Cinematografía, Radiofonía y Televisión, d) Publicidad
y, e) Editorial e Imprenta.
En este escenario, el 8 de setiembre de 1954, quedó
confirmada en el marco normativo[63] (ejercida de hecho desde 1949) la responsabilidad política,
administrativa y técnica del servicio de radiodifusión y televisión en el
Ministerio de Comunicaciones ya que estas temáticas fueron designadas como
objetivos específicos de este Ministerio.
V.
La primera presidencia de Perón: El sistema de medios
El
Gral. Ramírez luego de haber asumido el gobierno en junio de 1943 dispuso[64] el estudio de los antecedentes de los permisos precarios otorgados hasta
ese entonces para la explotación del servicio de radiodifusión, estableciendo
en este entorno dos pautas claves: la ratificación o rectificación de los
permisionarios y la prohibición de realizar transferencias a otras personas o
entidades.
Las diferencias internas
del gobierno de facto hicieron que esta cuestión no se profundizara y que en el
orden político se produjera el recambio de gobierno. El Gral. Farrell, con una
decisión similar al anterior mandatario, cuando asumió la presidencia encargó a
la Subsecretaría de Informaciones, Prensa y Propaganda el control de los
servicios de radiodifusión del país y la designación en setiembre de 1944 de
una Comisión para revisar todos los permisos, licencias y concesiones acordadas
para explotar el servicio de radiodifusión.
En un contexto de
disolución de los partidos políticos, del Congreso Nacional y de restricción de
libertades que imponía la naturaleza del sistema político, el gobierno del
Gral. Farrell (bajo la influencia de Perón, que ocupaba el cargo de Secretario
de Trabajo y Previsión Social) instituyó dos normas esenciales para la época:
el Estatuto Profesional del Periodista[65] y el Estatuto del Peón[66]. Esta normativa estaba destinada a atenuar las carencias y desigualdades
que venían sufriendo los trabajadores del periodismo y del sector rural.
Trabajadores rurales que
estaban constituidos como una población pauperizada que se desenvolvía en el
límite más bajo, rasante con la deshumanización, producto de la
irresponsabilidad de anteriores gobiernos, entidades rurales y patrones del
campo.
Partiendo del Estatuto
del Periodista el gobierno determinó tres categorías para los empleadores del
periodismo diseñando en grandes rasgos el mapa de la prensa gráfica de la
época. En la primera categoría se encontraban los grandes diarios, revistas,
agencias de noticias y editoriales: “La Prensa”, “La Nación”, “Crítica”, “La
Razón”, “El Cronista Comercial”, “El Avisador Mercantil”, “Buenos Aires
Herald”, “The Standart”, “United Press”, “Prensa Unida”, “Asociated Press”,
“Prensa Asociada”, “Reuter”, “Empresa Editorial Haynes Ltda.”, “Editorial
Atlántida” y “Editorial Sopena Argentina”. En la segunda categoría se
destacaban: “Noticias Gráficas”, “El Diario”, “El Nacional”, “Cabildo”, “El
Federal”, “Editorial Estampa”, “Agencia Andi”, “Agencia Saporiti”, “Cascabel”,
“Editorial Lainez”, “Ahora”, “Vosotras”, “Radiolandia” y “Antena”. Y en la
tercera categoría se consideraban a todas aquellas publicaciones que no habían
sido mencionadas.
En relación a la
radiodifusión en este gobierno se estableció el primer antecedente en la
historia de la televisión argentina que intentó desarrollar el sistema de
radiodifusión a partir de una iniciativa privada con el apoyo del Estado.
Precisamente aquí el Estado empezó a clasificar a la radiodifusión como sonora (radio)
y visual (televisión).
Con la intención de
poseer el primer servicio normal de televisión de América del Sur y que a la
vez se constituyera como punto de partida para unificar los sistemas de
transmisión y los tipos de receptores con Estados Unidos, el Gral. Farrell
otorgó al Sr. Martín Tow una licencia por el término de cinco años de duración
para la instalación y funcionamiento de una estación experimental de televisión
en la Capital Federal. Oportunamente la autoridad de aplicación y contralor, la
Subsecretaría de Informaciones, determinaría la fecha a partir de la cual
podría iniciarse la explotación comercial.
El Decreto Nº 12.909
firmado el 12 de junio de 1945 acordó la licencia al Sr. Tow bajo las
siguientes condiciones: a) la estación de televisión deberá iniciar sus
transmisiones regulares en el plazo de un año de la fecha de la terminación de
la Segunda Guerra Mundial (el decreto dice “de la guerra actual”), b) la
Subsecretaría de Informaciones con el asesoramiento técnico de la Dirección de
Correos y Telecomunicaciones asignará el anuncio y señal distintiva, concederá
los cambios de frecuencias de trabajo y aprobará la programación diaria y
semanal, el lugar de emplazamiento de la emisora y habilitará el servicio de
los equipos, accesorios y unidades móviles (las autorizaciones se concederán
por analogía por las utilizadas por la radiodifusión sonora y usando las
normas, procedimientos y reglamentaciones que rigen para éstas) y, c) las
transmisiones, aún en el período experimental, se caracterizarán por su
orientación cultural y comprenderán como mínimo quince horas semanales de
trabajo experimental. Por su parte, el permisionario estaba obligado a las
siguientes prestaciones a favor del Estado: a) cuando se inicie el
funcionamiento de la estación suministrar gratuitamente cincuenta y cinco
receptores de televisión, b) ceder gratuitamente a la Subsecretaría de
Informaciones un Instituto de Investigaciones Técnico-Radioeléctrica -para
participar de las investigaciones y formar técnicos- y, c) destinar hasta un
décimo de los programas para televisar sin cargo los actos, ceremonias y
espectáculos que considere de interés público y que indique la Subsecretaría de
Informaciones.
La experimentación
autorizada por este decreto, controlada por la Subsecretaría de Informaciones y
aplicando la reglamentación vigente (Reglamento de Radiocomunicaciones[67]), permitiría preparar el primer Reglamento General del Servicio de
Televisión.
Un año después y sin
haber alcanzado resultados exitosos el proyecto del Sr. Tow quedó paralizada la
idea de seguir a Estados Unidos en el camino evolutivo del progreso de la
televisión.
El Gral. Farrell -veinte días antes de traspasar el mando a
Perón- aprobó el 14 de mayo de 1946 mediante el Decreto Nº 13.474 el Manual de
Instrucciones para las Estaciones de Radiodifusión[68].
Como hemos mencionado
hasta ese entonces la ley que regulaba a la radiodifusión era el Reglamento de
Radiocomunicaciones de 1933 (capítulo V “servicio de radiodifusión” y capítulo
VI “estaciones experimentales privadas”), y el Manual de Instrucciones para las
Estaciones de Radiodifusión pretendía consagrarse como la reglamentación
orgánica de las transmisiones radiofónicas. De esta forma, se constituía como
una compilación metódica y actualizada de las disposiciones vigentes sobre la
ejecución de los servicios de radiodifusión suministrando una guía general para
la orientación cultural, ética y estética de los programas.
Esta norma se
caracterizó por la censura previa y las profundas restricciones acerca de la
libertad de expresión en materia de contenidos.
El Manual de
Instrucciones para las Estaciones de Radiodifusión, que venía a cubrir un vacío
normativo desde 1933, estaba integrado por 307 artículos y contemplaba los
intereses del Estado, el público y los broadcasters, según se desprendía de la
Asociación de Radiodifusoras Argentinas que reclamaron a la Subsecretaría de
Informaciones, por intermedio de la Dirección General de Radiodifusión, la
sanción de la norma.
Este reglamento estaba
dividido en cuatro partes: a) del servicio de radiodifusión y sus programas
(art. 1º al 287), b) prescripciones radiotécnicas varias (art. 288 al 295), c)
contralor (art. 296 al 302) y, d) penalidades (art. 303 al 307).
El núcleo de esta
normativa se destacaba en la primera parte de este reglamento “Del Servicio de
Radiodifusión y sus Programas” donde se concentraba claramente la totalidad de
los artículos como un manual de contenidos censurables y dictaminantes de
radiodifusión. Y del cumplimiento o no de estos artículos se desprendía el
resto de la norma, ya sea las prescripciones técnicas, el organismo de control
y las penalidades para aquellos que no cumplieran con lo estipulado.
La parte primera
comprendía cinco capítulos: a) generalidades, b) contenido oral, c) revisión
previa del contenido oral de los programas, d) contenido musical y, e) normas y
procedimientos ejecutivos de carácter
general.
En este contexto el
servicio de radiodifusión tenía por objeto la transmisión de programas
culturales, educativos, artísticos, informativos y de entretenimiento,
destinados al público en general. Los programas diarios debían ajustarse a la
siguiente proporción cuantitativa: 35 a 40 % de contenido oral y 60 a 65 % de
contenido musical.
El contenido oral
entendía cinco géneros radiofónicos: a) obras
de imaginación: radioteatro y especies afines, otras especies imaginativas
y canciones y letras cantables, b) oratoria:
general y política, c) noticiosos e
informativos, d) miscelánea:
comentarios de interés general o particular, audiciones de preguntas y
respuestas y transmisiones deportivas y, e) publicidad.
En relación al
radioteatro se prohibía la creación de personajes de ficción que pudieran
incluirse en el cuadro de la delincuencia en general o que se relacione con la
explotación de problemas mentales o de vicios repudiables -según señala el
decreto-, como el alcoholismo, la toxicomanía y la prostitución. En la oratoria
no se permitía ninguna expresión antiargentina, implícita o explícita, que
atente contra el estilo de vida del pueblo (idiosincracia, tradiciones e
instituciones políticas, sociales y culturales).
La programación de
noticiosos e informativos imponía la responsabilidad de las emisoras de las
noticias e informaciones que transmitían, las cuales debían ser confirmadas por
las fuentes de origen antes de su puesta en el aire. Asimismo, las emisoras
tenían que evitar tomar una posición tendenciosa o de campaña interesada
absteniéndose de comentar, enfatizar, criticar y juzgar parcialmente una
información o noticia. Las transmisiones deportivas tenían prohibido todo
relato, información o comentario sobre carreras de caballos.
La publicidad, de
acuerdo a la finalidad, se clasificaba en comercial y no comercial
diferenciándose en la intencionalidad lucrativa. En este apartado se prohibía
la transmisión de textos o anuncios publicitarios cantados, acompañados o no de
partituras musicales y en ningún caso podía utilizarse como características
comerciales, melodías de piezas clásicas consagradas, ya sea marchas militares,
himnos nacionales o canciones patrióticas.
Todo el contenido oral
de la programación tenía que ser seleccionado, revisado y fiscalizado por la
Dirección General de Radiodifusión, antes de su irradiación, con el objeto de
asegurar el estricto cumplimiento de las normas establecidas por el reglamento.
En el caso de las obras de imaginación los textos presentados por las emisoras
para su autorización podían tener como respuesta las siguientes alternativas:
autorizado, autorizado con correcciones, autorizado con cortes y autorizado con
cortes y correcciones. Este régimen de fiscalización exceptuaba a: informativos
y noticiosos, transmisiones de espectáculos deportivos, noticias
cinematográficas y teatrales, textos educativos, textos de publicidad comercial
(excepto los de productos medicinales y de clubes, confiterías y hoteles) y
libretos de óperas.
El contenido musical se
encuadraba en tres categorías básicas: música clásica, música ligera
(zarzuelas, comedias musicales y bailes regionales) y música popular (música
folklórica, música nativa y variedades musicales menores, en todos los casos
nacionales y extranjeras). Del 65 % del contenido musical las emisoras debían
incluir en sus programas diarios las siguientes proporciones: entre un 10 y un
15 % de música clásica, entre un 20 y un 25 % de música ligera y el saldo
resultante tenía que ser dedicado a la música popular.
La ejecución musical de
los programas podía ser dos tipos: a) viva y b) grabada. La música viva se
refería a toda versión directa que los solistas, conjuntos o coros ejecutaban
delante del micrófono de las emisoras. Y la música grabada, comprendía a la
versión indirecta musical -oral o mixta- en base a reproducciones mecánicas de
cualquier forma (discos, películas sonorizadas, entre otras). En este aspecto,
el contenido musical de los programas sólo podía insumir hasta un 30 % de
reproducciones mecánicas con el condicionamiento que las grabaciones sean de la
mejor calidad y fidelidad existente.
La Dirección General de
Radiodifusión habilitaba y registraba a todos los recursos humanos que
integraban el sistema de radiodifusión: artistas musicales, directores
artísticos, peritos en radiodifusión y autores de radioteatro. Asimismo, este
organismo poseía las funciones de contralor estableciendo penalidades en un
orden creciente: observación, llamados de atención, apercibimiento, severo
apercibimiento, suspensión y caducidad de la licencia.
El gobierno de Perón, durante la
primera presidencia (1946-1952), en materia de comunicación tuvo una muy destacable
influencia sobre el cine, la prensa gráfica y la radiodifusión sonora y visual.
Formando en esta instancia la política de comunicación del gobierno,
probablemente la primera de la historia de nuestro país.
La cinematografía se vió beneficiada por la puesta en
marcha de tres medidas significativas: a) obligatoriedad de la exhibición de
películas argentinas en los cinematógrafos de todo el país[69],
b) reglamentación de la ley de protección a la industria cinematográfica[70] y,
c) protección a la industria cinematográfica[71].
Unos años después, en 1954, se realizó el Primer Festival Internacional de
Cine, desarrollado en la ciudad de Mar del Plata.
La prensa gráfica se favoreció con la ratificación con
fuerza de ley del Estatuto del Periodista Profesional, declarada por el
Honorable Congreso de la Nación en 1946 a través de la sanción de la Ley Nº
12.908.
El sistema de radiodifusión en 1946
se había construido históricamente a partir del otorgamiento de permisos
precarios a personas físicas y jurídicas y extendiéndose en todo el país desde
el concepto de la retransmisión. En estos términos existían las siguientes
modalidades de estaciones de radio: a) estaciones de origen o “cabeceras”, b)
estaciones corresponsales o “retransmisoras” y c) el conjunto de emisoras o
“red de emisoras”.
Teniendo en cuenta que el origen y
el desarrollo de la radiodifusión sonora se produjo a partir de la iniciativa
privada y se financió mayoritariamente desde la publicidad comercial, el Estado
ocupó un rol de características complementarias resguardando el lugar de
contralor, no de administrador, y poniendo atención en el carácter contenidista
de las informaciones y comunicaciones que se establecían, intentando asegurar
una programación cultural y educativa. Así, nuestro país consolidó un modelo de
radiodifusión sonora “populista” bajo la influencia del modelo comercial
norteamericano.
Graham Murdock (1983) clasifica a la
radiofonía según la relación existente entre la forma de financiamiento y el
modelo cultural, destacando que el sector dirigido por el mercado se
corresponde con un modelo cultural “populista” y el sector dirigido por el
Estado se refiere a un modelo cultural “paternalista”.
Perón encomendó a dos hombres de
extrema confianza la dirección de las dos instituciones cruciales en materia de
radiodifusión. Con la proposición y el respaldó político de Eva Perón para los
dos cargos, por un lado designó a Raúl Alejandro Apold[72],
conocido como “el zar del cine y la propaganda” en la Subsecretaría de
Informaciones y Prensa de la Presidencia de la Nación y por otro lado, nombró a
Oscar Nicolini al mando del Ministerio de Comunicaciones.
La importancia de la Subsecretaría
de Informaciones y Prensa en el gobierno de Perón fue tan extraordinaria que
sólo puede medirse su magnitud, en relación a los impactos producidos, con la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social. A tal punto que puede sostenerse que
“mientras la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a servir para hacer
las obras, la Subsecretaría de Informaciones y Prensa va a servir para difundir
esas obras”[73].
La ausencia total de un marco
normativo que regularizara realmente la estructura de propiedad de los medios
posibilitó la transferencia, compra y venta de licencias entre personas físicas
y jurídicas (que no estaba permitido) y la conformación de redes dirigidas por
una estación “cabecera” e integradas por
estaciones “retransmisoras”.
En este escenario, la primera presidencia de Perón se
destacó por cuatro sucesos trascendentales donde el gobierno, por intermedio de
allegados, compró y logró el control de la mayoría de los medios de prensa
gráfica y de radiodifusión sonora: a) adquisición de la editorial “Democracia
S.A.” (posteriormente cambió su nombre por el de “Alea[74]
S.A”), b) adquisición de “LR 3 Radio Belgrano y la Primera Cadena Argentina de
Broadcasting S.A.”, c) adquisición de la empresa editorial “Haynes Ltda.” y, d)
adquisición de la empresa editorial “La Razón S.A.”.
En el proceso electoral, en febrero de 1946, Perón
sólo tenía el apoyo de diarios de menor tiraje, en relación a los periódicos de
primera categoría, como lo fueron principalmente los diarios “Democracia”
(matutino), “La Época” (vespertino), y en menor medida “Tribuna” (vespertino) y
“El Laborista” (verspertino).
Luego del triunfo electoral, el
gobierno compró en noviembre de 1946 desde la persona del My. Vicente Carlos
Aloé[75] (quien
fuera Secretario Administrativo de la Presidencia de la Nación y Gobernador de
la Provincia de Buenos Aires) y por indicación de Eva Perón a Antonio Manuel
Molinari, Mauricio Birabent y Fernando Estrada la editorial “Democracia S.A.”,
que editaba los diarios “Democracia” y “Rosario”. Esta primera obtención en el
mercado de medios apuntaba a constituir al diario “Democracia” como el órgano
de difusión de la “Doctrina Nacional”, para empezar a formar a la opinión
pública en el proceso revolucionario que había instaurado esta nueva forma de
poder, el peronismo.
A la obtención de “Democracia” le
siguió la del diario “La Época”, transacción comercial realizada por el mismo
grupo a Eduardo Colom[76].
Un año después la editorial
“Democracia S.A.” dejó de existir bajo esta denominación jurídica y se
incorporó en el consorcio editorial que el gobierno denominó “Alea S.A.”,
también dirigido por el My. Aloé.
Lo que parecía ser sólo una compra
de una editorial -frente al antecedente del contexto mediático totalmente
adverso que había tenido Perón entre 1943 y 1946- empezó a consolidarse como
parte de una política de gobierno para construir un monopolio en la estructura
de medios de prensa gráfica y radiodifusión, con la finalidad -como ya hemos
afirmado- de centralizar y concentrar el poder político y económico.
El 5 de junio de 1946 “LR3 Radio Belgrano” fue
suspendida y luego intervenida su programación por el término de un mes debido
a la difusión de fuertes críticas a la gestión del gobierno. Un año después, en
agosto de 1947, ante diversas irregularidades jurídicas en relación a la
legitimidad de la concesión, el titular de la licencia el Sr. Jaime Yankelevich
ofreció la venta al Estado, a través del Ministerio de Comunicaciones, de “LR 3
Radio Belgrano y la Primera Cadena Argentina de Broadcasting S.A.”.
En octubre de 1947 el gobierno a través del Instituto
Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) adquirió, por intermedio de un
crédito del Banco Nación y fundó en razones de defensa nacional, al Sr. Jaime
Yankelevich, la red “LR 3 Radio Belgrano y la Primera Cadena Argentina de
Broadcasting S.A.”.
Paradójicamente, luego de la compra
de esta cadena de radios, para realizar la prestación del servicio el gobierno
decidió otorgar esta misión a “Radio Belgrano S.A.” cuyo Dirección General se
depositó en el Sr. Yankelevich y el directorio estuvo integrado por familiares
del Ministro de Comunicaciones, Oscar Nicolini.
Por otra parte, en noviembre de 1948
el ex-Presidente del Banco de Crédito Industrial, Orlando Maroglio, adquirió el
51 % de las acciones de la editorial Haynes Ltda.. En ese entonces era la
editorial más importante del país conjuntamente con la editorial Atlántida, que
dirigía Constancio Vigil y publicaba las revistas que competían con las de la
editorial Haynes Ltda. como: “El Gráfico”, “Billiken”, “Para Ti” y “La Chacra”.
Ese mes asumió la presidencia de la
editorial el Sr. Miguel Miranda (quien fuera Presidente del Consejo Económico
Social) y la vicepresidencia recayó en el My. Aloé. Luego del fallecimiento de
Miranda en 1954 el My. Aloé asumió la presidencia y la administración de la
empresa editorial.
La editorial Haynes Ltda. editaba el
diario “El Mundo” y las revistas “Mundo Agrario”, “Mundo Radial”, “Mundo
Infantil”, “Mundo Atómico”, “Mundo Argentino”, “Mundo Deportivo”, “Mundo
Peronista”, “Caras y Carteas”, “PBT”, “El Hogar” y “Selecta”. Más tarde se
incorporaron a esta cadena los diarios “Crítica”, “La Época”, “Noticias
Gráficas”, “El Día” (La Plata), “La Mañana” (Mar del Plata), “La Libertad”
(Mendoza), “El Meridiano” (Córdoba), “Nueva Provincia” (Bahía Blanca), “El
Argentino” (La Plata), “El Plata” (La Plata), “El Atlántico” (Mar del Plata) y
las agencias de noticias “Saporiti” y “Agencia Latina de Noticias”.
En materia de radiodifusión sonora,
la Editorial Haynes Ltda. estaba compuesta por las siguientes emisoras radiales
integradas en la Red Azul y Blanca: “LR1 Radio El Mundo”, “LS 10 Radio Libertad”,
“LR6 Radio Mitre”, “LR9 Radio Antártida”, “LT 3 Rosario”, “LT 9 Santa Fe”, “LU
7 Bahía Blanca”, “LV 3 Córdoba”, “LU 6 Mar del Plata”, “LT5 Resistencia”, “LV 8
Mendoza”, “LV 7 Tucumán”, “LV 5 San Juan”, “LS 11 La Plata”, “LU 4 Comodoro
Rivadavia”, “LT 15 Concordia”, “LW 7 Catamarca”, “LW 13 San Luis” y “LW 8
Jujuy”.
En 1951, similar situación a la
vivida con “LR 3 Radio Belgrano y la Primera Cadena Argentina de Broadcasting
S.A” ocurriría con la editorial “La Razón S.A.” porque Miguel Miranda compró el
diario “La Razón” a Ricardo Peralta Ramos y luego delegó en el mismo Peralta
Ramos la conducción de la publicación. Sociedad Anónima que no sólo comprendía
el diario “La Razón” sino que estaba integrada por la cadena Red Argentina de Emisoras Splendid (RADES).
RADES estaba compuesta por las
siguientes emisoras radiales: “LR4 Radio Splendid”, “LT2 Rosario”, “LT 4
Posadas”, “LT6 Goya”, “LT 11 Concepción del Uruguay”, “LT 16 Presidencia Roque
Saénz Peña”, “LU 6 Bahía Blanca”, “LU 5 Neuquén”, “LU 8 San Carlos de Bariloche”,
“LU 12 Río Gallegos”, “LU 13 Necochea”, “LV 4 San Rafael”, “LV 6 Mendoza”, “LV
15 Villa Mercedes”, “LW 1 Córdoba” y “LW Tucumán”.
Posteriormente la empresa “S.A La
Razón”, concesionaria de la cadena RADES pasó a integrar la empresa editorial
“Haynes Ltda.”, concesionaria de LR 3 Radio Belgrando y la Primera Cadena
Argentina de Broadcasting..
En febrero de 1951 frente a un nuevo
proceso electoral en el que Perón se postulaba para la reelección presidencial
el escenario del gobierno en materia de medios de comunicación era distinto al
de 1946 ya que “las posibilidades de la prensa partidaria para enfrentar la
lucha preelectoral eran vastas y se podían obtener resultados óptimos por tres
razones: a) superioridad numérica, b) mayor tirada y mayor circulación y c)
preferencia en el suministro de papel a cargo del Estado”[77].
En este desarrollo verificamos el
mapa de medios controlado por el Estado de manera indirecta desde la relación
medios de comunicación y propietario: a) “LR3 Radio Belgrano”-Jaime Yankelevich/Oscar
Nicolini, b) “Editorial Haynes Ltda.”/“Red Azul y Blanca”-Oscar Maroglio/Miguel
Miranda/Vicente Carlos Aloé, c) “Editorial La Razón S.A.”/“Red Argentina de
Emisoras Splendid (RADES)”-Ricardo Peralta Ramos/Vicente Carlos Aloé y, d)
“Editorial Alea S.A.”-Vicente Carlos Aloé. Este control indirecto fue
complementado por el control directo del gobierno ejercido desde “LRA Radio del
Estado”.
De esta forma el gobierno consolidó un poder
excepcional en materia de difusión y de estructura de propiedad de los medios.
Este panorama que demostraba la
quasi totalidad de los medios de prensa gráfica y radiodifusión a favor del
gobierno era antagónica a la situación que la estructura de propiedad de los
medios reflejaba en 1946 durante el proceso electoral. En ese año electoral, de
asunción del gobierno y en los primeros meses de gestión, toda la prensa
gráfica y y la mayoría de la radiodifusión estaba enfrentada a Perón.
Posicionamiento y competencia
ideológica de oposición que asumieron principalmente los siete diarios de la
época: “La Prensa”, “La Nación”, “Clarín”, “El Mundo” (matutinos) y “La Razón”,
“Crítica”, “Noticias Gráficas” (vespertinos).
En 1946 la ética periodística estuvo sostenida por la
manipulación y la distorsión informativa que intentaba construir una realidad
determinada formando a la opinión pública de manera condenatoria con respecto a
Perón. Es decir, que los medios citados se constituyeron como órganos de
interés y difusión de los actores que no querían a Perón en el poder. Al respecto,
Félix Luna señala “un cálculo del centimetraje dedicado por La Nación y La
Prensa a la información política en los dos últimos meses de la campaña
electoral arroja menos de un diez por ciento dedicado a anoticiar sobre las
actividades del frente pernonista y más del noventa por ciento a la Unión
Democrática. Actos peronistas cuya magnitud los convertía, de hecho, en noticia
muy relevantes son despachados en diez líneas y los discursos de Perón se
sintetizan en un par de frases y cuando hay información destacada sobre el
peronismo es para señalar un escándalo, una deserción o la asociación de Perón
como dictador o tirano”[78].
Pero
si algo le faltaba al gobierno para tener el absoluto control de la información
era el dominio de la televisión, tarea que por decisión directa de Perón, fue
encomendada a Jaime Yankelevich (Director de LR 3 Radio Belgrano) quien luego
de realizar una serie de viajes trasladó desde Estados Unidos a nuestro país la
tecnología, la antena transmisora y los aparatos receptores de televisión.
Teniendo en cuenta que Yankelevich trajo al país
aproximadamente 2500 televisores[79]
(Standart Electric y Capehart) se puede sostener que en 1951 la televisión era
un medio de comunicación selectivo en relación a la escasa cantidad de
receptores existentes sobre la población total del país. Porque según el Censo
de Población de 1947 nuestro país tenía en esos años 15.897.000 habitantes,
correspondiendo así un receptor de televisión por cada 65.000 habitantes
mientras que en la radiodifusión sonora la situación era muy diferente ya que
existía un receptor de radio por cada 6 habitantes.
Desde el canal 7 de Buenos Aires (dependiente de LR3
Radio Belgrano) la televisión comenzó oficialmente sus emisiones el 17 de
octubre de 1951 con la transmisión de un acto político, el “Día de la Lealtad”,
realizado en la Plaza de Mayo. El Gerente General de “LR3 Radio Belgrano”,
Jaime Yankelevich condujo la instalación de dos cámaras en el segundo piso del
Banco de la Nación Argentina, una de ellas orientada hacia la Casa de Gobierno
y la otra hacia la Pirámide de Mayo.
El Director de Cámaras de esa
transmisión fue Enrique Susini (precursor de la radiodifusión sonora),
convirtiéndose luego en el primer Director Artístico de la emisora. Todo el
equipamiento traído de Estados Unidos y la antena transmisora de cincuenta
metros de altura fue instalada en el edificio del ex-Ministerio de Obras
Públicas al que hubo que construirle un estudio de televisión.
Desde sus inicios la televisión se
dedicó a transmitir dos tipos de programaciones bajo la modalidad “de
exteriores”: políticas y deportivas. Fueron célebres las imágenes mostradas del
sepelio de María Eva Duarte de Perón y las transmisiones que desde el Honorable
Congreso de la Nación efectuaban de las sesiones parlamantarias hasta el año
1955. Otro de los eventos más interesantes que se hicieron desde exteriores fue
la transmisión del primer partido de fútbol en noviembre de 1951 y el Gran
Premio Automovilístico en 1952.
Si la
radiodifusión sonora se inició a partir de la iniciativa privada (el mercado)
la radiodifusión visual, desde el gobierno de Perón, lo haría a partir de la
iniciativa pública (el Estado). Y el desarrollo histórico de estos medios
también presentaría distinciones, mientras que la radiodifusión sonora fue
pionera en el mundo la radiodifusión visual se inició con retrasos no sólo en
referencia a Estados Unidos e Inglaterra que desarrollaron la tecnología en la
década del cuarenta sino en América Latina donde México, Cuba y Brasil hicieron
lo propio en 1950.
VI.
La segunda presidencia de Perón: La primera ley de radiodifusión
En el marco de un formidable sistema
de medios alcanzado en la primera presidencia , el gobierno logró que el
Honorable Congreso de la Nación el 30 de enero de 1953 sancionara la ley Nº
14.184 y aprobara los objetivos fundamentales del Segundo Plan Quinquenal:
“consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y
mantener la soberanía política”. Esta planificación nacional (sostenida en 30
capítulos) que abarcaba el período 1953-1957 integraba todos los planes
provinciales del país para alcanzar el desarrollo conjunto de la nación.
El capítulo 26 de esta norma se
refería al área “Comunicaciones” que tenía tres niveles de misiones
determinados que afectabana a la radiodifusión sonora y a la radiodifusión
visual: a) objetivos fundamentales, b) objetivos generales y c) objetivos
específicos.
Como objetivo fundamental resaltaba que era necesario
disponer de un sistema orgánico y racional de comunicaciones que posibilite su
adecuada vinculación interna y con el exterior y que asegure: a) la elevación
del nivel cultural de la población, b) la promoción y el desarrollo económico
y, c) su adaptación a las necesidades de la seguridad interna y de la defensa
nacional.
De los 12 objetivos específicos que comprendía el
capítulo presentan nuestro interés seis de ellos: a) función social de las comunicaciones: la extensión y el
mejoramiento de los servicios de comunicaciones estarían primordialmente
destinados a consolidar la unidad social del pueblo y mejorar su nivel
cultural, b) planificación de los
servicios de comunicaciones: se integraría a los servicios de
comunicaciones como una unidad funcional que facilitaría su utilización
integral previendo las futuras exigencias del país mediante la incorporación de
todos los adelantos de la técnica, c)
conducción de los servicios de comunicaciones: se realizaría por la nación
en orden al cumplimiento de la prescripción del artículo Nº 40 de la
Constitución Nacional[80] y,
d) legislación: la normativa vigente
en materia de comunicaciones debía ser actualizada y complementada en
concordancia con el progreso técnico y con la nueva situación del país en esta
esfera, determinada por la nacionalización de los servicios públicos de
comunicaciones.
Entre los objetivos específicos, la radiodifusión y la
televisión aparecen desarrollados puntualmente como dos temáticas del gobierno.
Destacándose que el servicio nacional de radiodifusión sería conducido por el
Estado y extendido a toda la nación como expresión de la soberanía del país, en
orden a la seguridad y defensa nacional y para elevar la cultura general de la
población mediante: a) la extensión adecuada de la red oficial de
radiodifusión, b) la instalación de radiodifusoras privadas que autorice con
asistencia técnica y crediticia el Estado y, c) la orientación adecuada de las
transmisiones internacionales especiales del organismo estatal específico, a
fin de hacer conocer la vida y cultura del pueblo argentino, sus realizaciones
como aporte a la cultura universal y su “Doctrina Nacional”.
La televisión se presentó como otro objetivo de esta
categoría señalando que el servicio de televisión sería auspiciado por el
Estado a fin de que goce del mismo el mayor número posile de habitantes del país
y en las mejores condiciones técnicas. La legislación pertinente habría de
prever los inconvenientes que pudiera acarrear el cumplimiento de este objetivo
a ciertos medios de expresión culttural (teatro, cinematografía y deportes,
fundamentalmente).
En relación a los objetivos especiales del Servicio
Oficial de Radiodiofusión se apuntó: a) en el quinquenio 1953-1957 el área de
estaciones de radiodifusión sería aumentada en un 187 % con respecto a 1952 y
b) el servicio internacional cuyo alcance actual estaba limitado a América y
Europa Occidental sería extendido a todo el mundo, mediante la incorporación de
tres nuevos equipos transmisores.
Cuatro meses después del anuncio oficial del
lanzamiento del “Segundo Plan Quinquenal” Perón firmó el Decreto Nº 4.870 el 8
de abril de 1953, en el que fijó las responsabilidades de los distintos
ministerios para el cumplimiento de los objetivos del plan detallado conforme a
sus funciones específicas y asignando dos modos de responsabilidades: principal
y concurrente.
El Servicio Nacional de Radiodifusión tenía como
ministerio responsable al de Comunicaciones y como ministerios concurrentes a
los de Defensa Nacional, Interior y Educación. La televisión, poseía como
ministerio responsable al de Comunicaciones y como ministerios concurrentes a
los de Justicia y Defensa Nacional.
El Segundo Plan Quinquenal indicaba que todo estaba
ordenado para glorificar la acción del gobierno de estos primeros siete años en
materia de informaciones y comunicaciones, sólo faltaba la ley que regularizara
definitvamente todo lo alcanzado.
El 28 de setiembre de 1953 el Honorable Senado de la
Nación consideró y aprobó la ley Nº 14.241[81],
del Servicio de Radiodifusión y el 13 de octubre de 1953 la promulgó el Poder
Ejecutivo. Con el correr de los años, se consitutiría en la primera y única ley
de radiodifusión de la historia de nuestro país aprobada por un gobierno
democrático.
Esta ley, de solamente 26 artículos, tenía una
división general sobre la base de cuatro títulos: I) disposición general, II)
servicio de explotación privada, III) servicio oficial de radiodifusión y IV)
disposiciones transitorias.
El título primero definió al servcio de radiodifusión
como el que mediante emisiones sonoras o visuales transmite directamente al
público programas culturales, educativos artísticos, informativos y de
entretenimiento que respondan al interés general.
El título segundo estaba integrado por cuatro
capítulos: a) definición y características del servicio, b) régimen de las
licencias, c) régimen del servicio y d) disposiciones especiales.
En primer lugar, se precisó al servicio de
radiodifusión como “de interés público”, destacando que el Poder Ejecutivo
podría autorizar a particulares su prestación mediante licencias sujetas a las
condiciones establecidas por la ley y su reglamentación. Las adjudicaciones se
harían previa licitación pública mediante pliego de bases y condiciones.
Los adjudicatarios de cada licencia pagarían, en
concepto de retribución al Estado, por la explotación de las mismas, una contribución
anual a determinar por el Poder Ejecutivo.
Excluido el servicio oficial que presta el Estado, la
explotación de estaciones de radiodifusión por particulares, su instalación y
funcionamiento, se haría sobre la base de tres redes técnicamente orgánicas.
Toda la organización del régimen del servicio de
radiodifusión tendría como fundamento el principio de la subordinación del
interés particular al interés social, cultural, económco y político de la
nación.
Con respecto al régimen de las licencias se afirmaba
que las licencias se otorgarían por 20 años y a los que reunieran las
siguientes condiciones: a) ser argentino nativo, b) si fueran personas
jurídicas o sociedades deberían poseer el 70 % del capital argentinos nativos,
c) el presidente, los miembros del directorio y el personal superior, técnico y
administrativo tendrían que ser argentinos nativos o naturalizados en el
supuesto de éstos tres últimos y, d) tenían que poseer un plan de acción
referente a la licencia solicitada.
Asimismo se aclaraba que los titulares de las
licencias, directores, administradores y gerentes no podrán tener interés
directo o indirecto en otra red, y si se cometiera infracción en esta
prohibición podría sancionarse hasta con la caducidad de la licencia. Además,
las licencias otorgadas no podían ser cedidas o transferidas total o
parcialmente por ningún título.
El régimen del servicio sostenía que los programas de
transmisión se ajustaban a tres principios básicos: a) constituir un exponente
de la cultura e integrar un plan conjunto racional para la elevación del nivel
moral e intelectual del pueblo, b) contribuir a la formación y consolidación de
la unidad espiritual de la nación y c) asegurar una adecuada participación de
los valores y motivos culturales, artísticos y tradicionales del interior del
país.
En esta parte, en materia de contenidos, se prohibía
la transmisión de noticias o comentarios contrarios a las leyes, moral, buenas
costumbres, las que incitaran a la traición contra el Estado, la rebeldía o la
sedición contra las autoridades, las que provocaran alarma pública, las que
perturbaran las actividades económico-financiera, las que dañaran o comprometan
las relaciones internacionales del país y las que suscitaran polémicas o
contuvieran expresiones injuriosas o difamatorias.
En relación a la publicidad comercial se específicó
que se realizaría de modo que por su magnitud, carácter y forma de transmisión
no afectara la calidad de la programación.
En las disposiciones especiales se destacaba la
mención que el Poder Ejecutivo podría intervenir, suspender o tomar a su cargo,
total o parcialmente, el servicio de radiodifusión que realizaran las redes
privadas, en los casos previstos en los artículos Nº 34 y 83 (inc. 19) de la
Consitución Nacional que se referían a la posibilidad de declarar el estado de
sitio en casos de conmoción interior o de ataque exterior.
El título tercero creó el Servicio Oficial de
Radiodifusión (SOR) y el Servicio Internacional de Radiodifusión (SIR). El SOR
tenía como finalidad contribuir a consolidar la unidad espiritual de la nación
-exaltando tradiciones y sentimientos patrios- y jerarquizar los programas
mediante transmisiones calificadas que ayudaran a difundir la acción del
Estado. El SIR debía difundir en el exterior los planes y resultados del
gobierno a través de la “Doctrina Nacional”. Los fondos del SOR se conformaban
sobre dos tipos de recursos: a) créditos que anualmente fijaba la ley de
presupuesto y b) contribuciones de carácter anual de las redes privadas.
El título cuarto destaca que los permisionarios de ese
entonces continuarían prestando el servicio a título precario hasta tanto se
adjudicaran las redes. Finalmente, el artículo 24 de la ley Nº 14.241, que
sería el eje de un grave conflicto unos años después, señaló que “dentro de los
noventa días de la promulgación de la presente, el Poder Ejecutivo llamará a
licitación pública por el término de 45 días para el otorgamiento de la
licencia de explotación de cada una de las redes”.
El texto de la ley Nº 14.241 necesitaba todavía definir
y perfeccionar algunas de las secciones comentadas porque los 26 artículos
comprendieron definiciones muy genéricas y limitadas que implicaban describir
aún más el alcance. Para avanzar en estos lineamientos el Ministerio de
Comunicaciones preparó la reglamentación de la ley con la finalidad de precisar
todo lo que el gobierno pretendía en materia de radiodifusión. Para ello el 23
diciembre de 1953 se reglamentó la ley del servicio de radiodifusión, luego de
la firma del Decreto Nº 25.004.
Este decreto reglamentario de la ley del servicio de
radiodifusión contenía 40 artículos y estaba dividido en once capítulos: I)
Disposiciones generales, II) Organización de los servicios, III) Régimen de las
licencia, IV) Requisitos técnicos, V) Ejecución del servicio, VI) Prestación
del servicio, VII) Fiscalización del servicio, VIII) Régimen contable, IX)
Contribución anual, X) Sanciones y XI) Medidas complementarias.
El capitulo primero definió al organismo competente y
de control: el Ministerio de Comunicaciones, teniendo la dirección,
intervención e inspección de los servicios de radiodifusión y televisión y
también el desarrollo de la orientación cultural y estética del SOR.
En relación a los contenidos y dentro del marco de
consolidar la cultura nacional esta norma señala diversas consideraciones: a)
en las trasmisiones orales no se incluirán expresiones antiargentinas o
conceptos que atenten contra el estilo de vida colectivo de la nación, b) las
emisoras mencionarán la fuente orginaria de las noticias o informaciones que
difundan a fin de establecer sua téntica y real procedencia, c) cada una de las
empresas pemisionarias será responsable de las noticias o informaciones que
trasmitan, las que deberán confirmarse por las fuentes de origen antes de su
radiación y cuando se trate una información de carácter internacional se
extremarán las medidas de precaución, d) la responsabilidad por las noticias o
informaciones que resulten falsas o capciosas recaerá sobre la entidad que la
hubiera suministrado y, e) cada estación de radio ejercerá la fiscalización de
sus contenidos.
La publicidad comercial sólo se admitiría en forma
mesurada y de manera que no disminuyera la calidad de los programas, ya sea por
la extensión, contenido o tipo de los anuncios. Y se inspiraría en la veracidad
y honestidad y se prohibía la transmisión de publicidades que significaran una
competencia desleal.
En el capítulo II, la organización de los servicios,
debía ser constituida por indicación del Ministerio de Comunicaciones quien
definiría la ubicación de cada una de las tres redes para la prestación del
servicio de radiodifusión. En relación al régimen de las licencias, que se
refiere el capítulo III, los proponentes deberían satisfacer las siguientes
condiciones, además de las exigidas por la ley Nº 14.241: a) acompañar copia
autenticada de los estatutos de constitución social y b) documentar
antecedentes personales honorables y solvencia económica que demuestre la
capacidad financiera necesaria para formar la red.
La adjudicación de cada una de las redes se haría
sobre la consideración de dos motivos: a) la base de la mayor suma de dinero
ofrecida en concepto de contraprestación al Estado y b) la prestación de las
mayores garantías económicas, técnicas y artísticas que permitan la realización
de un servicio que acreciente el nivel moral e intelectual del pueblo.
La revocación de las licencias podría ser dispuesta
por el Poder Ejecutivo y no daría derecho al permisionario a reclamar
indemnizaciones de ningún género.
EL capítulo IV que formula los requisitos técnicos
señalaba que el Ministerio de Comunicaciones asignará las frecuencias a las
estaciones de radiodifusión y televisión teniendo en cuenta que la distribución
y empleo sería realizada según expresa el Reglamento de Radiocomunicaciones.
La ejecución del servicio, designada en al capítulo V,
afirma que ninguna estación podría suspender sus transmisiones sin la previa
autorización del Ministerio de Comunicaciones. El capítulo VI, acerca de la
prestación de servicios, destaca que los permisionarios estaban eximidos de la
prestación gratuita de los servicios de radiodifusión con las excepciones que
establezca el gobierno nacional.
El capítulo VII nombra al Ministerio de Comunicaciones
como organismo de control, verificación, intervención e inspección de los
servicios en cualquiera de sus aspectos. El régimen contable, asignado en el
capítulo VIII, resalta que la contabilidad correspondiente a la explotación de
los servicios de radiodifusión y televisión se llevaría en forma analítica, al
día, en idioma nacional, en moneda nacional y con sujeción a las disposiciones
que fijara el Ministerio de Comunicaciones.
La contribución anual, referenciada en el capítulo IX,
explica que el permisionario de cada una de las redes pagaría en concepto de
retribución al Estado por la explotación de las mismas una contribución anual
de un millón de pesos moneda nacional ($ 1.000.000 m/n), importe que sería
destinado al SOR. Si el desenvolvimiento económico-financiero de la explotación
de los servicios resultara superavitario el Ministerio de Comunicaciones podría
establecer el aumento de la contribución anual.
El capítulo X resalta el régimen de sanciones que
detalla en una escala ascendente: a) observaciones, b) llamados de atención, c)
apercibimiento y, d) suspensiones de tres horas a treinta días y durante este
período se podría obligar al permisionario a continuar las transmisiones sin
publicidad comercial. Las medidas complementarias del capítulo XI manifiestan
la derogación del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Teniendo toda la normativa necesaria para regularizar
la estructura de propiedad en el sistema de medios a partir de la Ley Nº
14.241/53 y el Decreto reglamentario Nº 25.004/53 y la vigencia de la política
de contenidos del servicio de radiodifusión a partir de la sanción del Decreto
Nº 13.474/46, Manual de Instrucciones para las Estaciones de Radiodifusión,
sólo faltaba poner en práctica las leyes.
Siete meses después de la reglamentación de la ley de
radiodifusión, en junio de 1954, se produjo el llamado a licitación para la
instalación y explotación de tres redes de radiodifusión, a partir de la firma
del Decreto Nº 9967/54[82].
Esta norma que conformaría el marco legal de las
futuras designaciones en materia de radiodifusión y televisión a la vez
constituyó un vacío legal extraordinario ya que como señalamos el artículo 24
de la ley Nº 14.241, establecía que el llamado a licitación pública debía
realizarse en el término de 45 días para el otorgamiento de la licencia de
explotación de cada una de las redes. Esta controversia jurídica sería el
argumento utilizado por el gobierno de la “Revolución Libertadora”, que
derrocaría a Perón, para derogar el llamado a licitación y las adjudicaciones
correspondientes.
Es importante destacar que este hecho no se comporta como
una aberración jurídica –porque la legislación argentina está plagada de estos
ejemplos- sino como acto jurídico posible que depende fundamentalmente de la
coyuntura política, más allá de los aspectos técnicos mencionados.
El Decreto Nº 9967/54 aprobó el pliego de bases y
condiciones de la licitación pública para la instalación, funcionamiento y
explotación de tres (3) redes de radiodifusión, técnicamente orgánicas e
independientes entre sí.
Las tres redes que se licitaron comprendían las
estaciones que en cada caso señalaban las letras “A”, “B” y “C”, que formaban
parte integrante de las bases y condiciones, con especificaciones del lugar de
instalación, la frecuencia y la potencia con que funcionarían, debiendo
proveer, en todos los casos, su propia fuente de energía eléctrica.
Los adjudicatarios de cada una de las tres redes
licitadas abonarían al Ministerio de Comunicaciones, en concepto de
contraprestación al Estado por la licencia que se otorgara y con destino al
SOR, la cantidad mínima de tres millones de pesos moneda nacional (m$n.
3.000.000).
En este aspecto expresa el artículo 3º una mención
trascendental que indica la pretensión del gobierno de Perón respecto del
futuro del sistema de radiodifusión en relación a desarrollar un sistema de
televisión integrado no sólo por el canal 7 (LR 3 TV) sino por otros canales de
televisión que acompañaban a la redes de radiodifusión respectiva: “A”, “B” y
“C”, manifestando textualmente “la adjudicación de la licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de cada una de las redes de
radiodifusión a que se refieren las disposiciones precedentes, lleva implícita
la de los canales de televisión respectivos”.
Como condición de la adjudicación los proponentes se
obligaban a adquirir al Estado, sobre la base del precio que en cada caso se
establecería, el activo físico integrado por instalaciones de emisoras, muebles
e inmuebles y demás bienes que se transferían para cada red de acuerdo con el
detalle que se específica a continuación: Red “A”; m$n. 4.039.185, Red “B”;
m$n. 31.165.887 y Red “C”; m$n. 17.327.522.
El programa de acción de las redes tenía que estar
comprendidos sobre cinco puntos: a) capital mínimo que se invertirá para la
explotación del servicio, plan de inversiones y plazos en que se realizarán, b)
plan de orden artístico, cultural, científico y educativo, c) obra argentinista
a difundir, d) participación en las transmisiones –sea cual fuere el lugar de
su origen- de los valores y motivos culturales, artísticos y tradicionales del
interior del país y, e) participación y porcentaje en los programas de
instituciones argentinas de arte, cultura, ciencia y educación.
En relación a las características del licenciatario se
exigiría para personas físicas la condición de argentino nativo y cuando se tratara
de personas jurídicas debían ser constituidas en nuestro país y por lo menos el
70 % del capital social tenían que pertenecer a argentinos nativos.
Las licencias se adjudicaban sobre la base de cuatro
condiciones: a) posibilidades técnicas ofrecidas, b) antecedentes personales y
solvencia económica que asegure la eficiencia del servicio, c) organización de
la empresa para satisfacer las funciones técnicas, administrativas y
artístico-culturales y, d) mayor suma ofrecida sobre los montos establecidos
–expresados anteriormente-.
Asimismo, las licencias se acordaban por el término de 20 años a contar desde la
fecha de su otorgamiento sin renovación alguna ya que en la nueva licitación
futura gozarán de preferencia en igualdad de condiciones los permisionarios que
cesaran. Las licencias otorgadas no podrían ser cedidas o transferidas, total o
parcialmente, por ningún título a terceros sin autorización del Poder
Ejecutivo. La revocación de la licencia no daba derecho a reclamar
indemnización de ningún género, consagrando así también la extinción de la
misma por tres causas: muerte, falencia o condena en proceso penal del
permisionario.
Los adjudicatarios, exentos de la prestación gratuita
de los servicios de radiodifusión por disposición del Poder Ejecutivo debían
emitir mensajes o discursos pronunciados por el Presidente de la Nación con
motivo de actos y ceremonias de trascendencia pública y desfiles de las fuerzas
armadas u otros actos relevantes que se celebren en oportunidad de efemérides
patrias, rememoración histórica o repercusión nacional.
La tres redes licitadas estaban integradas de la misma
manera en relación a la cantidad total: 23 estaciones de radiodifusión cada
red. Pero en su integración se diferenciaban de la siguiente manera: Red “A”
tenía como cabecera a “LR 6 Radio Mitre” y poseía 5 estaciones en Capital
Federal y 19 estaciones en el interior del país. La Red “B” tenía como cabecera
a “LR3 LRY Radio Belgrano” y poseía 5 estaciones en Capital Federal, 19
estaciones en el interior del país y un canal de televisión en la Capital
Federal “L3 TV” y finalmente la Red “C” tenía como cabecera a “LR 4 Radio
Splendid” y tenía 4 estaciones en Capital Federal y 20 estaciones en el
interior del país.
No obstante, el decreto Nº 9967/54 que llamaba a licitación
en la descripción de estaciones de radiodifusión que integraban las redes no
describían nominalmente la cantidad que menciona numéricamente (23) sino a las
que se detallan a continuación, que en la sumatoria de los activos físicos
concuerda con el monto global en pesos solicitado por cada una de las redes.
La Red “A” y su estación cabecera
“LR 6 Radio Mitre” la integraban: “LR 9 Radio Antártida”, “LT 15 Radio
Concordia”, “LU 4 Radio Comodoro Rivadavia”, “LV 3 Radio Córdoba”, “LV 13 Radio
San Luis”, “LW 7 Rades Catamarca” y “LW 8 Radio Jujuy”.
La Red “B” y su estación cabecera
“LR 3 LRY Radio Belgrano” la constituían: “LR 2 Radio Argentina”, “LS 5 Radio
Rivadavia”, “LS 6 Radio del Pueblo”, “LT 7 Radio Provincia”, “LT 8 Radio
Rosario”, “LT 12 Radio Paso de los Libres”, “LT 14 Radio General Urquiza”, “LU
2 Radio Bahía Blanca”, “LU 9 Radio Mar del Plata”, “LU 10 Radio Azul”, “LV 2
Radio Central”, “LV 9 Radio General Guemes”, “LV 10 Radio Cuyo”, “LV 11 Radio
del Norte”, “LV 12 Radio Independencia”, “LV 14 Radio La Rioja” y “LV16 Radio
Ranquel”.
La Red “C” y su estación cabecera
“LR 4 Radio Splendid” la componían: “LR 5 Radio Excelsior”, “LS 4 Radio
Porteña”, “LT 2 Radio Rosario”, “LT 4 Radio Posadas”, “LT 6 Rades Goya”, “LT 11
Radio Concepción del Uruguay”, “LT 16 Rades Presidencia Roque Séenz Peña”, “LU
3 Radio Bahía Blanca”, “LU 5 Radio Neuquén”, “LU 8 Radio Bariloche”, “LU 12
Radio Río Gallegos”, “LU 13 Rades Necochea”, “LV 4 Radio San Rafael”, “LV 6
Rades Mendoza”, “LV 15 Radio Mercedes”, “LW 1 Rades Córdoba” y “LW 3 Rades
Tucumán”.
El 22 de octubre de 1954, cuatro
meses después del llamado a licitación, mediante el decreto Nº 17.959 se aprobó
la licitación pública realizada por el Ministerio de Comunicaciones y se
concedió a los proponentes las licencias para la instalación, funcionamiento y
explotación por el término de 20 años de las tres redes licitadas del servicio
de radiodifusión y televisión.
La Red “A” de radiodifusión y un
canal de televisión se adjudicó a “Empresa Editorial Haynes Limitada Sociedad
Anónima”, la Red “B” de radiodifusión y un canal de televisión se otorgó a
“A.P.T., Promotores Asociados de Teleradiodifusión Sociedad Anónima (en
formación)” y la Red “C” de radiodifusión y un canal de televisión se adjudicó
a “Sociedad Anónima La Razón, editorial, emisora, financiera y comercial”.
Como describimos a lo largo de este
texto las empresas editoriales “Haynes Ltda.” y “La Razón” eran dirigidas por
el My. Vicente Carlos Aloé y “A.P.T., Promotores Asociados de Teleradiodifusión
Sociedad Anónima (en formación)” estaba gerenciada por el Sr. Jorge Antonio,
amigo de Juan Domingo Péron y ex Presidente de Mercedes Benz Argentina.
Es decir, como afirma Brenca de
Russovich y Lacroix “los medios salían de la égida del Estado y se quedaban en
el área del gobierno”[83].
De esta forma el sistema de
radiodifusión en 1954 estuvo organizado por tres redes privadas “A”, “B” y “C”
y una red oficial del Estado “LRA Radio del Estado” y un conjunto minoritario
de radios independientes de baja frecuencia, que no influían en el sistema
comercial entre las que se destacaba LV1 Radio Graffigna de San Juan.
VII.
Diversas consideraciones y el final del gobierno
“La actividad periodística de un país, en sus
distintas formas, es el reflejo de la vida misma de un pueblo. De
colectividades sin ética y hombres sin honor no puede esperarse sino un
periodismo sin objetivos, sin valores morales y sin virtudes. Cada pueblo tiene
el periodismo que se merece. El periodismo, como toda actividad humana al
servicio del pueblo se ennoblece y al servicio de la pasión del hombre se
envilece. Yo estimo fundamental por eso que el periodismo acepte ante todo, y
como primera norma de su ética, someter sus intereses a los ideales. Solamente
así podrá servir al pueblo y por la misma razón ennoblecerse”.
(Juan Domingo Perón[84])
Para comprender el fenómeno del peronismo en todas sus dimensiones es
importante resaltar que Juan Domingo Perón fue el resultado de un sistema
político y de una corriente ideológica de la sociedad y del momento histórico.
Desde la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social inició un proceso de transformación bajo una
concepción revolucionaria y en la cual estaba comprendida la construcción de
nuevas y propias reglas en el escenario político a partir de la justicia
social.
Resulta esencial admitir
la presencia de una mística en toda esta etapa de la historia de nuestro país
porque sólo así puede explicarse en la evolución histórica la permanencia de la
identidad y la lealtad peronista. Robert Potash al respecto expresó: “Es
inevitable que los juicios discrepen, pero parece haber existido algo más que
un mero oportunismo en el ejercicio del poder por parte de Perón. Después de
todo se había identificado con los cambios en la distribución del poder y los
ingresos, los cambios en el equilibrio entre la industria y la agricultura y
los cambios de estilo con la política exterior. Esa era su revolución y el
mayor énfasis se encontraba en la necesidad de organizarse en el nivel del
gobierno, del Estado, de la nación y de la comunidad para crear una estructura
permanente que hiciera imposible un regreso al pasado”[85].
El golpe de estado que terminó con el gobierno de Perón,
encabezado por el Gral. Eduardo Lonardi en la denominada “Revolución
Libertadora”, empezó suprimiendo al Honorable Congreso de la Nación[86] y en la asunción de facultades legislativas se anuló la Constitución
Nacional de 1949[87], se anuló la licitación de radiodifusión[88], se derogó el Segundo Plan Quinquenal[89], se disolvió la Secretaría de Prensa y Difusión[90], se disolvieron los partidos peronistas masculino y femenino[91], se separó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia[92], se prohibió la utilización de palabras y elementos ideológicos
peronistas -la infracción de esta norma podía alcanzar los seis años de prisión[93]- y se decretó la vigencia de la ley marcial en todo el país[94].
En este escenario, se
creó la Comisión Nacional de Investigaciones, dependiente de la Vicepresidencia
de la Nación, que tenía como objeto investigar las irregularidades que se
hubieran producido en todas las ramas de la Administración Pública Nacional,
Provincial y Municipal, durante la gestión del gobierno de Perón. Con la
publicación de los antecedentes, documentación y conclusiones de esta Comisión
investigadora se publicó el “Libro Negro de la Segunda Tiranía”[95].
La Comisión -que trajo
más problemas que soluciones- generó 80 comisiones y 150 subcomisiones para la
investigación específica de organismos oficiales, privados y de personas
particulares.
Estuvo presidida por el
Contraalmirante Leonardo Mac Lean, tres vocales: Gral. Brig. Luis Rodolfo
Gonzalez, Brig. My. Federico Fernando Antonio Ruiz y el Dr. Rodolfo Medina. A
su vez, estuvo constituida por 4000 agentes en todo el país, 2500 para la
Capital Federal y 1500 para el interior, que “se convirtieron en arbitrarios
fiscales, jueces y tribunales cuyo discrecional poder -considerando también
denuncias anónimas- hacía cualquier defensa imposible o nula”[96].
Todos los miembros
tenían la capacidad jurídica de hacer comparecer a personas testigos,
sospechadas o acusadas para interrogarlas, allanar sus domicilios, detenerlas e
incomunicarlas contando en todos los casos el apoyo de la fuerzas policiales.
A través de la
Comisiones Nº 21 y Nº 7 se investigó respectivamente todo lo sucedido en la
Secretaría de Prensa y Difusión y en el Ministerio de Comunicaciones.
Por otra parte, en el desarrollo del poder de las
organizaciones del Estado existen factores que determinan si una organización
pública tiene autonomía suficiente para ejercer un poder político sólido,
existiendo dos clases de recursos que fundamentan el poder: autoridad y
recursos económicos.
En este escenario, Brown
y Erie (1984), destacan tres factores como fuentes de poder de las
organizaciones públicas, que son las claves para conseguir los dos recursos
mencionados: a) decisiones legales, b) desarrollo de un ámbito de competencia
definido y, c) alianzas con grupos económicos y sociales.
En este aspecto, tanto
la Secretaría de Prensa y Difusión como el Ministerio de Comunicaciones se
pueden definir dentro de las funciones establecidas en el Estado nacional y
social del peronismo como sectores del
núcleo estratégico y sectores con actividades exclusivas del Estado porque
asumían decisiones estratégicas en la “cabeza del Ejecutivo” y representaban en
el Poder Ejecutivo Nacional el máximo nivel de jerarquía y responsabilidad de
gestión en materia de radiodifusión.
El peronismo tuvo en sus
casi diez años de gobierno, en el entorno de una democracia autoritaria, dos
protagonistas: el Estado y el pueblo. Y la radiodifusión cumplió un rol
fundamental como articulador de esta relación a partir de la construcción de la
identidad peronista.
La ausencia analítica y
descriptiva de la prensa gráfica y el cine nos impiden sostener si existió en
el gobierno de Perón una política nacional de comunicación, que de confirmarlo,
sería la primera política en la historia de nuestro país.
Lo que si podemos
afirmar es que cuatro sistemas de comunicación fueron utilizados desde el
gobierno para instaurar el adoctrinamiento de la sociedad, en relación a la
instrucción y a la difusión: radio, televisión, prensa gráfica y cine. Y sobre
estos se desarrolló una regulación normativa extraordinaria, jurídica, política
y económica como jamás se había logrado, desde lo cualitativo y lo cuantitativo
con altos contenidos de políticas de comunicación y políticas culturales.
Políticas culturales que
promovieron zonas relegadas, el interior del país y nuevas actividades
vinculadas con la industria audiovisual y la industria gráfica.
Los medios de
comunicación, en esta experiencia histórica, garantizaron el adoctrinamiento de
la sociedad y la vigencia del peronismo pero no la supervivencia del sistema de
gobierno. Esta posición dentro de los factores de poder fue decidida por un
actor de un nivel institucional distinto, las fuerzas armadas. Pero la sociedad
fue la que acompañó mayoritariamente -desde los procesos electorales- la
permanencia de Perón en el poder, más allá de la relación del gobierno con la
estructura de propiedad de los medios teniendo presente que en 1946 la mayoría
de éstos estaban enfrentados y en 1955 estaban unidos a Perón.
En la primera
presidencia (1946-1952) se formó un sistema extraordinario de medios de
comunicación y en la segunda presidencia (1952-1955) se regularizó y
normativizó a la radiodifusión a partir de la sanción de leyes y decretos
sustanciales. El resultado de estas etapas del gobierno fue la formación y
consolidación de un proceso de concentración, centralización y regulación ideológica.
La restricción de
libertades sólo puede ser comprendida dentro de la concepción doctrinaria del
peronismo en materia de radiodifusión establecida desde la función social de las comunicaciones, extendiendo los servicios
de comunicaciones para lograr la unidad social del pueblo, promover el
desarrollo económico y mejorar el nivel cultural, adaptándose a las necesidades
de seguridad interna que reclamaba el período revolucionario que Perón
necesitaba consagrar desde lo que denominó la “Doctrina Nacional”.
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[1] Palabras
pronunciadas el 24 de junio de 1953 con motivo de la inauguración de los Cursos
de Periodismo de la Escuela de Periodismo, creada por el Sindicato Argentino de
Prensa.
[2] El concepto de
actores alude a individuos, grupos, sectores y organizaciones a los que es
posible imputar comportamientos económicos y políticos que permiten ubicarlos
en el cambiante -y crecientemente complejo- escenario de una estructura social
en formación. (OSZLAK, Oscar (1985). La
Formación del Estado Argentino. Editorial de Belgrano, Buenos Aires, p. 14)
[3] Según la sociología
clásica la masa se define como un conjunto social amorfo -carece de forma- y se
caracteriza por las relaciones psíquicas, duraderas o fugaces, que se
establecen entre sus componentes. Porque en cuanto se considera integrante de
una masa y piensa en función de tal, el individuo se coloca en el nivel en que
se encuentra en comunión con los demás, siendo los factores preponderantes de
su pensamiento los que comparte con todos los componentes del conjunto. Al
carecer de regulación interna necesitan un conductor. (DE MAHIEU, Jaime María
(1969). Tratado de Sociología General.
Editorial Sudestada, Buenos Aires, p. 134). El comportamiento de la masa
presenta tres características básicas: a) objetivos remotos y extremos, b)
favorecen los modos activistas de intervención en el orden social, c) movilizan
sectores desarraigados y atomizados de población y, d) carecen de una
estructura interna independiente. (KORNHAUSER, William (1969). Aspectos políticos de la sociedad de masas.
Amorrortu editores, Buenos Aires, p. 44).
[4] La exposición
denominada “La Nueva Argentina” fue presentada el 20 de setiembre de 1951
mediante el Decreto Nº 18.642/51.
[5] Integraron el grupo
sólo miembros del ejército en actividad, tres coroneles: Miguel Montes, Juan
Domingo Perón y Emilio Ramírez, trece tenientes coroneles, tres mayores y un
capitán.
[6] Definición desarrollada
del GOU según distintos autores. Roberto Sidicaro lo define como Grupo Organizador y Unificador, Fermín
Chavez y Enrique Pavón Pereyra lo designa como Grupo de Obra de Unificación y Bernardo Rabinovitz lo señala como Grupo, Orden y Unidad. Por otro lado,
Peter Waldmann, Alain Rouquié, Robert Potash, Joseph Page, José Luis Romero,
Alejandro Horowicz y Félix Luna, entre otros, lo caracterizan como Grupo de Oficiales Unidos. Pero más allá
de esta distinción la mayoría de los autores que estudia el peronismo destaca
la escasa influencia del GOU en el golpe de estado producido en 1943.
[7] A finales de 1941
Perón fue nombrado Jefe del Destacamento de Montaña de la Provincia de Mendoza
y en 1942, siendo designado coronel es trasladado a la Inspección de Tropas de
Montaña, cuyo jefe era el Gral. de Brigada Edelmiro Farrell. En esta provincia
empieza a construirse una relación de amistad entre ambos militares que sería
trascendental en el destino del país.
[8] En la segunda etapa
del peronismo luego del período de la resistencia peronista (1955-1973) el
proyecto político en su tercera presidencia (1973-1974) Perón lo denominó “El
Modelo Argentino para el Proyecto Nacional”, siendo la última actualización de
su pensamiento y su doctrina.
[9] Más allá de la extensa
obra escrita y de los cargos académicos que ocupó Perón, antes de integrar al
gobierno del Gral. Farrell, tuvo tres funciones destacadas en el exterior:
1931) Jefe de la Subcomisión de Límites que reconoció la frontera
boliviana-argentina, 1936) Agregado militar en la República de Chile y 1939)
Agregado militar en la República de Italia en los Regimientos “Infantería de
Montaña -Chietti-”, “División Alpina -Tridentina-“ y “División de Infantería de
Montaña -Pinerolo-”.
[10] El 25 de febrero de
1944, el Presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, William
Johuston, manifestó “el pueblo de mi país se siente feliz con cooperar con los
países sudamericanos, pero ustedes también deben hacer un sacrificio muy
importante para ganar la guerra en Europa” (RABINOVITZ,
Bernardo (1956). Lo que no se dijo
(1943-1956). Ediciones Guré, Buenos Aires, p. 15)
[11] Nuestro país declaró
la guerra al Reich Alemán y al Imperio del Japón el 27 de marzo de 1945 a
través del Decreto Nº 6.945/45.
[12] En este año se
creó la Escuela Superior de Guerra del Ejército cuyo lema continúa vigente “Ser
más que Parecer” y donde los primeros profesores magistrales eran militares
alemanes que confirma el Tte. Gral. Luis María Campos, al señalar “tenemos que
partir de los maestros del arte de la guerra y de la estrategia, los alemanes y
en especial Karl Von Clausewitz y Colmar Von Der Goltz” (PAVON PEREYA, Enrique
(1952). Perón. Preparación de una Vida
para el Mando (1895-1942). Ediciones Espiño, Buenos Aires, p. 98).
[13] Frente político conservador-radical
de características antipersonalistas.
[14] En 1954 el
número de parlamentarios de origen gremial fue el más alto de la historia: 8
senadores nacionales, 49 senadores provinciales, 54 diputados nacionales y 160
diputados provinciales. En 1955 la CGT tenía 6.000.000 de obreros afiliados
sobre un población total del país de 18.000.000 de habitantes. (SANTOS
MARTINEZ, Pedro (1976). La Nueva
Argentina (1946-1955). Ediciones La Bastilla, Buenos Aires, p. 264).
[15]
Fundamentalmente con la Armada. La Fuerza Aérea, entre la mayoría de sus
miembros, acompañó una posición ideológica neutral en relación al peronismo,
inclusive en el derrocamiento del gobierno de Perón en 1955. El ejército fue el
actor clave de las fuerzas armadas entre 1946 y 1955 y en él se produjo el
mayor porcentaje de adoctrinamiento y lealtad a Perón pero también desde esta
arma emergieron los hombres que terminaron produciendo el final anticipado de
su mandato. La orientación ideológica de los generales en servicio activo,
sobre un total de 44, con respecto a una posición favorable a la candidatura de
Perón en 1946 era sólo de 11, el resto de los oficiales superiores del ejército
se declaraba como “antiperonista” o neutral (POTASH, Robert (1981). El ejército y la política en la Argentina
(1945-1962). De Perón a Frondizi. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, p.
26).
[16] Juan Domingo Perón
renunció el 8 de octubre de 1945 a los cargos de Vicepresidente de la Nación,
Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión. El 12 de octubre del
mismo año el Gral. Farrell por indicación del Ministro del Interior, Gral.
Eduardo Abalos, ordenó el arresto domiciliario de Perón.
[17] Fermín Chávez relata
que estuvieron presente 200.000 personas y Félix Luna 150.000 personas.
[18] Estuvo integrado por
la mayoría de los partidos políticos y tenían el apoyo de la Marina, la Fuerza
Aérea, la clase alta y la clase media de la sociedad, la universidad, la
Embajada de Estados Unidos, los medios de comunicación y un sector del
Ejército.
[19] En este período inicial
el partido político que integró Perón se llamó “Partido Laborista”, luego
“Partido Único de la Revolución” y finalmente “Partido Peronista”.
[20] Pretendía que
la continuidad de la enseñanza de la religión católica sea obligatoria en las
escuelas públicas. Además, Perón, afirmó durante la campaña electoral que iba a
poner en práctica las encíclicas papales para reivindicar la justicia social
para los obreros y desarrollar la economía en función de la sociedad y no del
individuo. (SANTOS MARTINEZ, Pedro (1976). La
Nueva Argentina (1946-1955). Ediciones La Bastilla, Buenos Aires, p. 162).
[21] Hortensio Quijano
era dirigente de la Unión Cívica Radical y fue Ministro del Interior del Gral.
Farrell en el período agosto-octubre de 1945.
[22] La mayoría de los historiadores
y de los investigadores que tratan sobre la materia señalan que eran escasas
las posibilidades del triunfo de Perón en las elecciones nacionales teniendo en
cuenta el amplio frente opositor de partidos políticos, clases sociales, medios
económicos y medios de información.
[23] El “Partido
Laborista” obtuvo 1.479.511 votos y la “Unión Democrática” consiguió 1.210.822
sufragios.
[24] Diversos
historiadores contraponen esta categoría política a la de “dictador” o
“tirano”.
[25] GARCIA DELGADO,
Daniel (1994). Estado y Sociedad (Cap
I “Del Estado de Bienestar al Estado Postsocial). Tesis Norma, Buenos Aires, p.
49.
[26] Se creó en agosto de
1945 y estaba dirgido a planear un ordenamiento económico futuro. Lo presidía
Juan Domingo Perón y José Figuerola asumió la Secretaría General y de él
formaron parte Miguel Miranda y miembros del grupo Bunge (En la primera
presidencia de Perón, Figuerola asumiría como Secrretario Técnico de la
Presidencia y Miranda como Preidente del Banco Central). (ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA.
Historia de la Nación Argentina.Tomo
VII. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2000, p. 508)
[27] Los planes
integrales sólo se convirtieron en reconocidos instrumentos de la política de
desarrollo hacia fines de la década del cuarenta. Los antecedentes conocidos
hasta esa época fueron los planes quinquenales de Stalin, un plan hexanal
mejicano en 1933, un plan quinquenal turco en 1934 y los planes de Perón en
1947 y 1952 (WALDMANN, Peter (1981). El
Peronismo, 1943-1955. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, p. 83).
[28] Los fines que se
propuso el plan fueron los siguientes: I) en
lo político: el desarrollo material, la elevación moral, el equilibrio
nacional y la defensa nacional, II) en lo
social: evitar la desocupación, elevar el nivel cultural y de vida de los
trabajadores, III) en lo económico:
aumentar la renta nacional, posibilitar la mejor distribución de la riqueza,
absorber los excedentes de materias primas, estabilizar los precios, poner en
actividad modernos y perfeccionados centros industriales y, IV) en lo financiero: la independencia y
estabilidad monetaria, la inversión productiva del ahorro y el fortalecimiento
y regulación de los recursos del Estado.
[29] Fijaba cuatro tipos
de objetivos: I) fundamentales:
referidos a la política permanente, II) generales:
sobre normas y procedimientos necesarios para obtener la concreción de los
anteriores, III) especiales: para
cumplir durante la vigencia del plan y, IV) particulares:
consolidar la independencia económica, con el objeto de asegurar la justicia
social y mantener la soberanía política.
[30] PERON, Juan Domingo
(1952). Doctrina Peronista.
Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, p.
346.
[31] La Reforma
Constitucional tuvo dos corrientes interpretativas históricas-ideológicas. Por
un lado, se considera que la Reforma de la Constitución permitió incorporar los
derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de
la cultura. Y, por otro, la visión más crítica a la reforma de la Carta Magna señala
que sólo tuvo como principal intención modificar los artículos Nº 77 y 78, que
tratan acerca de los requisitos, el período de gobierno y la reelección del
Presidente de la Nación. La modificación de estos artículos permitió a Perón
presentarse a un nuevo período de gobierno ya que la modificación permitía la
reelección indefinida (Art. Nº 78: El Presidente y el Vicepresidente duran en
sus cargos seis años y pueden ser reelegidos). El texto definitivo de la nueva
Constitución Nacional fue aprobado en la Convención Nacional Constituyente el
11 de marzo de 1949.
[32] SANTOS
MARTINEZ, Pedro (1976). La Nueva
Argentina (1946-1955). Ediciones La Bastilla, Buenos Aires, p. 136.
[33] Esta concepción se
refiere a no estar a favor del imperialismo norteamericano ni a favor del
imperialismo soviético. El predominio de ambos imperialismos nació en Yalta y
en Potsdam. Dijo Perón “No es secreto para nadie que cuando terminó la Segunda
Guerra Mundial, en 1945, se reúnen en Yalta el imperialismo yanqui y el
imperialismo soviético. Allí, ellos arreglan el asunto. Hacen las
conversaciones (estaban Stalin, Churchill y Roosevelt) y dividen el mundo.
Trazan una línea y dicen: de acá para allá es de ustedes y de acá para allá es
de nosotros y trazan una línea para no tener conflictos jurisdiccionales”. (Op.
Cit.)
[34] El plan de gobierno
de Perón, como señalamos se denominó “Doctrina Peronista”, que fue consensuada
por el “Partido Peronista”. Aquellos países del mundo que quisieran adoptar
estos principios doctrinarios se denominarían Justicialistas.
[35] Calculando la
Tercera Guerra Mundial. (SANTOS MARTINEZ, Pedro (1976). La Nueva Argentina (1946-1955). Ediciones La Bastilla, Buenos
Aires, p. 244).
[36] La concepción de
restricción de libertades individuales en este trabajo es utilizada para
referirse exclusivamente a los medios de comunicación, por ello la
categorización de “la esfera de lo social”. La obstrucción de libertades
individuales en “la esfera de lo político” (asociada a los derechos políticos y
a la figura de presos políticos –que existieron en la época-) conforma otra
categorización, que por una cuestión de espacio no podrá ser abordada.
[37] En 1946 sobre un
total de 155 miembros que integraban la Cámara de Diputados, el “Partido
Peronista” tenía 111 parlamentarios (70 %) y la Unión Cívica Radical los
restantes 44 diputados (La oposición parlamentaria estuvo representada por el
bloque de los “44”, presidido por Ricardo Balbín y conformado por Arturo
Frondizi, Luis Dellepiane, Gabriel Del Mazo, Emilio Ravignani y Antonio Sobral,
entre otros). En 1952 sobre un total de 159 miembros de la Cámara de Diputados
el “Partido Peronista” tenía 135 diputados (91 %) y la “Unión Cívica Radical”
19 parlamentarios. En 1954 sobre un total de 155 miembros el “Partido
Peronista” tenía 141 diputados (91 %) y la “Unión Cívica Radical” 14
parlamentarios (Dirección de Información Parlamentaria de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación).
[38] “La limitación
de las libertades públicas consagradas en la Constitución Nacional fue otra de
las características de la década peronista: se encarceló a muchos dirigentes de
la oposición y los partidos rivales casi no tuvieron acceso a los medios de
comunicación, que fueron censurados y monopolizados por el gobierno e invadidos
por la propaganda oficialista. En las universidades, se persiguió a quienes no
eran partidarios del gobierno y los sindicalistas no peronistas optaron por la
marginación”. (SIDICARO, Ricardo (1996). Perón.
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, p. 41).
[39] Las inversiones
extranjeras totalizaban en 1940 el 60 % de la economía, de las cuales casi la
mitad correspondían a Gran Bretaña, seguida por los Estados Unidos y Bélgica.
En cambio, hacia 1950, el primer lugar correspondía a Estados Unidos y el
segundo a Gran Bretaña. (MURMIS, Miguel, PORTANTIERO, Juan Carlos, PANAIA,
Marta y LESSER, Ricardo (1974). Estudio
sobre los orígenes del peronismo. Buenos Aires).
[40] Esta elección
presidencial presentó por primera vez en la historia de nuestro país tres
características extraordinarias: a) sufragio femenino, b) voto por
circunscripción electoral y c) escrutinio provisorio realizado inmediatamente
después de finalizado el acto electoral.
[41] Eva Perón declaró su
renuncia a ocupar la candidatura a la vicepresidencia de la nación, por
problemas de salud, el 17 de octubre de 1951 y falleció el 26 de julio de 1952.
[42] El “Partido
Peronista” obtuvo 4.745.168 sufragios y la “Unión Cívica Radical” 2.415.750
votos.
[43] La actualización de
estos términos se corresponde con la dialéctica que desarrolló Karl Marx
“proletariado y burguesía”.
[44] El país empezó a
estar comprendido en el debate “peronismo/antiperonismo”, “pueblo/antipueblo” y
“democracia/fascismo”.
[45] La gran mayoría de
los historiadores del peronismo afirman que no existieron motivos evidentes -de
público conocimiento- para que Perón, a partir de 1954, desplegara acciones
contundentes contra la Iglesia: a) supresión de la Dirección de Enseñanza
Religiosa (03/12/54), b) clausura del diario católico “El Pueblo” y la
editorial “Difusión” (10/12/54), c) sanción de la Ley Nº 14.394 sobre régimen
penal para menores, bien de familia y presunción de fallecimientos (22/12/54),
d) sanción de la ley Nº 14.401 sobre la supresión de la enseñanza religiosa en
las escuelas (23/05/55) y, e) sanción de la ley Nº 14.405 que deroga las
exenciones impositivas que beneficiaban a los institutos religiosos (23/05/55).
Estas decisiones políticas condujeron a la crisis definitiva entre el Estado y
la Iglesia, que tuvo como último antecedente la procesión del Corpus Christi realizada el 11 de junio
de 1955, donde luego de un episodio confuso (quema de una bandera argentina con
la imagen de Eva Perón) el día posterior fueron detenidas 400 personas y 20
sacerdotes. Finalmente, el 16 de junio de 1955 -de manera paralela a un intento
de golpe de estado que sufría Perón, dirigido por el Contralmirante Samuel
Toranzo Calderón- grupos desconocidos saquearon e incendiaron la Catedral
metropolitana y 16 iglesias en la ciudad de Buenos Aires.
[46] Es interesante
resaltar que hasta 1954 el peronismo se sostenía con un muy fuerte respaldo de
la sociedad ya que el 25 de abril de ese año se realizaron elecciones
nacionales para renovar diputados y cubrir la vacante que había dejado el
fallecimiento del vicepresidente de la Nación, Hortensio Quijano. Los
resultados fueron categóricos: 64 % (4.994.106 votos) para el “Partido
Peronista” que postuló como Vicepresidente al Contralmirante Alberto Teissaire
y 30 % (2.493.422 votos) para la Unión Cívica Radical que propuso para el mismo
cargo al Dr. Crisólogo Larralde.
[47] Los dos intentos
fallidos de golpe de estado que sufrió anteriormente Perón fueron: el 28 de
setiembre de 1951 dirigido por el Gral. Benjamín Menéndez y el 16 de junio de
1955 liderado por el Contralmirante Samuel Toranzo Calderón.
[48] Desarticulando y
disolviendo todas las instituciones y convenciones instauradas por el peronismo
en el gobierno, en el movimiento social y en el imaginario de la población del
país.
[49] El cine, dentro de
la industria audiovisual, instituyó el cuarto sistema de comunicación utilizado
por el gobierno. Debido a una limitación espacial en el texto no podrá ser
abordada extensivamente esta cuestión y tampoco la prensa gráfica.
[50] POTASH, Robert
(1981). El ejército y la política en la
Argentina (1945-1962). De Perón a Frondizi. Editorial Sudamericana, Buenos
Aires, p. 46.
[51] SIDICARO,
Ricardo (1996). Perón. Fondo de
Cultura Económica, Buenos Aires, p. 36.
[52] Entre las decisiones
más destacadas se pueden indicar: a) Decreto Nº 6692/46 (Declara expropiadas
500 toneladas de papel para diarios), b) Decreto Nº 30.498/48 (Ordena la
expropiación de papel de diario de propiedad “La Prensa” de Buenos Aires), c)
Decreto Nº 31.331/48 (limita el número de páginas a los diarios que se publican
en el país), d) Decreto Nº 11.213/49 (Dispone la expropiación de 100 toneladas
de papel consignadas al diario “La Nación” de la Capital Federal), e) Decreto
Nº 5702/49 (Dispone la expropiación de partidas de papel de diarios existentes
en el país y reduce el número de páginas de los diarios), f) Decreto Nº 3661/50
(Dispone la expropiación de papel para diarios) y, g) Resolución Nº 53/52 -I y
C- (Restringe el uso de papel para diarios).
[53] Ley Nº 13.569
(24/10/49) modifica varios artículos del Código Penal: “Art. 4º. Substitúyese
el art. 244 del Código Penal, por el siguiente: Se impondrá prisión de dos
meses a un año al que provocare a duelo, amenazare, injuriare o de cualquier
otro modo ofendiere en su dignidad o decoro a un funcionario público a causa
del ejercicio de sus funciones o al tiempo de practicarlas, ya sea refiriéndose
directamente a la persona agraviada o por alusión al poder que representa o al
organismo público de que forma parte o de cualquier otra manera indirecta. Si
el ofendido fuere el Presidente o Vicepresidente de la Nación, un legislador
nacional o provincial, un gobernador, un ministro nacional o provincial o un
juez, se impondrá prisión de seis meses a tres años. Al culpable de desacato no
se le admitirá la prueba de la verdad o notoriedad de los hechos o cualidades
atribuídas al ofendido”.
[54] Ley Nº 14.062
(25/10/51), aprueba el Decreto Nº 19.376/51 sobre estado de guerra interno:
“Buenos Aires, 28 de setiembre de 1951. En presencia de un levantamiento de
jefes y oficiales del Ejército, movidos por elementos internos y externos,
alzados contra el gobierno legalmente constituído, que tiene su origen en
comicios unánimemente reconocidos como puros e inobjetables, mancillando las
armas que la Nación le confió para su defensa contra los enemigos de la Patria
y considerando que se trata de un movimiento contra los derechos del pueblo que
pone en peligro la soberanía nacional, las conquistas obreras, encarnados en la
posición justicialista del Gobierno, El Presidente de la Nación Argentina
Decreta: Art. 1º: Declárase el estado de guerra interno en todo el territorio
de la República. Art. 2º: Todo militar que se insubordine o subleve contra las
autoridades constituídas, o participe en movimientos tendientes a derrocarlas o
desconocer su investidura será fusilado inmediatamente”.
[55] La declaración del
estado de sitio señala según el artículo Nº 23 de la Constitución Nacional que
en caso de conmoción interior o de ataque exterior se declarará en estado de
sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden,
suspendiéndose las garantías constitucionales y teniendo el Presidente de la
Nación la facultad de arrestar o trasladar a los ciudadanos pero no a condenar
por sí o aplicar penas. Más allá de los distintos motivos que la fundamentaron,
las normas declaradas al respecto son las siguientes: a) Decreto Nº 536
(29/01/45): establece penas para los delitos que específica contra la seguridad
del Estado, b) Decreto Nº 17.991
(16/08/45): declara levantado el estado de sitio en todo el territorio de la
República, vigente desde el 4 de junio de 1943, c) Decreto Nº 23.173
(27/09/45): declara el estado de sitio a todo el territorio de la República
durante el proceso electoral, d) Ley Nº 14.409/55 (17/06/55): declara el estado
de sitio en todo el país y, e) Ley Nº 14.416 (10/08/55): levanta el estado de
sitio en todo el país.
[56] Se produjeron
allanamientos en los diarios: “La Nación”, “La Prensa”, “Clarín” y “La Hora” el
23 de noviembre de 1949 y en las agencias de noticias “United Press” y
“Associated Press” el 25 de noviembre de 1949. Se realizaron clausuras en los
diarios: “La Vanguardia” del Partido Socialista el 27 de agosto de 1947, “El
Intransigente” y “Provincias Unidas” de la Unión Cívica Radical el 23 de
febrero de 1949, “El Pueblo” de la Iglesia Católica el 10 de diciembre de 1954.
Y se dispuso la expropiación de los bienes de la sociedad del diario “La
Prensa” el 18 de abril de 1951 a través de la Ley Nº 14.021/51.
[57] IMPRENTAS: Capital Federal: Democracia, Alea,
Editorial Haynes, La Razón, CADEPSA. Interior
del país: Democracia (Democracia y Rosario), Rosario; El Meridiano,
Córdoba; La Mañana, Mar del Plata; APA (El Atlántico), Bahía Blanca; (APA) (El
Argentino y El Plata), La Plata; El Día, La Plata; Nueva Provincia, Bahía
Blanca; La Libertad, Mendoza; APA (Tribuna), Tandil. PERIODISMO: A) Diarios: Capital Federal: “Democracia”, “El
Laborista”, “Noticias Gráficas”, “El Mundo”, “La Razón”, “Crítica”, “La Época”.
Interior del país: “Rosario”
(Rosario), “Democracia” (Rosario), “El Meridiano” (Córdoba), “La Mañana” (Mar
del Plata), “El Atlántico” (Bahía Blanca), “El Argentino” (La Plata), “El
Plata” (La Plata), “Nueva Provincia” (Bahía Blanca), “La Libertad” (Mendoza),
“Trbuna” (Tandil). REVISTAS: “Mundo Agrario”, “Mundo Radial”, “Mundo Infantil”,
“Mundo Atómico”, “Mundo Argentino”, “Mundo Deportivo”, “Caras y Caretas”,
“PBT”, “El Hogar”, “Selecta”. AGENCIAS DE NOTICIAS: Agencia Latina de Noticias,
con sede central en Río de Janeiro.
[58] En 1949,
respondiendo a reclamos del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobó la constitución de la
Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Antiargentinas (conocida como
“Comisión Visca”), con la finalidad de comprobar acusaciones contra el
gobierno. Presidió la Comisión el diputado peronista José Emilio Visca y fue
secundado por el diputado Rodolfo Decker (peronista), clausurando en otros
órdenes a los que originaron la Comisión -luego de una investigación jurídica y
financiera- 70 diarios que no cumplían normas legales vigentes. (LUNA, Félix
(2001). La Razzia de Visca en “Todo
es Historia”, Nº 406, Mayo de 2001, Buenos Aires, p. 18).
[59] Ley Nº 750 ½, de
Telégrafos Nacionales. Posteriormente la telegrafía se extendió sobre dos
vertientes: la telefonía (Ley Nº 4.408/1904, de Teléfonos) y la radiotelegrafía
(Ley Nº 9.127/1913, de Telegrafía).
[60] Decreto Nº 13.644
(21/10/43).
[61] Decreto Nº 18.406
(13/01/44).
[62] Ley Nº 14.303
(07/07/54).
[63] A partir de la
publicación del Decreto Nº 13.751/54.
[64] A través del Decreto
Nº 584 (18/06/43).
[65] Decreto Nº 7.618
(27/04/44).
[66] Decreto Nº 28.169
(18/10/44).
[67] Decreto Nº 21.044
(13/07/33), reglamentario de la Ley Nº 9.127, del Servicio Radiotelegráfico
(29/09/1913).
[68] Entró en vigencia el
1º de junio de 1946.
[69] Ley Nº 12.999 (23/08/47).
[70] Decreto Nº 16.688
(15/08/50).
[71] Decreto Nº 11.731
(03/12/52).
[72] Luego del intento de
golpe de estado del 16 de junio de 1955, con la intención de reorganizar el
gobierno nacional, renunciaron a sus cargos cuatro ministros (Interior,
Transporte, Educación y Agricultura) y el Secretario de Prensa y Difusión de la
Presidencia, Raúl Alejandro Apold. Asumió en éste organismo el 5 de julio de
1955 el periodista León Bouché, por el período de dos meses hasta finalizar el
mandato Perón.
[73] BASCHETTI, Roberto
(2001). Conferencia titulada “La prensa escrita en el gobierno peronista”
llevada a cabo en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e
Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, el 19 de abril de 2001.
[74] Alea jacta est (expresión en latín: “la suerte está echada”).
[75] Antiguo colaborador
de Perón, cuando éste se desempañaba como Teniente Primero en la Escuela de
Suboficiales del Ejército en el año 1922.
[76] Era un dirigente de
la Unión Cívica Radical y que luego de brindar su apoyo a Perón obtuvo una
banca de diputado nacional por el Partido Peronista.
[77] COMISION
NACIONAL DE INVESTIGACIONES (1958). Libro
Negro de la Segunda Tiranía. Ediciones Guré. Buenos Aires, p. 95.
[78] LUNA, Félix
(1984). El 45. Hyspamerica Ediciones,
Buenos Aires, p. 439.
[79] La cifra de este
dato varía en relación a las fuentes ya que distintos autores que escriben
sobre la materia oscilan entre 500 y 5000 televisores.
[80] “Art. 40: La
organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del
pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia
social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y
monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y
dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta
Constitución. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo,
de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de
los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación,
con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las
provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo
ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que
se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante
compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo
determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarias de
servicios públicos será el costo de origen de los bienes afectados a la
explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso
cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una
ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del
capital invertido”. (CONSTITUCION NACIONAL DE 1949. Ediciones Pequén, Buenos
Aires, 1983).
[81] Esta ley se originó
en un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, que la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación aprobó en la sesiones del 24 y 25 de setiembre de 1953.
El Senado lo aprobó el 28 de setiembre y la ley fue publicada en el Boletín
Oficial el 22 de octubre de 1953.
[82] El Decreto Nº
9967/54 fue firmado 16 de junio de 1954 y fue publicado en el Boletín Oficial
el 25 de junio del mismo año.
[83] BRENCA DE
RUSSOVICH, Rosa y LACROIX, María (1986).
Radio y poder en la Argentina 1920-1953 en Cuadernos del Periodismo Nº 1,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, p. 69.
[84] Palabras
pronunciadas el 24 de junio de 1953 con motivo de la inauguración de los Cursos
de Periodismo de la Escuela de Periodismo, creada por el Sindicato Argentino de
Prensa.
[85] POTASH, Robert
(1981). El ejército y la política en la
Argentina (1945-1962). De Perón a Frondizi. Editorial Sudamericana, Buenos
Aires, p. 153.
[86] Decreto Nº 42/55
(03/10/55).
[87] Op. Cit.
[88] Decreto Nº 170/55
(04/10/55).
[89] Decreto-Ley Nº
356/55 (17/10/55).
[90] Decreto-Ley Nº
3030/55 (23/11/55).
[91] Decreto-Ley Nº
3855/55 (12/12/55).
[92] Decreto Nº 318/55
(07/10/55).
[93] Decreto-Ley Nº
4161/56 (09/03/56).
[94] Decreto-Ley Nº
10.362/56 (14/06/56).
[95] Esta publicación
sintetiza las invetsigaciones de la Comisión titulada “Documentación, autores y
cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía”.
[96] TRENTI
ROCAMORA, José Luis (2001). Nómina de las
impresiones efectuadas por la Secretaría de Prensa y Difusión entre 1946 y 1955
en “Boletín de la Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos”, Nº 10, Julio
de 2001, Buenos Aires, p. 12.
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