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Capítulo VII – Información, democracia y autoritarismo - Derecho a la Información - Cátedra: Duhalde

Capítulo VII – Información, democracia y autoritarismo

Prensa censura y propaganda en los regímenes totalitarios

En el siglo XX, poder de la información en los regímenes totalitarios. Importancia para los dirigentes de una prensa leal y de efectuar compañas contra opositores, desde los gobiernos se impulsan leyes de censura, uso formidable de los medios como elemento propagandístico.
Biscaretti distingue: “democracia clásica”, “democracia marxista” y “forma autoritaria” Loewenstein diferencia: “autocracia” de “constitucionalismo”. Duverger clasifica: “unitarios” y “pluralistas”.
Farías García caracteriza tres sistemas:
-        De persuasión: le atribuye características de pretensión de libertad, control flexible y cambio escrutable
-        De exclusión: pretensión represiva, control rígido y cambio normalmente revolucionario, cuya previsión es variablemente escrutable
-        De conducción de masas: pretensión igualitaria, control rígido y realidad y cambio difícilmente escrutables.
Se observa que en los sistemas de persuasión de masas, que corresponden con las democracias de tipo occidental, la libertad informativa es generalmente un presupuesto constitucional que implica de manera formal la ausencia de controles previos, aunque existan mecanismo por los cuales el Estado puede suprimir o suspender el goce pleno de esa libertad.
En los sistemas de exclusión de masa se incluye a los regímenes nazifacistas y gobiernos dictatoriales latinoamericanos, africanos y asiáticos. Los medios se encuentran subordinados al Estado para sostener la propaganda políica del Gobierno en e poder y servir al Estado autocrático. La censura ideológica es estricta y se busca eliminar toda crítica al poder político y las licencias o consesiones se orotgan sólo a los partidarios o aliados del régimen.
En los sistemas de conducción de masas, de “democracias populares” seguidoras del modelo del socialismo real, si bien la libertad informativa es un presupuesto constitucional, la misma se consagra en función de la igualdad, existen mecanismos de control informativo, como control jerárquico del Estado y los medios permanecen en sus manos o del partido gobernantes, opera también como mecanismo de difusión ideológica.

Tercer Reich, el fascismo y el franquismo

En Alemania e Italia las masas tenían, formalmente, un papel dentro de la organización del Estado, en materia de libertad de información ambos regímenes se ubicaron dentro de los sustemas de exclusión de masas; la identificación total de Estado, partido y pueblo implicaba la definicón de “enemigo” para todo aquel que expresara ideas diferentes, y se lo consideraba fuera del orden legal y privado de todo derecho.
En Alemania la libertad de expresión de la Constitución de la República de Weimar nunca tuvo concreción, y con el nacionalsocialismo fue suprimida. La Ley de Protección del Pueblo y del Estado (1933) fue el instrumento jurídico del cual se valió el régimen para confiscar periódicos y talleres, comenzando por los que respondían a la socialdemocracia y al Partido Comunista (PC) y extendiéndose a cualquier prensa opositoria. Se crea la Cámara Profesional (CP) para controlar la actividad informativa, a la que obligatoriamente debían asociarse los medios de comunicación.
El Ministro de Propaganda, Goebbels, era la autoridad administrativa en la materia, designaba los miembros del Tribunal de Prensa que podía amonestar, aplicar multas o cancelar las inscripciones de los medios o informadores. Quemas de libros. Normas sobre la “independencia editorial”, que redujeron el número de periódicos. La maquinaria propagandística del régimen perfeccionó la técnica de la manipulación informativa. Diarios, revistas, radiodifusoras, cinematografía se orientaban a ensalzar al Tercer Reich y a Hitler, presentados como la reivindicación del alma del pueblo y las virtudes de la raza aria.
Había bagaje simbólico circulando en la vida de los alemanes, hasta en las manifestaciones más simples. Las estructuras ideológicas difundían su material constantemente y ello se reflejaba en la educación, artes, ciencias y la industria, orquestando la preparación bélica que se presentaba como necesaria para asegurar el triunfo final, la aniquilación de los enemigos y la consagración del Imperio.
La doctrina oficial asignaba los derechos al pueblo y al Estado, y en la práctica significaba que el único que podía ejercer esos derechos era el Partido. El Holocausto producido por el nazismo sólo fue posible porque la negación de los derechos humanos fundamentales, fue asumida masivamente como imprescindible.
Italia de Mussolini, participó de las mismas características que Alemania. Durante el fascismo italiano se controlaba directamente la prensa por autoridades estatales, por el Ministerio de Prensa y Propaganda, más tarde llamado de Cultura Popular que establecía las consignas obligatorias y las sanciones. Crean una corporación de profesionales de los medios, respondía al Partido Fascista, y un registro oficial de periodistas.
Mussolini era periodista y conocía el rol de la prensa como generadora de consensos. El resultado fue la subordinación total de toda forma de expresión al partido, dueño del Estado, y la desaparición de la liberrtad de información, relegada a la clandestinidad.
En España estaba el Caudillo Franco. El régimen falangista impuesto entre el 39 y el 75 presentaba identitades con el de Italia y Alemania, lo que permite calificarlo como una especie de fascismo. Dentro del franquismo coexistieron dos tradiciones políticas:  una española, el nacionalcatolicismo, y otra nacida como reflejo del fascismo, el nacionalsindicalismo. La “Ley de la Policía de Imprenta” vigente en el levantamiento de los nacionales en el 36, fue completada por una “Ley de Prensa” en el 38, que establecía la censura previa y establecía control sobre la actividad informativa. Publicidad: proyecto de ley de 1935, de ideas intervencionistas, no logra la aprobación del Parlamento republicano hasta 1966, se creó dentro del Ministerio de Información, un Servicio de Actividades Publicitarias, el mismo año se dictó un Estatuto de la Publicidad, que le reconocía el carácter de medio informativo.
Radiodifusión: emisiones regulares en 1924, contaba con su Servicio Nacional desde 1929. Con la República el Ministerio de Comunicaciones tuvo a su cargo el poder de policía sobre la actividad, y en 1934 mediate una ley se definían las funciones del Servicio de Radiodifusión Nacional. En el 39 el franquismo estableció la censura previa y obligación de las emisoras de conectarse a la Red Oficial para la transmisión de “diarios hablados”. 1952 se crea por un Decreto la Dirección General de Radiodifusión y la Administación Radiodifusora Española.

La prensa en los países comunistas

1918, Congreso de Periodistas Soviéticos establece la base de su modelo comunicativo, la prensa está sometida a poner el vigor la dictadura del proletariado. Dejan de existir medios opositores. Los medios estatales y la dirección de la comunicación social estaba a cargo del Departamento de Propaganda y Agitación. Se imponía censura previa por el Galvit. Había un organismo, Gosidat, que planificaba la instalación de imprentas y talleres gráficos, distribuía papel. La agencia de noticias TASS, supervisaba el flujo de información internacional. No había espacio para información no oficial, que no provenga de la burocracia partidaria, dueña del Estado. La coacción informativa se ejercía en nombre de la construcción del socialismo y dictadura del proletariado. El sistema monopólico estatal de la información fue común al resto de los países soviéticos y a la China comunista.

Las dictaduras latinoamericanas

Durante el siglo XIX después de las independencias siguió el control informativo , la falta de libertad y la censura estatal y religiosa, con la censura de periódicos, la persecusión de periodistas y el uso del aparato estatal para desacreditar a los opositores.
En el siglo XX hubo regímenes militares que se instalaron con el apoyo de EEUU, década del 70. Regímenes terroristas de Estado de Pinochet en Chile, militares brasileños y uruguayos, de Stroessner en Paraguay, Sonoza en Nicaragua y dictaduras en Bolivia, Perú y las dictaduras argentinas. Ellas se asentaron en la utilización de la censura previa, persecusión de la prensa disidente con suspensiones, clausuras, privación de publicidad oficial o restricciones en la circulación, la eliminación física, encarcelamiento y exilio de comunicadores sociales independientes.
Dictaduras sistuvieron que su asalto al poder era por la amenaza a la Seguridad Nacional, por el comunismo y la subversión internacional. Buscaron unificar los mensajes y exaltar los supuestos valores de la “civilización occidental y cristiana”, suprimiendo el pensamiento diferente o contestatario. El Estado ocupado militarmente pretendió controlar directa o indirectamente toda la actividad social individual o colectiva.
Lo que unificó ideológicamente a las dictaduras latinoamericanas fue su percepción de la comunicación social como un peligro que debía estar bajo vigilancia. Los comunicadores sociales fueron vistos como enemigos de alto grado de peligrosidad.

Historia de la libertad de prensa en la Argentina y de sus sucesivos avasallamientos

Desde el 1700 con la imprensa de las Misiones jesuíticas casi la totalidad de las publicaciones en el Río de la Plata eran de carácter religioso o piadoso. Luego pasa a Bs As, Niños Expósitos. Las publicaciones de las colonias estaban sometidas a censura previa, había prohibición de obras profanas. Las obras de las colonias debían ser aprobadas por el Consejo de Indias. La censura corría por cuenta del Virrey o Gobernador y por el Tribunal de la Inquisición. Las obras prohibidas daban lugar a sanciones, desde quema pública hasta la pena de muerte para el infractor. Igualmente circulaban obras prohibidas en el marcado que generaban un negocio productivo (Montesquieu, Voltaire, Rousseau)
Desde el punto de vista de la legislación sobre la libertad de imprenta, tras mayo de 1810, respondió primero a los principios revolucionarios de Moreno. Desde abril de 1811 se sancionó el Reglamento sobre la libertad de imprenta, que abolía la censura previa, excepto en materia religiosa. Inspirado en Funes, quien se basó en un decreto anterior emitido por la Junta de Cádiz, los lazos españoles no estaban rotos por completo, y se conservaba la vigencia de la facultad de la Iglesia para ejercer la censura previa.
En octubre de 1811 esa norma se reemplaza por un decreto sobre la libertad de imprensa: “Todo hombre puede publicar sus ideas libremente y sin censura... El abuso de esta libertad es un crimen. Su acusación corresponde a los interesados, si se ofenden derechos particulares; y a todos los ciudadanos si se compromete la tranquilidad pública, la conservación religiosa católica o la constitución del Estado”. Se conserva censura eclesiástica y se forma la Junta Protectora de la Libertad de Imprenta”, que se extingue en 1822.
Mayo de 1828 se sanciona un nuevo decreto que castiga las publicaciones contrarias a la religi´n y se instigarán a la alteración del orden público, formentaran la desobediencia a las autoridades o el no cumplimiento de las leyes; ofendieran la moral o decencia pública, atacaran con sátiras e invectivas el honor y reputación de un individuo o ridiculizasen su persona o publicasen defectos de su vida privada siempre que lo señalaban por su nombre o dieran indicios que permitieran individualizarlo. No eran penalizados impresos destinados a denunciar o censurar actos u omisiones de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. 1832: decreto que establecía la necesidad de autorización gubernamental previa para instalar una imprenta, administrarla o editar periódicos.
En Río de la Plata, 1801: Telégrafo Mercantil, Rural, Político-económico e Historiográfico del Río de la Plata, dirigido por Cabello y Mesa. 1802: Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, dirigido por Vieytes.
Al sancionarse la Constitución en 1853, el art 14 estableció el derecho de todos los habitantes de la Nación a publicar sus ideas por la prensa sin censura precia, norma completada por el art 32 (reforma de 1860), que impide al Congreso federal dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal.
La prensa diaria y los periódicos políticos se fundan y se suceden con vertiginosidad, al amparo del crecimiento poblacional y como parte de la lucha política.
Desde finales del s XIX aparecen periódicos destinados a difundir ideas socialistas y anarquistas. La prensa de este tipo sufrió persecusiones y censuras. Para reprimirlas se dictaron normas de carácter penal, como las que castigan los delitos contra el orden público. La ley de Orden o seguridad social dedicó beuna parte de su articulado a operar como ley mordaza de las ideas socialistas y anarquistas, estableciendo que cuando los denitos que la misma creaba se cometían por medio de la prensa o periódicos, se aplicará em maximum de la pena. Los embates de poder se dirigen contra la prensa política y contra las publicaciones humorísticas o satíricas. Hay una conflictiva relación entre el poder y la prensa. En 1916 con el acceso de las masas radicales al gobierno con Yrigoyen aparece la prédica antigubernamental y pro golpista de periódicos vinculados a las clases dominantes. El yrigoyenismo fue respetuoso de la libertad de expresión, aunque sus parlamentarios sostuvieron combates contra los diarios opositores. La Prensa, La Nación y Crítica apadrinaron el golpe fascista de 1930, Uriburu. Diario crítica de Botana fue el primero en alcanzar el consumo masivo y en introducir un nuevo lenguaje periodístico en el que combinaban sensasionalismo amarillista con buenos escritores.
Advenimiento del peronismo, en las elecciones de 1946 se había enfrentado a casi todos los medios que en general prefirieron apoyar la fórmula radical de Tamborini y Mosca. Llegado al poder el peronismo tendió a enfrentar toda disidencia calificándola de “traición a la Patria”. Se trató de silenciar voces opositoras y se usó el poderío estatal para establecer limitaciones y regulaciones al labor de los periódicos enemigos. Veían la necesidad de contar con una maquinaria propagandística favorable, en la cual los medios de comunicación debían jugar un papel fundamental.
Gobierno reguló las cuotas de papel y el manejo de avisos oficiales, pasó a conformar un conglomerado de medios oficialistas por la adquisición de paquetes accionarios de las empresas propietarias, forzado desde los despachos oficiales y con la cual el gobierno se vio dueño de editoriales, la primera cadena de tv, diarios y empresas. Expropian diario La Prensa, un ejemplo del accionar gubernamental. El matutino de los Paz deja de oponerse al régimen peronista y se muestra impermeable a toas las presiones ejercidas en su contra. Se utilizó la Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Anttiargentinas presedida por José Emilio Visca que había motorizado la cuestión del papel para entorpecer la actividad del periódico y como la Comisión no pudo probar las irregularidades de la empresa, la arremetida llegó del brazo de un conflicto provocado por el Sindicato de Canillitas que exigió la participación del gremio en el 20 % de las ganancias de los avisos clasificados. Ante la respuesta negativa se declaró la huelga contra La Prensa por los canillitas y por parte del Sindicato Argentino de Prensa.
El enfrentamiento con el dierio pasó a la esfera parlamentaria: se formó una Comisión Parlamentaria Mixta Interventora e Investigadora y en abril de 1951 se transformó en un medio oficialista. No solo La Prensa fue acosada por el peronismo, también muchos medios provinciales se clausuraron. Organos partidarios fueron perseguidos: La Vanguardia, periódico socialista.
Con el enfrentamiento con la Iglesia en 1954 las publicaciones católicas se suman a la lista. La utilización progubernamental de la información y la propaganda alcanzó su máxima expransión con el discurso oficial impuesto a los medios desde la Subsecretaría de Informaciones comandada por Apold, que controlaba todas las expresiones comunicacionales. La negativa de la prensa antiperonista se negaba a reconocer los aciertos del gobierno, utilizando la crítica impiadosa y falseando de verdad como armas políticas. Según Sirvén durante este período los medios de comunicación comenzaron a ser doblegados y silenciados sistemáticamente por medio de una censura oscura, indirecta y policial que creció con el tiempo.

Información, democracia y autoritarismo

Las cuestiones que enfrentaron a los gobiernos con la prensa reconocieron siempre las motivaciones ideológicas expresa o encubiertamente. De forma expresa: represión de actividad política. Encubiertamente expusieron razones de índole moral o cultural.
Golpe militar, dictadura de 1955 los peores rasgos del autoritarismo estatal en materia de medios de comunicación se incrementaron por las proscripciones políticas decretadas por el régimen. Decreto que pensaba como delito la mención del nombre de Perón o cualquier símbolo partidario del peronismo. También la actividad comunista fue reprimida por los gobiernos militares. 1963 se dictó un decreto que perseguía cualquier adepto al régimen basado en la doctrina, plataforma, programa u objetivo de las internacionales comunistas o del comunismo en cualquiera de sus formas.
1967, bajo la dictadura de Onganía se promulgó la ley de represión de las actividades comunistas, que impedía a quien fuera calificado como tal el ejercicio de docencia en establecimientos públicos o privados, la obtención de licencia de radioaficionado, el establecimiento, dirección o administración de emisoras de radio o tv,  imprentas y editoriales. La calidad de “comunista” no era por afilación sino que podía adquirirse por toda actividad sospechada como marxista o proclive, con lo que el Estado podía utilizar discrecionalmente esa calificación para reprimir cualquier disidencia.
En la década del 70 en el gobierno peronista y la dictadura genocida establecieron normas que perseguían la actividad política de los individuos o grupos vinculados con el marxismo, caracterizadas de “subversivas” por considerarse que atentaban contra la seguridad nacional.
Con motivaciones encubiertas se establecieron órganos de contralor de publicaciones, espectáculos públicos y programas de radio y tv, considerados como atentados al “ser nacional”, la “cultura occidental y cristiana” o la moral y seguridad pública.
Tampoco en los períodos constitucionales se escapó a la utilización de mecanismos represivos de la libertad de expresión, si bien en general en menos medida que en los de facto. Recién en 1983 se fueron cayendo la mayoría de los sistemas limitativos.
La historia de la libertad de prensa en Argentina muestra que la constante utilización desde el poder de mecanismos limitativos que se articularon en distintas formas como la censura, autocensura y clausura de medios de comunicación, listas negras, persecusiones, prisiones y asesinatos de comunicadores sociales hasta llegar a su máxima expresión con el Terrorismo de Estado y los casos de periodistas detenidos desaparecidos.

Censura, autocensura y clausura de medios de comunicación

Entre 1960 y 1983 se dieron las pautas fundamentales que estructuraron el verdadero discurso justificatorio de la censura. El discurso, según Avellaneda, se asienta en dos grandes unidades: la definición de la “cultura nacional” y el “estilo de vida argentino”. En contraposición esas unidades definen los objetivos contra los que dirige la censura: la no cultural o no moral y lo ilegítimo, ajeno, no nuestro, de fuera. La cultura nacional está subordinada a la moral que tiene tres conceptos característicos: la identidad sexual con prototipo de familia, defensa de la religión y la seguridad o interés de la Nación. El estilo de vida argentino supone la identificación con el modelo occidental y cristiano y su oposición al marxismo. Estos principios se ven amenazados por la infiltración ideológica que opera desde la educación y cultura para captar a la juventud: la escuela, universidad.
La infiltración ideológica fue posible por el reemplazp de lo “espiritual” por lo “material” en el plano del individuo y por la masificación enn el plano de lo nacional. Lo primero ocurre por la exaltación de lo sensorial y lo segundo es consecuencia de la violencia, la tecnocracia y el mal uso de la tecnología y de los medios de comunicación.  Esta estructuración de la censura reconoce apoyos por fuera del discurso oficial: oficiales retirados de las FFAA, políticos, profesionales, escritores, agrupaciones mayoritariamente de tipo confesional católico que expresan a través de declaraciones, solicitadas y publicaciones de todo tipo. La base extraoficial que apoya el discurso censor la da la jerarquía de la Iglesia Católica.
Para la práctica de la censura se dictan leyes, decretos y reglamentaciones que darán el marco normativo necesario y que regulan la circulación del material impreso, grabado o filmado, la actividad de los medios de comunicación. Dadas la teoría y el marco normativo de la censura, su aplicación se dará a través de funcionarios: ministerios, secretarías del estado, gobernaciones, municipalidades, entes públicos y durante las dictaduras militares las autoridades castrenses. El PJ se ocupa de justificarla en fallos de sus distintas instancias e instrumentarla con el secuestro de publicaciones, películas, etc.
Según Avellaneda el discurso represivo no sólo alcanzó a paralizar la cultura y la sociedad concretas con el acto de censura. También logró inmovilizar la cultura y la sociedad posibles por medio del acto de autocensura, lo que pudo ser viable por la gradual internalización del sentido total del discurso en los productores de la cultura. Los productores de cultura tuvieron que optar por el silencio, el exilio o perder la vida. Quienes enfrentaron el discurso de la censura sufrieron el secuestro de sus obras o clausura de sus medios.
A partir del golpe de 1976 la censura alcanzó sus picos más altos y se articuló un sistema que si bien emitía un discurso privatista por otra parte permitía que el Estado se adueñara de la totalidad de los aspectos de la vida política, económica, social y cultural de la Nación, mediante la aplicación sistemática del terror.

Las listas negras

Mecanismo utilizado desde el poder para manejar los medios, con la confección de listas de personas impedidas de acceder a ellos. Antecedentes desde el primer gobierno peronista, cuando acotres Arturo García Buhr, Libertad Lamaque y Francisco Petrone debieron irse del país. Las victimas subsiguientes fueron peronistas y las listas negras se engrosaron con artistas y comunicadores sospechados de ser marxistas.
Otra característica fue el accionar de grupos paraestatales, ej Triple A, entre 73 y el 76. Se utilizaba la amenaza de muerte a sospechosos: la consecuencia era que muchos medios temerosos prescindieran del amenazado que se veía obligado a salir del país. Con la dictadura del 76-83 las listas negras alcanzaron su máximo desarrollo.

Persecusiones, prisiones y asesinatos de periodistas y comunicadores sociales en la historia argentina

Entre el 74 y 75 se clausuran medios y los atentados contra comunicadores preanunciaban el Terrorismo de Estado.
Ej: Rodolfo Ortega Peña, abogado laborista, defensor de presos políticos, historiados y periodista fue director de la revista Militancia clausurada por el gobierno justicialista en 1974. Diputado, fue asesinado en 1974 por un comando de la Tripe A. También Jorge Money, Pedro Leopoldo Barraza fueron asesinados por la Tripe A. Se utilizó la clausura directa de medios, atentados, amenazas clandestinas u oficiales.

Terrorismo de Estado: los periodistas detenidos – desaparecidos

Período entre 1976 y 1983. Hubo una férrea censura de prensa impuesta, cierre de periódicos y revistas, intervención militar a distintos medios de difusión, clausura de editoriales y control de libros publicados, el procesamiento de los responsables de no respetar la voluntad dictatorial y la detención y secuestros de periodistas, escritores, cineastas, etc., fueron las formas más evidentes de la acción dictatorial en el campo de la comunicación.
Se hace la aplicación metódica y constante desde los resortes del poder exendidos a prácticamente todos los aspectos de la vida del país, del terror como metodología de acción para asegurar el triunfo de la ideología de los militares.
Presupuestos del Estado terrorista: fachada de legalidad que significaba el control absoluto del gobierno y del aparato coercitivo del Estado, la desarticulación de la sociedad política y civil traducida en la supresión de las libertades públicas, la disolución y suspensión de los partidos, instituciones y organizaciones políticas, supresión de la CGT, intervención de los sindicatos y control absoluto de las Universidades, control y manipulación integral de los medios de comunicación escritos, orales, visuales y el ataque a estamentos profesionales de relevancia social, una faz clandestina que refería a la implementación jerárquica y controlada de la represión ilegal, la utilización del aparato militar como infraestructura confidencial (campos de concentración y exterminio), impunidad fáctica y jurídica, la combinación de represión ilegal y corrupción y la coordinación represiva y exportación del modelo terrorista.
La CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) estableció que el 1.6 % eran periodistas.
La aplicación del modelo de Estado terrorista tuvo objetivos claros y precisos: la desarticulación de toda oposición a los esquemas de división internacional del trabajo promovida por trasnacionales, la instalación en el inconciente colectivo de las ideas fuerza de esos esquemas, el quiebre de la memoria histórica que recordaba la resistencia nacional. Para ello se aplicó el terrorismo a la comunicación en su función de organizadora ideológica de la sociedad.

La información a partir de la vuelta de la democracia: la lucha por la reserva de la libertad de expresión

10 de diciembre de 1983 Alfonsín asumió la Presidencia de la Nación, se abrió un período pleno de expectativas acerca de la vigencia de las libertades fundamentales.
La principal entidad que agrupa empresario del periodismo (ADEPA) sostuvo, en sus informes, que si bien se había recuperado la libertad de prensa existían amenazas sobre los medios. En los primeros tiempos la preocupación esencial giraba alrededor de la presión impuesta y los problemas del papel.
Luego de la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica en 1984, se agregó una nueva preocupación a los empresarios, el sector ejerció presión en contra de toda posible vigencia del derecho de rectificación y respuesta.
En 1985 por una denuncia de una supuesta campaña antidemocrática, varias personas fueron puestas a dispisición del PE, o incluidad como presuntos autores ideológicos de la campaña, entre ellos periodistas. ADEPA reclamó por los casos, y respecto a la ley de radiodifusión heredada de la dictadura. La preocupación era la prohibición del art 45 para que las empresas dueñas de medios gráficos lo fueran también de medios audiovisuales. Exigían al gobierno que privatizara las radios y emisoras de tv del Estado.
La constante prédica privatista de las entidades empresariales tuvo su premio tras las elecciones de 1989 por Menem y Duhalde. En la reforma del Estado de la nueva administración se insertó la derogación de la cláusula del srt 45 de la ley de radiodifusión. Se posibilitó la formación de multimedios.

Los intereses de restricción y las presiones sobre la prensa

En 1994 a raíz de la reforma constitucional, los problemas de la libertad de expresión ocuparon la atención de periodistas y entidades empresariales. La inclusión de tratados y declaraciones internacionales relativos a los DDHH como parte integrante de la Constitución amplió el campo normativo del derecho a la información. Provocó la cerrada oposición de los agrupamientos de propietarios sobre todo en torno al PSJCR y su consagración del derecho de rectificación y respuesta. La jurisprudencia anterior de la Corte continuó pronunciándose en favor a la constitucionalidad y vigencia del citado instituto. Los periodias recibieron la inclusión del resguardo al secreto de fuentes de información.
Los periodistas a partir de 1989 denunciaron más de mil agresiones de todo tipo, como atentados y muertes. Aún sin ser responsable directamente el Estado por los actos de violencia, es su responsabilidad indelegable el esclarecimiento de los mismos y la sanción de sus autores.
Deben mencionarse manifestaciones por parte de funcionarios públicos, calificando a la prensa de opositora, y los proyectos oficiales de derogación del Estatuto del Periodista, de creación del Tribunal de Ética sometido a la órbita del Estado, y de modificación del Código Penal en la parte de los delitos contra el honor, aumentando las penas de las calumnias e injurias cuando tales conductas fueres cometidas por medio de la prensa, obligando a los medios a contratar un seguro para responder a futuras indemnizaciones (ley mordaza).



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