HENKEL y MORCILLO - "Cap. III. Hacia una crítica marxista de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual" - Comunicación II - Cátedra: Gándara Mangone

HENKEL y MORCILLO. Cap. III. Hacia una crítica marxista de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Hacia una crítica marxista de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual

Una crítica marxista a la LSCA debe partir por definir al Estado como la representación final y más acabada de los intereses sociales que rigen a la sociedad capitalista. Resulta necesario elaborar una crítica al intervencionismo estatal sobre los contenidos y la producción mediática.

Una crítica marxista debe desarrollar un análisis de la estructura económica y las condiciones de acceso y reparto de las licencias, así como también los condicionamientos para el mantenimiento de las mismas y su usufructo.

Poco después de la sanción de la LSCA, la transición operada en el sistema de reparto mediático, lejos está de avanzar en una mayor pluralidad de voces. El desarrollo de un multimedio estatal entroncado directamente con el gobierno, a la par de la creación de nuevos medios y multimedios de carácter oficialista.

Resulta importante desmitificar y polemizar con los principales argumentos vertidos por los defensores de la nueva ley.

Tergiversaciones, mitos y zonceras

¿Una ley de la democracia?

En la propagando oficial se sostenía: “es necesario una ley de la democracia”. Reemplazar la ley de la dictadura fue una de las principales razones proclamada por quienes acompañaron esta nueva ley.

Para algunos organismos de DD HH estar en contra de la LSCA era similar a encontrarse “a favor de los militares y sus cómplices de Clarín". Se forzaba a una polarización que permitiera anular cualquier posibilidad de crítica al proyecto de ley.

Para realizar una campaña por una “Ley de la democracia” debieron ocultarse dos hechos fundamentales:

1     - Fue ocultada la mención de que más del 50% de las leyes de la democracia fueron sancionadas en periodos dictatoriales. → se debe re discutir casi íntegramente el conjunto de la legislación del país.

2       - Al ser los regímenes militares estados de excepción contemplados en la constitución, los mismos no representan una ruptura constitucional. La continuidad de jueces y funcionarios, así como todo el aparato represivo ponen de manifiesto esta situación. Lo que determina el carácter de las leyes no es su momento de sanción, sino su adecuación o no al contexto.

La LSCA es una expresión de la pelea interburguesa por el dominio de los nuevos espacios que abren las nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones. Las reglas fijadas por la ley de la dictadura son obsoletas y poco funcionales a las necesidades del capital.

¿Quién condiciona a quién?

La única restricción a la libertad de expresión se encuentra en los condicionamientos del mercado. Hay quienes creen que los medios no reflejan la realidad, sino que la construyen. Son estos los que creen necesaria una intervención de los Estados en el área comunicacional.

→El problema pasó a ser cómo garantizar la libertad de prensa más allá de los avatares del mercado.

Las expectativas democratizadoras del Estado, señalan que los límites de tal desafío se encuentran en la falta de fortaleza del Estado, en su tamaño respecto a las corporaciones.

La función política del capitalismo en ascenso era “dejar hacer”; en su etapa actual de decadencia, el capital requiere ayuda del Estado, no sólo para mantener el orden, sino también para garantizar su proceso de acumulación, algo que el capitalismo no puede asegurar ya por sí mismo.

Acerca del carácter antimonopólico de la nueva ley

En 1999, Menem sanciona el decreto 1005: aumento en el tope de las licencias permitidas para un mismo prestador, pasando de 4 a 24 (apertura del proceso de concentración de medios).

Los puntos centrales que permitieron el surgimiento de grandes monopolios tiene su origen bajo gobiernos democráticos.

El mayor enfrentamiento de la nueva ley se concentró en la reducción de licencias permitidas por áreas, aunque nunca estableció el máximo de las 4 permitidas bajo la ley de la dictadura, sino un tope de 10 licencias de radio y TV a nivel nacional y 24 licencias de TV para cable.

La nueva LSCA no prohíbe el ingreso de capitales extranjeros, como lo planteaba la Ley 22.285. Por el contrario, se coloca en el marco de la defensa de la primacía de los tratados de promoción y protección reciproca de inversiones de países extranjeros.

Las organizaciones civiles sin fines de lucro pelean, como siempre, desde afuera

Uno de los puntos fuertes de la LSCA era que anulaba el criterio establecido por la dictadura de prohibir a las organizaciones sin fines de lucro el acceso a la licencias para medios.

Los medios comunitarios, populares y alternativos, plantearon que dentro de las modificaciones al proyecto de LSCA, sean contempladas:

-El reconocimiento expreso en el texto de la Ley de los medios comunitarios, populares y alternativos como actores diferenciados.

-Reducción del máximo de licencias permitidas para un mismo operador de 10 a 4.

El reclamo respondía a que el hecho de que las organizaciones sin fines de lucro puedan acceder a una licencia no garantiza en sí mismo que el reclamo histórico de los medios comunitarios y alternativos de recibir licencias se haga efectivo de manera directa.

Ningún párrafo de la LSCA garantiza una forma de financiamiento y de acceso a los recursos técnicos y materiales que los medios populares requieren para poder desarrollar sus actividades.

Sólo un tercio del espacio será reservado para las organizaciones sin fines de lucro, mientras el 66% restante será administrado entre el Estado y los privados.

¿De qué hablamos cuando hablamos de la democratización del espacio mediático?

La LSCA tiene por objetivo la redistribución capitalista del espacio radioeléctrico. El gobierno de turno multiplicará sus recursos mediáticos, al mismo tiempo que determinará quiénes obtendrán las licencias. → la nueva ley favorece el control estatal sobre la producción de contenidos.

La multiplicación de voces no garantiza por sí misma la democratización de la palabra.